El sábado pasado Día Internacional contra la violencia de género INFORMACIÓN abría con las 57 víctimas de violencia de género que llevamos contabilizadas en lo que va de año, y las recordaba página por página. El dato nos trae una primera reflexión: desde 2004 en que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de Lucha contra la Violencia de Género, el número de víctimas había descendido hasta situarse en torno al medio centenar. Con la crisis y las restricciones presupuestarias el número de víctimas ha repuntado; se ha recortado en medidas de protección personal a la mujer, en asistencia, alojamiento alternativo, etcétera. La lucha contra la violencia de género ha sido una de las políticas recortadas con la crisis y el aumento de víctimas es un efecto de esos recortes.
Hay que recordar con orgullo que España es pionera en la política contra la violencia de género: las víctimas «en España son entre 2 y 3 anuales por cada cien mil mujeres y en los 27 de la Unión esa proporción supera entre 13 y 14, por cien mil, las mujeres asesinadas anualmente» ( El sur de Europa también puede exigir. INFORMACIÓN, 25-3-2014). España debía liderar en Europa la lucha contra la violencia de género, promovió en 2010 la macroencuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), y los datos eran terribles: una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55%) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia, etcétera. Los países nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Holanda o Suecia-, tan modélicos en otros aspectos, eran los que más padecían la violencia de género. La estrategia perseguía conseguir la ratificación del Convenio de Estambul por 10 países miembros de la Unión lo que supondría la extensión al resto y sería exigible ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Convenio de Estambul del Consejo de Europa es el tratado internacional más completo sobre «prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica», reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. La aborda a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.
Por fin, el pasado 11 de mayo de 2017, el Consejo Europeo ha adoptado dos decisiones relativas a la firma del Convenio de Estambul. «Con la decisión de adherirse al mismo, la Unión Europea confirmaba su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres dentro de su territorio y en todo el mundo, y refuerza el marco jurídico existente y su capacidad de actuación», dice la nota de la comisión. También afirma que ha sido ratificado por todos los miembros de la Unión. Hay que puntualizar que ratificado, sí; pero en algunos la ley nacional no entra en vigor hasta el año que viene como en Chipre, Estonia o la propia Alemania, en que se firmó en 2011 pero no se ha ratificado hasta hace dos meses, y no entrará en vigor hasta febrero del año que viene, lo que da idea de las resistencias que el tema plantea en la Unión. ( https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures). En 2014 ya había sido ratificado por más de 10 estados por lo que el resto de países debía adaptar su legislación. Tras la firma oficial, la adhesión de la Unión Europea exige la adopción de las decisiones sobre la celebración del Convenio. Dichas decisiones requerirán la aprobación del Parlamento. Además de crear un estado de opinión en contra de la violencia de género, europeizar la estrategia supondrá la puesta en marcha de políticas europeas contra el maltrato y a violencia contra las mujeres y, más importante, las correspondientes dotaciones presupuestarias.
El Instituto Europeo de la Igualdad de Genero (EIGE) única agencia de la UE especializada, en su informe de este año señala que el Índice de Igualdad de Género -cero sería la máxima desigualdad, y cien la mayor igualdad de género- establece una puntación en Europa de 52,9 sobre 100. Queda mucho por hacer, pero se conseguirá mejor en toda Europa y en cada uno de los Estados miembros.
