Ni una pestaña movió ninguno de los veintiocho ediles, incluido el primero, Luis Barcala, cuando en el estreno del popular al frente del Ayuntamiento de Alicante se escuchó de labios de la tránsfuga Nerea Belmonte que «desde la izquierda» le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto en una lista electoral a cambio de apoyar a la socialista Eva Montesinos para la Alcaldía de la ciudad, cosa que no hizo. Tuvieron que pasar casi dos semanas desde que la expodemita soltara en un Pleno algo tan grave en un Estado de Derecho como es la compra de voluntades para que fuera el exdirigente vecinal José Luis Valdés quien, acompañado de otro ciudadano, pusiera los hechos en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que los está investigando.
Nuestros representantes públicos, a los que me consta que se espoleó para que fuera de ellos de quienes partiera la iniciativa de instar a que se indagara qué había de cierto en las palabras de Belmonte, sólo tenían que cruzar la plaza del Ayuntamiento para hacerlo. Pero se quedaron quietos. Quizá porque no acabaron de ver en ese momento el rédito político que podían sacar de meterse en semejante jardín o, peor aún, porque no consideraron el asunto lo suficientemente turbio como para que se aclarase. Ahora, por contra, la oposición en pleno (PSOE, Guanyar y Compromís, además de Cs que prevé acudir en los próximos días y cuya inacción hasta ahora es aún más inexplicable) ha corrido como posesa a poner en manos del fiscal la contratación por parte del PP de un asesor para supuestamente, según apuntan desde esa bancada, rehabilitar la imagen de la edil a la que la izquierda aupó al Ayuntamiento y le acabó dando el gobierno a la derecha. Desconozco las habilidades de ese personaje, ya cesado, en lo tocante a la mejora reputacional de la clase política, pero la fotografía de los concejales posando ahora a las puertas de la Audiencia después de su papelón en este tema no creo que haya profesional que la apañe.