Uno de los anuncios realizados por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha consistido en estudiar la posibilidad de retirar las cuchillas que coronan las vallas que España tiene en Ceuta y Melilla, según nos anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todos los Estados tienen la obligación y el deber de proteger sus fronteras, si bien, la colocación en el año 2013 por el Gobierno de Rajoy de afiladas cuchillas, también llamadas concertinas, que causaron de inmediato graves heridas a numerosos inmigrantes que han intentado cruzar esta valla, puso de manifiesto las medidas, a veces inhumanas, que los países europeos hemos desplegado alrededor de nuestras fronteras. Todo ello se ha acentuado en los últimos años, con la crisis de los refugiados, alimentando un suculento negocio que está drenando miles de millones de euros de los presupuestos europeos, convirtiendo en todo un negocio la construcción de fronteras y su control, algo que diferentes estudios y centros de investigación están destacando.

Así, recientemente el prestigioso instituto inglés de estudios sobre migraciones y desarrollo Overseas Development Institute, ODI, publicó un minucioso estudio en el que analizaba los gastos que los países europeos habían dedicado desde 2014 para intentar frenar las migraciones hacia sus países, cifrándolas en unos 17.000 millones de euros, de los cuales 1.700 millones se habrían destinado a vallas, muros y sistemas de vigilancia y protección, junto a otros 15.300 gastados en países de origen y tránsito, con poco éxito, como estamos comprobando. El estudio subraya que alrededor de este sector emergente se está desplegando un negocio creciente de intereses muy poderosos, sin abordar ninguna de las causas verdaderas que motivan las migraciones contemporáneas y sin ofrecer vías alternativas para canalizar adecuadamente esos movimientos migratorios.

Desgraciadamente, con posterioridad a la presentación de este informe, la llegada de refugiados a través del Mediterráneo ha disparado en numerosos países la paranoia por levantar muros, alambradas y vallas, hasta el punto que, desde 2015, se han construido en diferentes países europeos más de 14 emplazamientos fronterizos de distinta naturaleza. La caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, no significó, como muchos señalan, la demolición efectiva de las fronteras en Europa, sino que por el contrario, desde entonces se han construido más de 1.200 kilómetros de vallas a lo largo y ancho del continente. Y al mismo tiempo, se emplean medios de vigilancia y control tecnológicos cada vez más sofisticados, entre los que se incluyen satélites artificiales, sensores de infrarrojos, cámaras de visión nocturna, drones y big data. Centros de estudios dedicados al análisis sobre las políticas europeas, como el European Policy Centre, señalan que los gastos que Europa tiene comprometidos a estos fines para el período 2014-2020 se elevan hasta los 2.440 millones de euros, que a la vista de la evolución que está teniendo la cuestión migratoria serán, sin duda, mucho mayores.

También en España instituciones como la Fundación por Causa han venido analizando el gasto en lo que denominan como «la industria del control migratorio». Así, en un estudio presentado a finales de 2017 identificaron más de 350 empresas distintas participando en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros en cuatro sectores diferentes: construcción y vigilancia de perímetros fronterizos, detención y expulsión de inmigrantes, actividades de integración y acogida, y proyectos de externalización de fronteras para detener la inmigración en origen. Lo llamativo es que en los últimos años, mientras que desde el Gobierno central no se ha gastado un solo euro para políticas de integración social de inmigrantes, se han dedicado importantes recursos a poner cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melilla, en las que se destinaron 72 millones de euros, o a ampliar el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Interior), cuyo coste hasta la fecha ha ascendido a 230 millones de euros.

De manera que, junto a la desidia política que ha venido desplegando Europa para atender adecuadamente la llegada de refugiados y dar respuesta a sus compromisos humanitarios, los países han optado por una mayor vigilancia, por construir más vallas, levantar más alambradas, gastar más y más dinero en torno a un apetecible negocio en el que participan algunas de las principales empresas europeas, como Siemens, Thales, Airbus, Ericsson, junto a otras españolas como ACS, Indra o Ferrovial. No despuntaremos en investigación, pero la empresa que fabrica las cuchillas infames que coronan las alambradas de muchas fronteras es española.

Lo paradójico es que cuanto más difícil hacemos que las personas se muevan, cuanto más complicado es acceder legalmente a Europa, obtener permisos de residencia en origen y respetar el derecho al asilo, más se incentiva el uso de redes criminales y traficantes de personas que hacen de todo ello un suculento negocio ante el que Europa se muestra impasible. Parece como si los europeos tratáramos de comprar fronteras cada vez más impenetrables a cambio de vender los derechos humanos de los más vulnerables, de espaldas a la pobreza, las atrocidades, las enfermedades y la extrema violencia. Pero es muy difícil contener la miseria, el hambre y la desesperación de tantos sin ofrecer esperanza alguna.