El próximo lunes 10 comenzará un nuevo curso escolar en la provincia con distintas problemáticas para la comunidad educativa. El ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una serie de medidas (parches) para «mejorar la calidad educativa en nuestro país», lo que supone el enésimo reajuste educativo de la democracia. Esta es la realidad para miles de maestros de toda España que diariamente deben enfrentarse a un sinfín de retos que ponen en peligro su labor educativa, y si además, son docentes en la Comunidad Valenciana, el riesgo aumenta exponencialmente.
Desde que se implantó la primera ley educativa en España, no han dejado de sucederse una tras otra sin posibilidad alguna de que se desarrollen: LOECE en 1980, LODE en 1985, LOGSE en 1990, LOCE en 2002, LOE en 2006 y LOMCE en 2013... Son demasiadas leyes en poco tiempo para poder establecer ninguna con éxito. El problema ha sido siempre el mismo, la falta de un pacto educativo entre todas las fuerzas políticas y el compromiso de no instrumentalizar la educación para obtener rédito particular que les beneficie electoralmente. Además en nuestra Comunidad, el sinsentido de la legislación educativa se ha visto aderezada con interminables decretos autonómicos utilizando la lengua como arma arrojadiza para mantener la misma tensión política nacional pero con lectura autonómica.
El resultado de todo esto no puede ser otro que maestros desconcertados y desorientados, incapacitados para programar el desarrollo de sus contenidos curriculares debido a la incertidumbre legal que avale la aplicación de sus materias de una forma temporalmente aceptable. Esta profesión altamente vocacional otorga un criterio lógico a los profesores que tienen muy claro su cometido: formar y educar niños con criterio, con espíritu analítico y resolutivo y tratar de inculcarles unos contenidos curriculares que les permitan seguir dando pasos en su formación académica. Pero las innumerables trabas administrativas, políticas y de desacreditación social a las que se ven sometidos están consiguiendo que el grado de motivación disminuya y esto seguramente repercuta en el nivel del sistema educativo español.
Para conseguir una educación de calidad se necesita un pacto educativo estable y duradero con criterios estrictamente pedagógicos entre todas las fuerzas políticas, un aumento de formación y de recursos humanos que garantice una aplicación curricular correcta, una disminución de ratio en las aulas, una apuesta decidida por la inclusión y la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales y una política eficaz para recuperar el prestigio de la labor docente.
Resulta especialmente curioso la implantación forzosa del plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, donde un empecinado conseller de Educación pretende, saltándose los principios pedagógicos, introducir a toda costa un conocimiento de unas lenguas obviando la temporalización, la realidad lingüística de cada centro, la libre elección de los padres a la lengua vehicular y la escasa formación de muchos docentes para impartir asignaturas en lenguas que no dominan.
Las urgencias, las imposiciones, la falta de consenso e incluso las amenazas no son buenas compañeras de viaje para unos docentes que además de educadores, son padres, psicólogos, sanitarios, policías, administrativos, informáticos, mediadores... y con escasos recursos tienen que tratar de inculcar unos conceptos educativos y valores personales a una de las generaciones más bombardeadas a estímulos y que adolecen de una falta de atención y concentración alarmante.
Señores políticos que tienen en sus manos la mejora del sistema educativo español: vengan a las aulas, escuchen, vean y aprecien y a partir de ahí, actúen en consecuencia. Gracias
