La visita a España durante dos semanas del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el australiano Philip Alston, ha situado en primer plano de la actualidad numerosos datos y análisis que este alto diplomático internacional ha obtenido, tras su visita a diferentes ciudades, barrios y poblados marginales, entrevistándose con autoridades, responsables públicos, investigadores, activistas sociales y, por supuesto, escuchando a numerosas personas que viven diferentes situaciones de privación. Forma parte del trabajo de estos enviados especiales, quienes tienen que visitar sobre el terreno los países que analizan, entrevistándose con todas las partes objeto de su estudio para que éste sea riguroso.

Aunque el informe final será presentado oficialmente en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, se ha conocido un primer avance, conteniendo un balance tan desgarrador como preocupante sobre el impacto, las consecuencias y los efectos de la pobreza en nuestro país. En realidad, por alarmantes que sean las conclusiones obtenidas por el enviado de las Naciones Unidas, lo único que ha hecho es certificar de primera mano lo que desde hace años desde muchos otros ámbitos, investigadores, activistas y organizaciones especializadas venimos señalando sin éxito: la pobreza y la desigualdad en España han alcanzado niveles intolerables que nos dañan como sociedad y erosionan profundamente nuestras posibilidades como país. Pero por encima de todo, generan un enorme sufrimiento en quienes las padecen, limitando sus posibilidades y afectando de manera determinante a su vida.

Si bien el enviado especial está realizando visitas similares en otras naciones, el caso de España ofrece un particular interés, en la medida en que es un país importante, (la quinta economía de Europa), que sufrió de una manera muy intensa los efectos de la Gran Recesión generados por la crisis global iniciada en 2008, pero que está experimentando una apreciable recuperación económica. Sin embargo, España presenta unos niveles de pobreza sorprendentemente altos que se han disparado y cronificado una década después del inicio de la crisis económica, afectando con especial virulencia a determinados colectivos que parecen estar instalados en una permanente marginación. Al mismo tiempo, teniendo nuestro país un gasto social por debajo de la media de la UE, las políticas de ajuste aplicadas en los últimos años han debilitado aún más el sistema de protección social que ha sufrido serios recortes, haciendo que, en buena medida, este sea poco eficiente, teniendo serias dificultades para llegar a las personas más necesitas y a la población más excluida. Por si todo ello fuera poco, mientras las políticas de recuperación aplicadas han beneficiado a empresas y grupos privilegiados, han dañado seriamente al conjunto de servicios públicos esenciales.

De esta forma, no se puede presumir de recuperación económica cuando no se acompaña de una recuperación social equivalente, dejando a importantes grupos sociales en la periferia de una sociedad a la que tendrán cada vez más difícil incorporarse. Si en el año 2008, fecha del inicio de la gran crisis, la población que en España estaba en riesgo de pobreza y exclusión era del 23,8%, actualmente esa cifra ha subido hasta el 26,1%, afectando a casi doce millones de personas, solo por detrás en Europa de Grecia y Chipre. Además, en el caso de España, hay que hablar de una «pobreza consistente», que combina bajos ingresos económicos y privaciones materiales, afectando a trabajadores precarios empobrecidos que tienen cada vez más problemas para llegar a final de mes y dar respuesta a las necesidades esenciales de toda la familia. Por eso se multiplican las estrategias de distinta naturaleza para que este precariado pueda sobrevivir aun contando con trabajos mal pagados, como las redes de apoyo familiar e incluso recibir ayudas de organizaciones humanitarias para comida o ropa.

La pobreza invisibiliza a quien la sufre debido a que su exclusión social y marginación los confina a espacios limitados, a la vez que no son de interés para instituciones públicas y privadas. Por ello, los pobres viven, además, situaciones de aislamiento social y falta de relación que profundizan, todavía más, sus carencias básicas, dificultando las posibilidades de encontrar empleo o tener una mejor preparación. Aislados, con malas dietas, saliendo a la calle para lo esencial, descuidándose, sin motivaciones, con problemas familiares, son también víctimas de un deterioro en su salud física y psíquica, en la medida en que los trastornos mentales se ceban con personas que padecen estas situaciones.

No es casual, así, que investigaciones recientes hayan determinado que la pobreza acorta la vida tanto como el sedentarismo, siendo un factor de morbilidad y mortalidad prematura mucho más importante que la obesidad, la hipertensión o el consumo de alcohol. De forma que carecer de recursos esenciales para satisfacer las necesidades básicas significa no tener los recursos imprescindibles para hacer una vida plena, teniendo unas oportunidades limitadas que condicionan el horizonte vital y las posibilidades que una persona tiene.

Más allá de dogmas e ideologías, las evidencias empíricas demuestran que la pobreza es un efecto perverso de los sistemas económicos disfuncionales en los que vivimos. En nuestra mano está el evitar que todo ello dañe la vida y el futuro de tantas personas, como sucede en España.