La violencia que ha aparecido en Cataluña no puede considerarse fruto de sujetos incontrolados o de extremistas ajenos al entorno del secesionismo oficial más desnortado. Los hechos acreditan sin mucho margen de error que constituye una forma de presión, esta vez sí instrumental, para la consecución de la independencia. La violencia, aparentemente bien planificada, es la plasmación expresa de un cambio de estrategia en un sector del campo independentista, consecuencia de haber éste percibido con claridad que la independencia es un imposible en un mundo que tiende a la globalización. Por la vía que la legalidad autoriza o incluso forzando ésta, son conscientes de que su objetivo es una quimera.
La violencia es, de este modo y así parece ser que se está utilizando y gestionando, un medio o cambio de método con la fuerza suficiente, a ojos de sus equivocados promotores, para conseguir sus objetivos si a la vez, como está sucediendo, aunque cada vez con menos apoyo popular, se une o vincula a las llamadas desobediencia civil e institucional.
La desobediencia civil viene representada por las huelgas, concentraciones y demás actos y gestos de, sobre todo, los universitarios y miembros de las organizaciones tipo ANC y Omnium. La institucional, por las resoluciones ilícitas del Parlamento catalán y los actos de adhesión inquebrantable de la denominada Asamblea de cargos electos, un conglomerado de políticos nacionalistas que viven del presupuesto público.
Un paisaje éste, en declive en lo que respecta a la ciudadanía, cansada de tanto alboroto, preocupada por la intranquilidad de una Cataluña de apariencia revolucionaria y con riesgo de asumir los costes reales de la independencia, es decir, el empobrecimiento de las personas que se olvidan en su importancia cuando se hace destacar por encima de ellas el territorio.
Los secesionistas han tomado buena nota de la sentencia del Tribunal Supremo en el apartado en el que les indica que, por las vías pacíficas hasta entonces utilizadas, por las simples decisiones de sus órganos políticos, nada podían conseguir, que todo era mera retórica, simple estrategia no dirigida realmente a declarar la independencia, sino a conseguir un acuerdo con el Estado. El TS les ha dicho, con rotundidad, que la violencia entonces parca a la vista de la actual, no era funcional para integrar el delito de rebelión porque los actos llevados a cabo eran inútiles e ineficaces a tal fin.
Y es a la vista de esta sentencia, que no debe obviarse, que los secesionistas han comprendido que o llegan a un acuerdo, imposible, con un Estado que conceda romperse graciosamente o deben olvidarse de sus aspiraciones. Han visto claro que su sueño se ha acabado.
Sucede, sin embargo, que muchos, los más fundamentalistas, conscientes de que carecen de vías legales para conseguir sus propósitos, buscan otras salidas, siendo la violencia y la desobediencia, el caos, una suerte de revolución, el instrumento que se ha considerado último recurso. De este modo, la violencia, esta vez, es funcional o puede serlo si no se ataja y es instrumental, ligada a actos de desobediencia que alteran gravemente el orden público para conseguir el fin de la independencia. En conclusión, la violencia no es espontánea, sino organizada desde el poder institucional, siendo datos para concluir tal afirmación la falta de condena a la misma, el apoyo expreso de la ANC y de los claustros universitarios o la persecución a los Mossos d'Escuadra que, visto lo visto, puede degenerar en un conflicto de dimensiones incalculables. La criminalización de la policía pone negro sobre blanco dónde radica la causa de la violencia.
Leer la sentencia del TS, la que ha sacado a la calle a las masas movilizadas por los órganos autonómicos que olvidan que son de un Estado, España, no de una República inexistente, puede servir de clave para entender los hechos acaecidos y cómo las conductas son consecuencia exacta de lo que el TS afirmaba y la deriva de quienes son activistas de un imposible sin violencia.
Un reto al que el Estado no puede dejar de hacer frente, desgraciadamente y que solo puede terminar bien si alguien allí pone cordura. Por la fuerza nada conseguirán. El Estado es más fuerte y, dicho está, los actos del hoy podrían ser constitutivos de delitos de rebelión, no de sedición. No lleguemos a eso por el bien de todos.
No soy partidario, nunca lo he sido, de medidas extremas e incontroladas, fruto de sentimientos primarios y manipulables. Se impone allí desenmascarar a los violentos y quienes los animan, reconociendo el peligro que suponen los nacionalismos, históricamente, para la paz. Y aquí sosegar los ánimos y tender puentes con quienes, muchos, están dispuestos a imponer la paz sin renunciar nadie a sus ideas.
No se trata de hablar de plurinacionalidades y demás conceptos vagos e imprecisos, sino de trabajar asumiendo la realidad. Y ésta no es la independencia. Fuera de esto de todo se puede y se debe hablar. Incluso de generosidad. La justicia no exige venganzas y el Derecho Penal, aunque debe ser aplicado cuando está vigente, obligatoriamente, no es nunca la solución, en ningún caso. No es judicializar un problema político llevarlo a los tribunales cuando tiene relevancia penal, pero, una vez afirmada la ley, la política puede jugar un papel determinante si los radicales y fanáticos son relegados a la irrelevancia.
