Hace unas semanas, y aprovechando la conmemoración de los 40 años de ayuntamientos democráticos, en la que este diario participó activamente, desde Compromís quisimos en las comarcas alicantinas unirnos a esta celebración con reflexiones y propuestas. Así nació la Carta d'Alacant, que se acaba de aprobar por unanimidad en la Diputació d'Alacant, a propuesta de Compromís, y esperamos que así siga pasando en las instituciones locales alicantinas.
Porque estamos ante una declaración política que nace del municipalismo y que busca acuerdos y consensos amplios y transversales. No solo en la provincia d'Alacant, ya que en varios de sus acuerdos es exportable al resto del Estado. Porque cuestiones como ampliación y flexibilización del techo de gasto o de la tasa de reposición de personal lo compartirán la inmensa mayoría de cargos electos del municipalismo que ven en estos momentos que no pueden invertir su superávit económico, o abrir convocatorias de empleo público que mejoren la carencia de policías, técnicos, administrativos? que tienen todos los ayuntamientos. Especialmente, si es el caso como en Alacant, si fueron castigados con un Plan de Ajuste. Y también encontraremos unanimidades si de lo que hablamos es de la simplificación de una burocracia en una Administración que necesita mucha agilidad porque responde (o debe responder) a los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Esta declaración política exige que la nueva fase de descentralización política del Estado llegue a la Administración local. Porque la vuelta al pasado del centralismo autoritario es dar un portazo a décadas de mejora de los servicios públicos, el bienestar de las personas, cohesión y las políticas de proximidad. Es dar el espaldarazo definitivo a un madrileñismo político ineficaz, preautonómico y que viene actuando como palanca de acumulación exagerada de recursos, oportunidades, déficit y nepotismo.
La consolidación de la nueva arquitectura institucional del Estado necesita, además de resolver cuestiones centrales como el encaje de Catalunya o la deuda histórica y el maltrato fiscal e inversor al territorio valenciano, asumir demandas reiteradas de un municipalismo que, en general, ha hecho los deberes, presenta las cuentas saneadas y es la Administración más próxima en todos los matices de esta palabra de cara a la ciudadanía.
Por eso la Carta d'Alacant reivindica:
-Reforma de la financiación de la Administración local, con criterios de corresponsabilidad fiscal, y que contemple específicamente, además de la población, la carga turística y la tipología urbana a la hora de medir el coste de los servicios públicos. En el ámbito de las diputaciones se exige el reparto justo de los fondos con criterios objetivos, autonomía y reduciendo burocracia. Junto a ello, hay que exigir -tal y como se ha cumplido en los presupuestos del Botànic del 2020- que la provincia de Alacant tenga una inversión estatal adaptada a su peso poblacional.
-Instar al próximo Gobierno (confiamos que progresista) del Estado a modificar la Regla de Gasto aplicable a las administraciones locales con superávits continuados, ampliando los supuestos que permitan un mayor margen de gasto no financiero en el catálogo de las inversiones consideradas financieramente sostenibles, así como aumentar los supuestos que permiten el aumento del gasto o la consignación de gastos extraordinarios. También resulta urgente excepcionar de la aprobación de un Plan Económico Financiero los supuestos de incumplimiento por el uso del remanente positivo de tesorería.
-Instar al Gobierno del Estado a autorizar a las administraciones locales a poder contar con un mayor margen en las convocatorias de trabajo público, atendiendo a criterios objetivos como la población y especialmente a la recuperación de los puestos de trabajo amortizados desde el año 2010 por las bajas tasas de reposición. De la misma manera, hay que simplificar el régimen de la contratación menor en la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), revisando la regulación de elementos como la necesidad y recurrencia de ciertos gastos de carácter municipal. Todo ello manteniendo los criterios de competencia de licitadores y máxima transparencia.
La Carta d'Alacant también reivindica, obviamente, justicia en el trato inversor de Estado. Exigimos toda una serie de inversiones en infraestructuras ferroviarias que ya hace demasiado tiempo que deberían haber llegado a las comarcas alicantinas. Desde cumplir con el Plan de Cercanías a la conexión de Alacant y Elx con el Aeropuerto, o el tren de la Costa, o la línea a Murcia, o la conexión Xàtiva-Alcoi, o el Corredor Mediterráneo y su conexión con el Puerto de Alacant, así como situar aquí donde comienza el desierto, y somos zona cero de la crisis climática, un organismo de carácter estatal que coordine la investigación y las estrategias ante la Emergencia Climática.
En definitiva, como haremos en muchos ayuntamientos, esperamos aprobar en el próximo Pleno ordinario del Ajuntament d'Alacant esta Carta d'Alacant que representa un acuerdo político compartido de reivindicación del municipalismo y su papel central en la democracia y arquitectura institucional del Estado. Es la mejor manera que hemos encontrado desde Compromís, en las comarcas meridionales de nuestro país, de celebrar y reivindicar 40 años de ayuntamientos democráticos.
