¿Cómo le va a ir a Puigdemont en Alemania?

A diferencia de la tramitación de los casos ordinarios de extradición, en el caso de la euroorden cursada contra Puigdemont, no basta con la simple conformidad o refrendo del Ministerio del Interior de turno del país de que se trate, sino que está sujeta a un procedimiento judicializado. No se trata, pues, de una tramitación automática (Automatische Überrstellung) sino de un enjuiciamiento inicial, por parte de las autoridades judiciales del país al que se dirige la euroorden, con el fin de que sea analizada con arreglo a su propio Derecho Penal.

En el caso de la euroorden dictada por el juez Llaneras a las autoridades alemanas es el Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein el encargado de analizar el contenido de la misma y establecer si los delitos que se imputan a Carles Puigdemont son punibles conforme al Derecho alemán. Este punto es importante. Porque tal verificación sólo es exigible cuando se trata de delitos que no están previstos en el acuerdo europeo sobre la euroorden; así, por ejemplo, en caso de un delito de corrupción, puede prescindirse del requisito de la recíproca punibilidad. Pero este no es el caso de los delitos que se imputan a Puigdemont por el juez Llanera, de manera que hay que esperar que el caso se complique, al menos, en cuanto a su duración.

En la euroorden extendida contra Puigdemont se menciona ciertamente el delito de malversación de dineros públicos, dado que se sostiene por el juez Llaneras que Puigdemont convocó un referéndum y lo financió ilegalmente. Pero es la Justicia alemana la que debe determinar si ambos hechos son ilegales y, en caso de duda, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión.

Los otros dos delitos mencionados en la euroorden, los delitos de rebelión y sedición, tampoco figuran en la tabla de delitos punibles consignados en la regulación de la euroorden. Esto significa que Alemania únicamente extraditará a Puigdemont si el Tribunal alemán considera que tales delitos son punibles en Alemania. Como se ha divulgado extensamente estos días, el Código Penal alemán no menciona como delitos los atentados contra la integridad del Estado; es más, las figuras más afines que contempla el Código Penal alemán -los delitos de traición o de resistencia a los funcionarios públicos encargados de la ejecución de la leyes- no son, sin más, comparables (aunque podrían ser perfectamente equiparables, dado el bien jurídico que ambos protegen) a los delitos de rebelión y sedición contemplados en el Derecho español.

Hay un obstáculo más a tener en cuenta. En los fundamentos de ponderación de la Euroorden se dice literalmente que la interpretación de las normas aplicables en un caso de extradición nunca llevará a que alguien sea extraditado por causa de sus convicciones políticas. Por tanto, la cuestión a dilucidar es si el procedimiento judicial iniciado contra Puigdemont lo ha sido por razón de sus convicciones políticas; y en tal caso, hay que señalar que el Tribunal de Justicia sostiene una interpretación restrictiva.

¿Le va a ir bien a Puigdemont en Alemania? Bueno, Alemania en un país jurídicamente serio, muy respetuoso con el ordenamiento constitucional, pero también exigente con el respeto a los derechos fundamentales, como no puede ser de otro modo. A diferencia de la laxitud con que en Bélgica, un país condicionado por su pluralidad nacional, ha operado en el caso Puigdemont, el juez alemán mantiene al expresidente en prisión, probablemente hasta concluir el procedimiento, al apreciar lo que es obvio: el riesgo de fuga.

Así que hay que esperar que el procedimiento se alargue en el tiempo, lo que favorece la estrategia del independentismo de internacionalizar y propagar el conflicto. Pero es importante que su resolución sea jurídicamente impecable, con todas las garantías nacionales e internacionales, justo lo contrario de lo que viene haciendo el independentismo, cuyas señas de identidad son el desprecio a la ley, a la Constitución y a los derechos de quienes no piensan como ellos.