La mayoría de las veces, las decisiones políticas en materia social y fiscal no son las más acertadas para la economía de una nación, ya que los criterios corresponden a momentos circunstanciales de los dirigentes de turno.
Creo que esto es lo que ha ocurrido con la reciente aprobación del paquete de medidas laborales y sociales que el Gobierno ha considerado de «máxima urgencia» y que, a mi juicio, pueden ser el inicio de una subida fiscal, tendencia que no está alineada con la opinión de la mayoría de los expertos nacionales e internacionales.
El aumento de las bases de cotización máximas de trabajadores en régimen general, de los trabajadores autónomos y del salario mínimo interprofesional, suponen, de hecho, un incremento considerable de los costes de las empresas, lo que va a generar un perjuicio para los asalariados de mayor nivel de renta sin que tenga una contrapartida en sus futuras pensiones.
Estas decisiones tomadas con un propósito cortoplacista y cierto olor preelectoral (durante este ejercicio hay convocadas elecciones locales, autonómicas y europeas y, quizá, nacionales) no benefician la senda de crecimiento económico que España ha mantenido en los últimos veinte trimestres. Esto no significa que se rompa de forma inmediata la inercia de aumento del empleo y de la inversión, pero sus efectos negativos serán visibles seguramente antes de que finalice el presente ejercicio.
Me gustaría resaltar que la confianza de los inversores no se consigue ni en seis meses ni en un año, siempre está en función de las estrategias y las políticas de largo recorrido, que se sustentan en medidas eficaces, razonadas y de continuidad.
La planificación presupuestaria debe tener en cuenta siempre el gasto social, que debe contar con una dotación suficiente en los Estados modernos, basados en políticas de bienestar y en aparatos administrativos de gran tamaño. En estos escenarios debemos huir de la crítica fácil al mantenimiento de las pensiones y del funcionariado, que también resultan paganos del déficit estructural de nuestra economía, y hacer más hincapié en mejorar la eficiencia del gasto público.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá Belmonte, afirmó en una conferencia que pronunció en la Universidad de Alicante, a la que asistí como invitado de la Cátedra Germán Bernácer, que los presupuestos estatales no permiten medidas de corte político que puedan poner en riesgo el equilibrio entre ingresos y gastos, por lo que habría que intentar mantener una rebaja continuada de la deuda pública antes de que llegue la próxima crisis financiera, que ya se podría estar anunciando a través del mal comportamiento, durante este último año, de todas las bolsas mundiales. Una reflexión muy certera que tiene difícil encaje con las medidas sociales y laborales que el Estado ha aplicado.
