El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Generalitat en 2018 pone encima de la mesa, más allá de desnudar como siempre el detalle de las cuentas del Consell, la evidencia de que el actual modelo de descentralización territorial de España está completamente agotado y la necesidad de repensarlo para afrontar el futuro. No cita ni un sólo caso de responsabilidad contable, lo que sugiere una praxis aceptable en el despliegue administrativo de la gestión del Consell. Pero sí arroja, desde luego, dudas muy razonables sobre la viabilidad del actual sistema de autogobierno. Y eso es fundamental para la calidad de los servicios públicos y el mantenimiento del Estado del Bienestar, competencia en su inmensa mayoría de los ejecutivos autonómicos. La memoria del auditor público valenciano revela el crecimiento de la hipoteca para el futuro o del «agujero» de los fondos negativos. Pero todo eso tiene principio y final en el gran lastre de la administración valenciana: la falta de ingresos suficientes para poder atender sin dificultades sus competencias. ¿Y eso qué significa? Pues que la Comunidad sigue siendo víctima de un expolio que le coloca, junto a Murcia, como la autonomía más perjudicada por el actual sistema de financiación. La Sindicatura de Comptes pone reparos a la «partida reivindicativa» de 1.325 millones que en los últimos cinco años, el Consell del Botànic incluyó en sus balances a cuenta de un nuevo modelo de financiación que cumple ya seis años de bloqueo en Madrid. Pero lo cierto es que, sin esa solución imaginativa que el Ministerio de Hacienda ha aceptado año tras año a sabiendas de que el sistema relegaba a la Comunidad, los números serían todavía peores. Por eso, resolver la crisis territorial y, dentro de ello, la reforma de la financiación autonómica es una deuda pendiente pero, sobre todo, una obligación para poder garantizar el futuro del autogobierno.
