En tema de debate recurrente que surge de vez en cuando y desaparece más tarde sin dejar huella es el concerniente a las propuestas y proyectos relacionados con una mayor integración de la planificación y gestión del territorio de las dos ciudades vecinas de mayor población del sur de la Comunidad Valenciana, Alicante y Elche. Se trata de un área que reúne más de una docena de municipios con una población próxima a los ochocientos mil habitantes que designamos como «Área Funcional», más acorde con la realidad de un territorio policéntrico que la antigua noción de «Área Metropolitana» ligada a una idea de territorio dominado por una ciudad central, y también denominación más adecuada que la metáfora mecánica de «Eje Alicante-Elche» que se ha escuchado más recientemente.

En los últimos treinta años, uno de los proyectos más conocidos que se han dirigido sobre ese territorio fue el Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola auspiciado por un grupo de empresarios. Más tarde apareció el PATEMAE, iniciativa de la Generalitat Valenciana, sin olvidar los diferentes planes estratégicos provinciales encargados por CAM-Diputación y Cámara de Comercio, que entre sus contenidos se trataba específicamente el área Alicante-Elche. La propuesta más reciente sobre el territorio común de las dos ciudades surgió en enero de 2017, cuando se anunció la puesta en marcha de la redacción de un Plan de Acción Territorial Alicante-Elche (en adelante PAT) en un acto organizado por la Generalitat Valenciana, celebrado en la Universidad de Alicante, con presencia de dos consellers de cargos relacionados con las temáticas de Urbanismo y Territorio del gobierno autonómico, y con la de los alcaldes de las dos ciudades principales del área.

El PAT es una figura de planeamiento contenida en la Ley Valenciana (LOTUP) con el fin de desarrollar la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, definiendo objetivos y criterios para actuaciones supramunicipales, coordinando la planificación urbanística municipal y sectorial. Lo más novedoso y de mayor transcendencia política y social de los objetivos del PAT es la de proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de gobernanza territorial dirigidas al desarrollo territorial cohesionado y ambientalmente sostenible. Precisamente, son las acciones comunes de política ambiental y de lucha contra el cambio climático las que deberían de exigir una puesta en marcha de una cooperación inmediata en el territorio Alicante-Elche y los municipios de su entorno, ya que las políticas ambientales se dirigen a fenómenos naturales que no se ciñen a los límites de un término municipal.

El PAT fue considerado desde algunos sectores de la sociedad civil de Alicante y de Elche como una oportunidad para propiciar un espacio de encuentro entre las dos ciudades. Sin embargo no ha sido así. El proceso de participación ciudadana que se nos prometió en aquel acto de la UA ha quedado en nada, y a tres años de la puesta en marcha del PAT los ciudadanos no sabemos qué ha sido de este estudio, y no parece que nadie lo reclame. Cuando se anuncia el inicio de los trabajos del PGOU de Alicante, las directrices del PAT aportarían un mayor rigor al Plan Estructural del PGOU, objetivo municipal para este mandato, al situar el municipio de Alicante, y lo que ocurre en él, en un contexto territorial más real que el término municipal.

El imaginario colectivo en Alicante y Elche no alienta precisamente el acercamiento entre ambas ciudades. Es una rivalidad que suele surgir en ciudades próximas alimentada en gran medida por atavismos irracionales. Todo esto lo conocen perfectamente los políticos locales y autonómicos, y en consecuencia deberían de ser conscientes de que cualquier propuesta dirigida hacia una integración del territorio Alicante-Elche, para ser factible, exigiría fortalecer la cultura del territorio. Esta cultura significa que el territorio no se mire como una suma de municipios que compiten entre sí, el territorio es una entidad espacial que reúne las cualidades de cada municipio, haciendo emerger otras nuevas ligadas a la cooperación entre ellos; una cultura del territorio haría posible vincular la calidad de vida de los municipios pequeños y medios con las ventajas económicas, ambientales y de cohesión social que implicaría una gestión basada en la equidad de una red de ciudades que, en conjunto, aportarían un mayor peso demográfico que consideradas de modo aislado; en fin, una cultura del territorio entendida como un referente de identidad común y de calidad ambiental, rechazando esa otra mirada interesada sobre el territorio como un recurso a explotar, que, desgraciadamente, ha dirigido durante demasiados años la política urbanística local y autonómica.

Aunque solo fuera como instrumento para extender esa cultura del territorio entre los ciudadanos, valdría la pena recuperar el olvidado PAT Alicante-Elche. Nuesros políticos locales y autonómicos deberían recordar que, en sus orígenes clásicos, la política surgió ligada a la pedagogía como medio de transformación social. Recuperar esa dimensión educativa de la política sería muy estimulante, no solo para revitalizar la decaída cultura del territorio, sino también la democracia.