arta abierta a la Ministra de Transición Ecológica. Estimada señora ministra:

He leído con interés y atención sus primeras declaraciones sobre las políticas a desarrollar por su departamento para los próximos tiempos. No me cabe ninguna duda de que su interés y dedicación a unas cuestiones que a todos nos inquietan, como son los posibles efectos del cambio climático sobre la sociedad y la economía de nuestro país, merecen el máximo respeto. Nos parece una tarea encomiable y en ellas se centran una parte considerable de las expectativas de las generaciones futuras, por lo que no se pueden analizar «a la ligera».

Pero, como usted debe saber, las medidas a poner en marcha para avanzar en una sociedad más respetuosas con el medio ambiente, no afectan por igual a todos los territorios, a todas las empresas o a todas las personas. Ni, por supuesto, a la forma de aplicar los Presupuestos Públicos. Ya se sabe que «nunca llueve a gusto de todos». Uno de los temas de su competencia afectados por los criterios expuestos es el relativo a la política sobre el agua y, en concreto, por uno de los temas más destacados en esta materia, como es el trasvase Tajo-Segura.

Desde el comienzo de esta actuación en los años 70 del pasado siglo, tanto las zonas cedentes de estas aguas como las zonas receptoras, han estado (están) discutiendo acerca de su conveniencia y efectos. No son pues las cuestiones relacionadas con el cambio climático las que están detrás de esta cuestión, aunque en los momentos actuales esta referencia parece obligada.

Aunque los distintos territorios siempre han existido, no cabe duda de que la creación de las distintas comunidades autónomas en España ha puesto en evidencia unos enfrentamientos sobre los usos del agua que ya tienen el carácter de permanentes, por mucho que los esfuerzos (Ley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluación Ambiental) legislativos en esta materia hayan tratado de pacificar esta cuestión.Como estamos viendo en la actualidad (sus propias declaraciones sobre la excepcionalidad del trasvase o la posición del gobierno de Castilla La Mancha acerca del destino de las aguas del trasvase), la solución permanente a este problema no es fácil de resolver.

Vaya por delante el respeto a los habitantes de las cuencas cedentes sobre los recursos procedentes del río Tajo. Por supuesto que deben tener prioridad sobre otros usos. Pero no debemos de olvidar en ningún caso cuáles son los problemas nacionales que el trasvase Tajo-Segura trató y trata de afrontar.

La política nacional sobre los aprovechamientos de los recursos hídricos durante los últimos años (cien años son una buena medida de estos últimos años) ha estado dirigida especialmente a la ampliación de los regadíos en España. Es lo que se conoce como de «políticas de oferta». La enorme inversión producida en la construcción de pantanos reguladores, canalizaciones, explotaciones subterráneas e infraestructuras complementarias han hecho de España uno de los países con mayor regulación de las aguas a escala internacional.

Pero no se ha limitado solamente a estas cuestiones. Los usos de las aguas se han vinculado a un régimen concesional para los aprovechamientos privados que, especialmente en las zonas de mayor aptitud para el regadío, han sido muy superiores a los recursos hídricos disponibles en la mayor parte de los años. Por eso, cuando hablamos del déficit de agua en el sureste español, a lo que nos referimos es a los desequilibrios entre los recursos disponibles y las concesiones otorgadas por el Estado a los usuarios.

Los intentos de solucionar esta cuestión no han dado todavía con la fórmula más adecuada para resolver este problema y las propuestas más radicales (como podrían ser el incremento de los trasvases intercuencas, anulación de las concesiones otorgadas o la instauración de fórmulas de mercado de agua y de precios), no gozan de consenso social ni territorial ni económico.

La iniciativa del Plan AGUA, puesta en marcha por el Gobierno Zapatero, tratando preferentemente de incrementar la oferta de agua a través de la desalación de agua de mar ha puesto también en evidencia las limitaciones de esta opción. Los costes de este proceso no son solo mucho más elevados que otras opciones, sino que los consumos de energía necesaria entran también en contradicción con las políticas medioambientales.En otras palabras, o se asumen estos costes ambientales y se incrementan notablemente las subvenciones a la producción y distribución del agua para riego, o la agricultura ahora existente no podrá asumir los mismos. Difícilmente puede asumir el Estado una política tal después de haber realizado un gran esfuerzo inversor financiado también con las aportaciones de la Unión Europea. Nos podríamos encontrar con algo tan paradójico como lo que ya está ocurriendo con el trasvase Júcar-Vinalopó: disponer el Estado de una gran infraestructura que no se activa debido a que los costes de la elevación de las aguas son superiores a los precios que están dispuestos a pagar por los agricultores. Y mientras tanto se siguen deteriorando los acuíferos del Vinalopó.

Nadie dice que la resolución de estos problemas sea fácil. Pero lo que no es aceptable es que a los mismos se le quieran dar unas soluciones radicales que, lo único que hacen es alarmar a la sociedad sin dar ninguna alternativa viable de cara al futuro.Con todos sus defectos y limitaciones, el denominado Memorándum del Tajo-Segura, que fue trasformado en Ley en el 2013, puede ser una buena base de partida para seguir profundizando en estos temas. No inventemos en cada legislatura soluciones ocurrentes para un tema de tanta trascendencia para nuestra sociedad.