Imaginen un territorio con índices de paro y fracaso escolar siempre por encima de la media, que además no llega al 90% de la media estatal de renta, que está a la cola en inversión pública en infraestructuras y en gasto social por habitante en servicios esenciales; líder en deuda, superando un tercio del PIB, que aumenta a razón de miles de millones de euros cada año para hacer frente al gasto. Si la imagen es desoladora añádanle que ese territorio aporta cada año al Estado más de un 10% más de lo que recibe. A ese territorio pueden llamarlo Comunidad Valenciana y tendrán un fiel reflejo de lo que nos ocurre.La falta de inversión en nuestro territorio es notoria desde hace muchos años.

En Alicante lo sabemos bien. Nos faltan infraestructuras esenciales cuya ausencia, en el siglo XXI, es casi ridícula. ¿Es razonable que los trenes de cercanías circulen sin red eléctrica por la mayor parte de nuestra provincia? ¿Tiene sentido que se siga demorando la conexión ferroviaria con El Altet, quinto aeropuerto en tráfico de viajeros de España, cuando las vías se encuentran a decenas de metros? Quienes mandaban se esforzaron por dejar a la provincia de Alicante abandonada y desvertebrada; azotada por la sequía y sin soluciones reales para resolverla; con un modelo productivo calamitoso, que no protegía el empleo y la producción tradicional y que aún hoy sigue arrojando cifras de precariedad y desempleo sistemáticamente superiores a las del conjunto de la Comunidad Valenciana y del resto del Estado.

En el rompecabezas territorial, Alicante se lleva la peor parte de la peor parte que ya le corresponde a la Comunidad Valenciana: contribuimos al Estado con más recursos de los que nos devuelven mientras nuestra riqueza sigue por debajo de la media del conjunto del país. Es inconstitucional, pero somos pobres y pagamos como ricos.

Pero cometeríamos un error si viésemos este escenario, simplemente, como el resultado de una mala gestión del dinero. Si lo miramos a futuro, el diagnóstico es aún peor que la irresponsabilidad y el latrocinio con el que hicieron carrera quienes gobernaron durante 20 años. Porque los problemas que legaron y con los que nos siguen acosando, son problemas estructurales. Son el resultado de un diseño premeditado para empobrecer a la Comunidad Valenciana, descomponer sus servicios públicos y hacerlos aparecer como deficitarios e ineficaces.

De hecho, estamos atrapados en una trampa de crédito de la que no podremos salir si no se cambian el fundamento de nuestro sistema de financiación. Actualmente se nos da menos de los que nos corresponde y, para compensar, se nos obliga a tomar como crédito lo que falta para cubrir los servicios básicos; y además, vía el artículo 135 y la regla de gasto, se nos fuerza priorizar el pago la deuda sobre la cobertura de los derechos básicos. Con ésta la doble mano que nos echa al cuello el Ministerio de Hacienda, la Comunidad Valenciana corre el riesgo de no ser viable económicamente.Por ponerlo en cifras, el pago de la deuda que crece año tras año, y que en su gran mayoría es con el Fondo de Liquidez Autonómico que depende directamente de Hacienda, ya ha supuesto en los presupuestos de 2017 un montante superior a los 3800 millones de euros. Y las obligaciones en 2018 se dispararán por encima de los 4000 millones. Cerca del 25% del total de nuestro presupuesto. ¿Se imaginan que se pudiese dedicar esa cantidad a infraestructuras o gasto social?

Desconocemos si la intención de quienes han perpetrado este crimen financiero es hacer de una posible quiebra de la Comunitat Valenciana la excusa de un proyecto recentralizador para que el Estado recupere competencias, o si lo que intentan, como siempre hicieron, es generar ruinas que luego vender a precio de saldo a sus amigos. Pero a nosotros nos corresponde tener una posición firme y unánime. No sólo política sino también ética: hoy, 18 de noviembre, exigimos que se nos trate como iguales. No queremos ser más que nadie, pero en la Comunidad Valenciana, y particularmente en Alicante, vamos a ponernos en pie ante cualquiera que nos niegue un trato igualitario e insista en seguir tomándonos el pelo.