Hace una semana defendía desde las páginas de INFORMACIÓN la necesidad de abordar, como una exigencia derivada de la realidad del territorio contemporáneo, la planificación y gestión urbanística de las ciudades desde una escala supramunicipal, poniendo como ejemplo el de los municipios del área funcional-metropolitana de Alicante-Elche. En el artículo aludido también se subrayaba que la urgencia de este cambio de enfoque estaba motivada porque el ámbito territorial es el escenario más idóneo para abordar estrategias ambientales y de lucha contra el cambio climático.

Uno de los ejes estratégicos prioritarios de acción contra el cambio climático es el de la movilidad urbana y territorial por su elevada contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. A finales del 2018 la Generalitat Valenciana presentó los resultados de un estudio de movilidad, urbana e interurbana, realizado para el conjunto de ocho municipios del área Alicante-Elche que, además de estos, incluye los de San Vicente, San Juan, Muchamiel, El Campello, Crevillente y Santa Pola. Aunque este estudio no es completo (se encuentra a faltar algunas variables importantes como las distancias recorridas, los transbordos, la evolución de la movilidad por modos o una cuantificación de las emisiones) sí se puede considerar como una aportación importante para un diagnóstico ambiental del área, y se puede decir, en vista de los resultados, que el escenario actual de la movilidad en el territorio es alarmante desde el ángulo de las emisiones de efecto invernadero generadas por la movilidad.

Una síntesis de las conclusiones del estudio se pueden resumir en tres líneas: incremento creciente del transporte motorizado privado sobre el público; dependencia del transporte público de amplios sectores de la población del área, con una oferta desigualmente distribuida en el territorio y de una calidad calificada por los usuarios de «servicio inadecuado o incómodo»; y finalmente, baja conectividad del transporte público en el territorio (desigual existencia de conexión entre municipios). Es muy preocupante el bajo peso de los desplazamientos en transporte público en el área: de los 1.756.445 viajes día en ese territorio (2,59 viajes/persona/día) en todos los medios, sólo el 10% se realiza en medios colectivos. Los flujos Alicante-San Vicente y Alicante-Elche son los más cargados del territorio del estudio: en el primero, los viajes motorizados en medios privados están próximos al 85% del total, mientras que en el segundo itinerario alcanzan el 90%.

Como decía, no se aporta información acerca de cómo han evolucionado en el tiempo las variables analizadas. Sin embargo, para la movilidad interna de algunos municipios sí se puede contemplar cómo es esa evolución porque se dispone de información por otros estudios locales realizados en ellos anteriormente, como los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible) de Alicante y Elche. En el caso de Alicante, en los últimos cinco años, el número de viajes en transporte público sólo ha subido medio punto, mientras que el motorizado privado lo ha hecho en cuatro puntos; en Elche, en los últimos diez años, el número de viajes realizado en vehículo privado sube nueve puntos. Este incremento del tráfico privado se produce en detrimento de los viajes a pie: en Alicante, en el mismo periodo, estos viajes han bajado de un 41% a un 38%; y en Elche de un 48% a un 41%.

En fin, hay mucho trabajo que hacer si se quiere alcanzar el objetivo que parece que fijará la nueva Ley Valenciana de Cambio Climático: reducir en un 40% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos suponer que el Plan de Acción Territorial de Alicante-Elche, cuando se finalice, contendrá un programa de acciones y unos compromisos en esa línea. Mientras tanto podemos exponer algunas de las propuestas que ya están implantándose en otros territorios con relación a la movilidad urbana e interurbana como estrategia contra el cambio climático: limitar drásticamente los desarrollos residenciales segregados y/o de baja densidad; vincular el emplazamiento de las actividades que generen atracción de viajes a redes de transporte público; mejorar e incentivar la intermodalidad; desincentivar el uso de trasporte privado a través de la regulación de espacios de aparcamiento, tarifación progresiva, peajes y reducción de la capacidad viaria para el tráfico privado; creación de corredores de alta capacidad que articulen del territorio, de uso exclusivo del transporte público.