Corría el año 1999 cuando se recibió en el Ayuntamiento de Elche un escrito del presidente del Consejo General de Colegios de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en el que se exponía la irregular situación de los puestos vacantes de Interventor y Tesorero, ambos calificados como de libre designación. En el mismo se denunciaba que la convocatoria del primero se iba posponiendo «sine die» y, en cuanto al segundo, quedaba injustificadamente sin cubrir pese a haberse presentado un candidato. Sucedió que el tribunal constituido al efecto consideró, con el informe en contra del secretario general, que el interesado no reunía méritos suficientes para obtener el puesto vacante. Tras un primer fallo favorable al consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronunció en el sentido de adjudicarle el puesto al recurrente, quedando ya cubierto en propiedad en agosto del año 2000, al apreciar suficientes méritos para ello.

Con lo expuesto queremos dejar constancia de que lo fue por sentencia judicial firme, en contra del tribunal municipal constituido, presidido por el alcalde.

Por lo que respecta al puesto de interventor de Fondos, que tiene atribuidas importantes funciones como las de fiscalización de las cuentas, intervención en el reconocimiento de las obligaciones y en la ordenación de pagos, entre otros, sigue sin cubrirse, tras más de 25 años aún vacante y... lo que es peor, sin convocarse todavía su provisión en propiedad.

Por ello, hace escasos días, la Sindicatura de Comptes le recriminaba al Consistorio, en su último informe, la anómala situación de dicho puesto.

Resulta extraño que durante el indicado extenso periodo sólo se haya efectuado, que recordemos, una convocatoria del puesto vacante, quedando desierto el concurso debido a que las retribuciones complementarias asignadas al mismo eran más bien escasas, no guardando relación alguna con las importantes tareas a realizar, por lo que los posibles interesados desistieron de solicitarla. Hablando claro, debido a la escasa voluntad en cubrirla.

Tras pasar años sin volverse a convocar, en un artículo publicado en este mismo medio, en noviembre de 2004, con el título «El rector, el alcalde y los concursos», aludíamos a una plaza de profesor de Psicología que había obtenido el entonces alcalde, precisamente, mediante un concurso convocado en verano al que sólo se había presentado él. Por lo que nos preguntábamos, ¿cómo se resistió durante años a convocar los reglamentarios concursos para proveer el puesto vacante?, terminando diciéndole que la no convocatoria del puesto vacante conculcaba el derecho de acceso de los posibles candidatos, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos, constitucionalmente reconocidos y... que precisamente por ello, el rector decidió convocar su plaza vacante.

Si extraño resultó que los sucesivos alcaldes, con un solo mandato, del PSOE y del PP, no adoptasen decisión alguna sobre la provisión del puesto, más extraña todavía es la posición del actual gobierno tripartito de no haber ordenado todavía la preceptiva convocatoria del puesto vacante de interventor tras la reciente denuncia del Síndic. «¿Quosque tándem, clase política local, abutere patientia nostra?»