Las grandes ciudades, y cada vez más los municipios de menor tamaño, tienen entre sus problemas más acuciantes la movilidad y todas las peculiaridades que su regulación plantea. La irrupción de los patinetes eléctricos ha introducido una relevante variable al uso de la bicicleta y a su intento, que en algunos casos se ha logrado y en otros ha sido un auténtico fracaso, de ofrecer vías seguras para circular en la maraña automovilística que transita por calles y avenidas. Su regulación se ha convertido en una de las tareas prioritarias que los ayuntamientos se han impuesto en todos aquellos lugares donde el número de estos vehículos supone una cifra considerable.
La circulación y el estacionamiento representan variables añadidas y prioridades de primer orden para automovilistas, motoristas, ciclistas y otros usuarios, por lo que las ordenanzas municipales lo deben reglamentar adecuadamente, en todas sus vertientes. Los nuevos modelos económicos, además, han incorporado dos circunstancias al sistema a tener en cuenta.
La logística del comercio electrónico, que provoca una progresión geométrica de los desplazamientos urbanos para las entregas a domicilio o a puntos de reparto, y el aumento de los mensajeros de la economía colaborativa o de los repartidores de comida rápida, o incluso perfectamente elaborada, elementos que han contribuido a que el parque móvil y sus derivadas se hayan incrementado a un ritmo creciente y sin atisbos de que pueda frenarse. Esas nuevas circunstancias están obligando a repensarse ese escenario, de presente más que de futuro, donde deben convivir los peatones que reivindican un mayor espacio para disfrutar de sus centros históricos, con los vehículos de toda índole que buscan circular del modo más rápido y con la mayor seguridad posible. Todo un reto del que depende que una ciudad sea más habitable que otras.
