El papel cada vez más importante de las ciudades de todo el mundo hacia las migraciones viene centrando numerosas actividades en los últimos años. Alcaldes y funcionarios locales, técnicos y especialistas, junto a organizaciones sociales vienen participando en debates, cumbres y foros encaminados a tomar conciencia sobre la forma más adecuada en que ciudades y entidades locales pueden gestionar mejor el impacto que las migraciones impulsan. Hasta tal punto que el término «migración» se ha convertido también en un sinónimo de urbanización, debido al papel dominante de las metrópolis como destino de la mayoría de los migrantes.
Junto a importantes organizaciones y centros de investigación, destacados académicos vienen analizando los nuevos perfiles de unas ciudades cada vez más precisas a la hora de intervenir sobre los procesos migratorios con mucha mayor eficacia que los propios estados. Autoras como la socióloga, premio Príncipe de Asturias y profesora de la Universidad de Columbia, Saskia Sassen, ha estudiado a fondo las nuevas ciudades globales cuyas capacidades trascienden con creces las fronteras de un país. A su vez, la antropóloga y profesora de la Universidad de Manchester, Nina Glick Schiller, amplía este enfoque, describiendo las ciudades como espacios de continuos cambios que determinan el carácter de las urbes contemporáneas, asignando un papel cada vez más importante a las administraciones municipales, mucho más de lo que sus autoridades creen. De esta forma, surge con fuerza la convicción de que las urbes tienen una responsabilidad cada vez mayor sobre las migraciones y los inmigrantes que en ellas viven, habiéndose convertido en determinantes significativos de los patrones mundiales de la inmigración en estos momentos.
Durante mucho tiempo se ha señalado que las ciudades eran las principales responsables de los procesos de integración, pero apenas se ha hablado del importante papel que desempeñan en orientar las migraciones, a pesar de que los gobiernos estatales las han dejado fuera de los debates normativos. Centrar la atención exclusivamente en si las ciudades disponen de suficientes recursos para gestionar los procesos de integración, como se ha hecho hasta ahora, ignora el protagonismo creciente de éstas como determinantes esenciales en las migraciones. Por ello, deberían tener una mayor presencia en la elaboración de las políticas migratorias nacionales.
Diferentes investigaciones mundiales recientes, como el «Informe sobre las migraciones en el mundo 2015» de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el «Informe del representante especial de las Naciones Unidas sobre la Migración de 2017» (también conocido como «Informe Sutherland»), están poniendo de manifiesto la importancia que estas migraciones tienen para el desarrollo económico. Hasta el punto que se está pasando de considerarlas como una carga, a valorarlas por los numerosos beneficios que aportan en múltiples planos. Los inmigrantes estimulan el empleo, son emprendedores y también empleadores, impulsan el crecimiento demográfico compensando la baja natalidad, impiden el cierre de aulas y colegios, dinamizan el mercado de la vivienda, entre otras muchas variables. Estimulan, en definitiva, el dinamismo en las urbes y revitalizan socioeconómicamente las ciudades en todo el mundo.
Por ello, no es casual que en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, cada vez más localidades se hayan declarado «ciudades santuario», reivindicando una capacidad de intervención sobre las migraciones al nivel de los estados, reclamando una mayor responsabilidad en la determinación de las políticas migratorias y su aplicación. Pero al mismo tiempo, las ciudades no pueden abordar solas aspectos esenciales como la inclusión e integración de los migrantes sin contar con la sociedad civil, como se ha demostrado en los últimos años ante la crisis de los refugiados. En países como Austria, Alemania, Suecia, Italia, Francia, incluso en España, la contribución de vecinos y entidades de todo tipo a ofrecer respuestas a refugiados y migrantes forzosos ha sido ampliamente reconocida como una nueva forma de atender la emergencia, pero también como parte esencial de las relaciones a largo plazo para facilitar una mejor adaptación de estas personas al nuevo contexto social al que se enfrentan.
Buen ejemplo de ello es Canadá, que ha reasentado a unos 40.000 refugiados desde 2015, llamando poderosamente la atención las estrategias novedosas que han formalizado los gobiernos locales, las ONG, familias y empresas de todo tipo, actuando como patrocinadores oficiales en la acogida de refugiados a cambio de que el gobierno canadiense proporcionara los visados necesarios tras la realización de un examen médico y los oportunos controles de seguridad a todas aquellas personas que fueran acogidas por este novedoso sistema. En este caso, la magnitud del reasentamiento llevado a cabo por Canadá ha sido posible gracias a la movilización del conjunto de la sociedad, pero contando con una participación especial de las comunidades locales y de diferentes organismos, instituciones y entidades privadas que se han implicado a fondo, llegando a desbordar las previsiones iniciales realizadas por el gobierno canadiense ante el Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Y ahora que se está haciendo un análisis muy profundo del proceso a cargo de diferentes universidades, todos los datos disponibles demuestran el éxito de la experiencia junto a los beneficios para la sociedad y la economía canadiense.
El camino a que las ciudades sean determinantes en las migraciones contemporáneas está abierto, debiendo extenderse también a la planificación urbana orientada a la diversidad. Ahora falta que nuestras ciudades, alcaldes y técnicos locales también lo comprendan.
