Pretender conflictivizar las lenguas

Hacer una guerra con las lenguas es desalentador y una manera de descohesionar y desactivar una sociedad, que requiere de todas las fuerzas y todos los ánimos para ir hacia adelante y satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. El conflicto se promueve desde sentimientos poco constructivos, quizá, por intereses extraños a los propios de la tierra. En un territorio con la existencia de dos lenguas, la salida racional y democrática es la salvaguarda, protección y fomento de las mismas. Plantear la desaparición de una de las dos o la subordinación de una a la otra es simplemente todo lo contrario y, por tanto, carente de legitimidad. El uso de las dos lenguas es un derecho, y los derechos, en democracia, se respetan y acatan.

Cada cual usa y habla la lengua que quiere y desea, sin embargo, para desplegar y hacer efectivo este derecho a usar las dos lenguas, el otro lo ha de entender, porque, de lo contrario, se estaría impidiendo que se hiciera efectivo este derecho. «No te entiendo» o «Háblame en cristiano» son actitudes que coartan el derecho de los ciudadanos a usar una de las dos lenguas territoriales. Aquí cada uno elige la lengua en la que quiere expresarse, no se impone nada, pero para que esto sea posible, el otro la ha de entender. Y es la sociedad, la escuela, quien debe posibilitar a todos los ciudadanos la capacidad de entendimiento de las dos lenguas territoriales, cumpliendo los objetivos de las leyes oficiales.

La falsa polémica sobre la opcionalidad en el conocimiento de las lenguas territoriales esconde la conculcación de los derechos lingüísticos contra el grupo comunitario discriminado. Debemos procurar que no se genere un marco desigual en el desarrollo de los derechos ciudadanos. La función pública, consciente de la existencia de esta realidad lingüística, debe estar preparada para atender a todos los ciudadanos, hablen la lengua territorial que hablen; debe estar capacitada. Y todos los ataques que han tratado de vituperar o despreciar una de esas lenguas territoriales (creando falsas ortografías o gramáticas, o aduciendo que es una manía o defecto y no un derecho, o abombado guerras ...) representan un impedimento al uso efectivo de los derechos democráticos de los ciudadanos y tienen el efecto de minar la unión y fuerza de una sociedad, que, desde la inclusión, la diversidad, y contra la intolerancia, debe estar preparada, cada vez más, a retos superiores.