Ahora que conocemos la primera sentencia sobre los ERE es inevitable acordarse de su larga instrucción y de la juez Alaya que fue quien la inició. Todos tenemos en la memoria los airosos paseos hacia la sede judicial de esta magistrada mientras arrastraba una maleta con ruedas que seguramente contenía documentos comprometedores para unos conocidos dirigentes del PSOE andaluz. La juez Alaya -su larga melena negra, su pisada garbosa, y su ropa más propia de una adolescente que de una madura jurista- acabó por ser un personaje habitual en los telediarios. En un país donde la corrupción ajena es casi el único argumento que utilizan los partidos, el caso de los ERE fue la mejor arma del PP para contrarrestar las corrupciones propias que lo acosaban. Un caso muy apetecible porque implicaba entre otros a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos notables socialistas que habían sido presidentes del PSOE y del gobierno andaluz y ministros. ¿Y que eran los ERE? Pues un procedimiento urdido para agilizar y oscurecer la concesión de ayudas económicas a empresas y trabajadores en una época de grandes conflictos sociales, y todo ello burlando los controles exigidos por la ley. La cuantía de esas ayudas se cifra en 680 millones y ahora habrá que dilucidar ante el Supremo si la utilización de ese sistema tiene relevancia penal, como sostiene la Audiencia de Sevilla, o por el contrario, para calificar esas conductas como delitos sería exigible la concurrencia de apropiación de dinero en beneficio propio, extremo que en este supuesto no se dio. En fin, todo esto son sutilezas que a nadie parecen interesar puesto que ahora la batalla entre el PP y el PSOE se plantea en el terreno de la demagogia. Los populares estiman que Pedro Sánchez debe asumir "responsabilidades políticas" y ofrecer al verdugo alguna cabeza importante. Ya que, como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, con evidente exageración, estamos ante "el mayor caso de corrupción de la historia de España". Los socialistas alegan que los ERE son cosa del pasado y que no afecta al gobierno ni a la dirección del partido. Además, razonó su portavoz, José Luis Ábalos, "la sentencia no atribuye enriquecimiento ilícito a los encausados" al contrario de lo que pasó en las corrupciones atribuidas a militantes del PP. Tenemos caso ERE para rato. una maleta con ruedas que seguramente contenía documentos comprometedores para unos conocidos dirigentes del PSOE andaluz. La juez Alaya -su larga melena negra, su pisada garbosa, y su ropa más propia de una adolescente que de una madura jurista- acabó por ser un personaje habitual en los telediarios. En un país donde la corrupción ajena es casi el único argumento que utilizan los partidos, el caso de los ERE fue la mejor arma del PP para contrarrestar las corrupciones propias que lo acosaban. Un caso muy apetecible porque implicaba entre otros a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos notables socialistas que habían sido presidentes del PSOE y del gobierno andaluz y ministros. ¿Y que eran los ERE? Pues un procedimiento urdido para agilizar y oscurecer la concesión de ayudas económicas a empresas y trabajadores en una época de grandes conflictos sociales, y todo ello burlando los controles exigidos por la ley. La cuantía de esas ayudas se cifra en 680 millones y ahora habrá que dilucidar ante el Supremo si la utilización de ese sistema tiene relevancia penal, como sostiene la Audiencia de Sevilla, o por el contrario, para calificar esas conductas como delitos sería exigible la concurrencia de apropiación de dinero en beneficio propio, extremo que en este supuesto no se dio. En fin, todo esto son sutilezas que a nadie parecen interesar puesto que ahora la batalla entre el PP y el PSOE se plantea en el terreno de la demagogia. Los populares estiman que Pedro Sánchez debe asumir "responsabilidades políticas" y ofrecer al verdugo alguna cabeza importante. Ya que, como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, con evidente exageración, estamos ante "el mayor caso de corrupción de la historia de España". Los socialistas alegan que los ERE son cosa del pasado y que no afecta al gobierno ni a la dirección del partido. Además, razonó su portavoz, José Luis Ábalos, "la sentencia no atribuye enriquecimiento ilícito a los encausados" al contrario de lo que pasó en las corrupciones atribuidas a militantes del PP. Tenemos caso ERE para rato.
