La reciente sentencia del Tribunal Supremo imponiendo condenas de prisión a los principales instigadores políticos de la fallida declaración de independencia de Cataluña del 10 de octubre de 2017, pone fin a un largo proceso judicial que ha mantenido paralizada a la Generalitat desde que Artur Mas diera los primeros pasos del proceso soberanista catalán ideado para esconder a la ciudadanía el gravísimo caso de corrupción generado en y alrededor de la extinta CiU y la familia Pujol así como el desastre administrativo y económico que han generado los sucesivos gobiernos nacionalistas. Aunque desde el ámbito más conservador de la derecha española se haya criticado la sentencia por haber calificado el Tribunal Supremo los hechos como sedición en vez de rebelión, -haciendo suya, por tanto, la petición de la Abogacía del Estado- las condenas a entre 9 y 13 años de prisión con su correspondiente inhabilitación son un duro varapalo para todos los condenados a pesar de la posibilidad de acogerse más adelante al tercer grado penitenciario y por tanto al hecho de poder acceder a permisos penitenciarios.
Tan importante como el delito de sedición es la condena también -en concurso de delitos- por malversación de caudales públicos, lo que supone que para la puesta en práctica del llamado procés se detrayeron partidas presupuestarias de diversos ámbitos para ser utilizados de manera ilegal y opaca alejadas, por tanto, del destino que debe tener el fondo de la Hacienda pública española: el bien común y no de unos pocos.
Una vez que pase el tiempo inicial en el que nos encontramos, es decir, ese tiempo en el que el establishment político y el sector social independentista empiecen a asumir la nueva situación, deberán darse los pasos para una solución lo más definitiva posible a la mal llamada cuestión catalana. Por una parte, el nacionalismo catalán debe comprender el siglo en el que se encuentra y los desafíos a los que la Unión Europea se tiene que enfrentar. Un nacionalismo encerrado en sí mismo incapaz de mirar a los lados y por tanto de poder entender el futuro corre el riesgo de convertirse en un problema que una vez enquistado necesite de medidas expeditivas -como las que ha sentenciado el Tribunal Supremo- para ser solucionado. Y, por otra parte, una democracia tolerante debe hacer notar la esencia de la que está constituida y crear cauces para que los dirigentes independentistas encarcelados que en algún momento comenzarán a disfrutar de beneficios penitenciarios logrando algún día un régimen de semilibertad previo al cumplimiento definitivo de su pena privativa de libertad, puedan incorporarse a sus vidas sin ser tachados de traidores por el sector más reaccionario del independentista catalán.
Cabe valorar como muy acertada tanto la sentencia como la actitud que la Sala de lo Penal del Supremo ha mantenido durante la celebración de la vista oral. Con el escrupuloso cumplimiento -hasta la saciedad podríamos decir- de las normas procesales referentes a la protección del ejercicio de la libre defensa de los ahora condenados y con la unanimidad de los magistrados del tribunal sentenciador en cuanto a las penas a imponer evitando, por tanto, votos particulares de algún magistrado, se ha cerrado la puerta de manera más que previsible a futuros recursos de las defensas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las campañas publicitarias de la Generalitat catalana en Europa afirmando poco menos que España es un Estado opresor y dictatorial que sojuzga a las minorías han obtenido cierto éxito si se tiene en cuenta la forma en que Carles Puigdemont ha conseguido eludir la acción de la justicia española. Los jueces de países como Bélgica que no decretaron la extradición de Puigdemont lo hicieron tomando como punto de referencia principios universales del derecho y no sólo el hecho de que el delito por el que la justicia española solicitara la extradición no existiera en el país donde se encontraba fugado el expresidente de la Generalitat.
Sigue llamando la atención el extraño sustrato social que está detrás del proceso independentista. Según han establecido los estudios sociológicos que se han hecho al respecto, los partidarios de la independencia pertenecen de manera mayoritaria a dos clases sociales. Por un lado, es un movimiento en el que predominan personas con un nivel adquisitivo alto y, por otro, con mayor implantación en poblaciones pequeñas que en ciudades medianas o grandes. En esta especie de revolución al revés, los grandes perjudicados son las clases medias y las más humildes que suficiente tienen con llegar a fin de mes. Frente a los urbanitas y los charnergos, la esencia catalana se ha hecho fuerte en los pueblos y en las clases acomodadas. Pero lo que olvidan es que el actual Estado democrático español que incluye 17 autonomías fue construido con el esfuerzo de todos, no sólo de los independentistas, y son por tanto todos los ciudadanos españoles los que pueden decidir sobre el futuro de una región de España.
