El estallido de la burbuja inmobiliaria fue, entre otras, una de las causas de la voraz crisis que se llevó por delante buena parte de las estructuras económicas de esta provincia. Lo sucedido ha inundado las páginas de los informes de coyuntura y ha dejado evidencias de cómo actuar para que no se volviera a repetir la situación. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, aunque sin llegar a alcanzar guarismos de otras épocas, el sector de la construcción está recuperándose a buen ritmo, hasta el extremo de que se vuelve a hablar, de nuevo, de una cierta burbuja. Situación ésta que se produce tanto en la compraventa de viviendas como en el alquiler. Los precios de los arrendamientos se están poniendo en los últimos tiempos por las nubes por la falta de inmuebles destinados a tal menester y también por el perverso efecto causado por la proliferación de los apartamentos turísticos. Los ingresos económicos que representan estas viviendas para sus propietarios multiplican los que podrían generar esas mismas fincas si sus moradores fueran no de escasos días, sino de largas temporadas reduciendo y encareciendo por ello el parque de pisos de alquiler. Sólo de este modo se puede comprender el interés de los gobernantes en intentar regular el precio, aunque como se comprobó el pasado viernes sin éxito alguno, y en aprobar medidas que apoyen ese control de tarifas con exenciones fiscales o subvenciones como quiere poner en marcha el Consell. A lo que yo añadiría un exhasutiuvo control de la actividad para aflorar todo las operaciones que se escapan al fisco.