Uno de los elementos que están impulsando cambios en las ciudades de todo el mundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que establecen la llamada Agenda 2030. Su capacidad para avanzar sobre un buen número de los desafíos sociales, ambientales y económicos que tienen las urbes, la posibilidad de generar procesos de planificación adaptados a las capacidades específicas de cada municipio, junto a las abundantes buenas prácticas que se están desplegando en ámbitos subnacionales están colocando a estas agendas locales y regionales 2030 como valiosos activos de localización a nivel mundial.
En la medida en que el proceso de urbanización global avanza de manera imparable, albergando más de un 54% de la población mundial en las zonas urbanas, emergen problemas de una particular intensidad en las ciudades, de cuya respuesta dependerá el futuro de la humanidad. Desde la garantía de ofrecer viviendas adecuadas acompañadas de servicios de calidad que permitan sostener una vida digna de los ciudadanos, hasta afrontar los nuevos efectos del cambio climático, el aumento de la contaminación y de los riesgos por los desastres naturales, junto a desafíos históricos, como las bolsas de pobreza y desigualdad que conforman los cinturones urbanos de miseria, sin olvidar los altos niveles de desempleo existentes en barrios marginales en los que se concentran la exclusión y la marginación. Estos y otros muchos problemas son identificados en las 169 metas que es donde de verdad se materializa la Agenda 2030, bien distintos de los 17 Objetivos que publicitan numerosas personas e instituciones, y que no pasan de ser simples eslóganes propagandísticos.
A todo ello hay que añadir, por vez primera en una Agenda global de esta naturaleza, un objetivo específico referido a las ciudades en el mundo, el numero 11, que establece: «Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», que a su vez se desglosan en diez metas distintas que se evalúan por medio de quince indicadores diferenciados.
Por las declaraciones, anuncios y titulares que están prodigando un buen número de responsables públicos, de uno u otro color en nuestro entorno, mucho me temo que más allá de lanzar eslóganes fáciles y anunciar promesas imposibles, ni ellos ni sus técnicos están dedicando el necesario tiempo y esfuerzo a comprender las capacidades y también las limitaciones que tiene esta Agenda 2030, que si bien abre desafíos novedosos en nuestras ciudades, no agota, ni mucho menos, las posibilidades que tienen las políticas públicas.
A diferencia de los gobiernos, las ciudades tienen una capacidad de reacción mucho más rápida, original e innovadora frente a retos de un enorme calado, como la reducción de las desigualdades sociales, la mitigación del cambio climático o una utilización más eficiente y sostenible de los recursos. Hasta el punto que desde numerosos municipios y regiones, así como desde instituciones mundiales especializadas en las urbes, se vienen impulsando los procesos de avance más llamativos sobre la mejora de las ciudades en torno a la Agenda 2030, tanto en países del norte como del sur, en regiones prósperas o en aquellas más desfavorecidas, desde las metrópolis más avanzadas como en las municipalidades y aldeas más pequeñas.
Ahora bien, en todos los casos surgen dos grandes problemas comunes para municipios y regiones de todo el mundo, como son las dificultades para comprender, adaptar y aplicar una Agenda global diseñada desde las Naciones Unidas a escalas locales, así como el entender que aunque los ODS se hayan dotado de una arquitectura metodológica a través de objetivos, medios e indicadores, la Agenda 2030 no es, ni mucho menos, neutra, sino un instrumento político que exige optar, priorizar y materializar decisiones de carácter político y en las que hay ideología. Un ejemplo de ello lo tenemos en el proyecto BC2030 que se desarrolla en la Columbia británica, en Canadá, donde se pretende que la Agenda 2030 sirva para impulsar las políticas de sus ciudades. Para ello, se mide cómo están progresando cinco ciudades en el cumplimiento de los ODS junto al compromiso de los partidos y gobiernos locales.
Cada municipio debe, por tanto, recorrer su propio camino, dando respuesta a elementos específicos de cada localidad, como el derecho a la vivienda, la mejora de los barrios excluidos, la incorporación de los inmigrantes, la mejora de los equipamientos, la lucha contra la pobreza o una mejor calidad medioambiental en función de las demandas de los vecinos, el compromiso de las instituciones políticas y la participación real. Pero para ello, deberán afrontar tres retos inmediatos: elaborar políticas específicas para cada municipio que examinen con honestidad los puntos de partida, identificar de manera selectiva las mejores capacidades dependiendo del contexto social y territorial, además de diseñar mecanismos de evaluación sistemáticos y accesibles. Algo muy distinto a la mera propaganda retórica que estamos escuchando.
Seguramente será en las ciudades donde se decida el avance de un buen número de retos globales contenidos en la Agenda 2030. Ahora falta que los responsables políticos en nuestros municipios lo entiendan.
