Es cierto que a los legisladores en su conjunto y a lo largo del tiempo no les ha gustado legislar, y han preferido ante una modificación legislativa utilizar el «parche» y según las circunstancias y las situaciones han parcheado a conveniencia, pero temas de tanta transcendencia como la adecuación de nuestro ordenamiento penal a los tiempos actuales necesita estudio, tranquilidad y consenso.

Al parecer, el actual Gobierno tiene mucha prisa en la modificación de nuestro Código Penal, y en concreto determinadas materias e ilícitos penales para adecuarlas según dicen a niveles europeos, incluso dice la portavoz del Partido Socialista «homologar nuestro Código Penal a los códigos penales europeos» y nos cuestionamos, como pregunta, cuál de los 27 códigos, 26 en breve, sería el modelo a seguir, por ejemplo el de Estonia o el de Malta, por lo que todo ello no deja de ser una excusa para ocultar determinados pactos clandestinos que dieron lugar a la culminación de la investidura del presidente, señor Sánchez.

No dudo de que nuestro Código Penal necesite una o varias reformas, véase la reciente Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo y otras complementarias, pero camuflar la situación de futuro de los condenados en el procés no creo que sea el camino correcto y ajustado en Derecho.

La situación penal de dichos condenados en teoría tendría diversas salidas:

Una amnistía, un indulto o, incluso, a través de la reforma del Código Penal de los artículos tan controvertidos como lo son el de rebelión y el de sedición, y tantos otros que no entro a valorar ya que recientemente el señor Torra hace caso omiso a la última resolución del TS, incumpliendo la misma, su conducta estaría incardinada en el delito de desobediencia del artículo 410 del CP, y zanjaríamos el tema como ilícito penal eliminando en la reforma dicho artículo.

Si así fuese la reforma, no habría inconveniente en mantener el artículo 2, apartado 2 del citado Código, con meridiana claridad dice que «el efecto retroactivo de aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque entraran en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Y todo ello da la impresión de que la futura reforma estaba pactada y para mayor rapidez la propuesta viene por el grupo socialista del Parlamento y no por el Gobierno progresista.

Tarde o temprano todas estas cuestiones nos van llevando poco a poco a desvelar el famoso concepto de la «desjudicialización» que al parecer es «sacar lo estrictamente político de la justicia» con gran enfrentamiento entre los poderes del Estado y manipulando las líneas divisorias de ambos y ahí sí que tendríamos que echar un vistazo a la memoria histórica de este país.