El primer gobierno nacional de coalición del postfranquismo se ve obligado a luchar denodadamente estos días contra una doble epidemia: la del coronavirus y la de la ultraderecha y su acompañamiento mediático.
Ambas son igualmente peligrosas: la primera, para nuestros organismos, tan vulnerables, sobre todo los de quienes rebasamos hace tiempo « il mezzo del cammin di nostra vita»; la segunda, para la salud de la opinión pública y nuestro sistema democrático.
Me ha pillado esta última pandemia en la capital de Alemania, país donde las medidas de contención del virus adoptadas por el Gobierno Angela Merkel y los de los distintos «länder» no son tan estrictas como el confinamiento que se ven obligados a sufrir mis compatriotas.
Pero sigo diariamente con ansiedad lo que sucede en mi país gracias sobre todo a la radio y a la prensa digital, que son en tiempos de eso que llaman en inglés «fake news», es decir de mentiras disfrazadas de noticias, más necesarias que nunca.
Me refiero, por supuesto, a los medios de comunicación serios, no a esos otros que, renunciando al mínimo deber de objetividad, han decidido convertir la información sobre en una implacable operación de acoso y derribo contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Me ocupo de seguir también la información que dan los medios de distintos países sobre la incidencia en ellos de la pandemia y la respuesta de sus Gobiernos, y no logro ver una campaña tan descaradamente manipuladora, tan insidiosa como la de un sector de nuestra prensa.
Manipuladora hasta extremos vergonzosos no ya en sus editoriales y otros artículos de opinión -que si la opinión es libre, debería siempre descansar en hechos ciertos- sino en los textos de portada y hasta en los pies de fotos.
Por no hablar ya de esos conocidos y bien remunerados opinantes que aprovechan sus tribunas en radio o televisión para hacerse eco de cualquier bulo disparatado que circula por las redes para, sin antes comprobarlo, arrojar más inmundicias sobre un Gobierno cuya legitimidad se niegan a reconocer.
No, no se trata de la acción totalmente legítima de criticar a unos gobernantes que pueden ser bisoños, pero que, como otros más veteranos, se enfrentan a una situación del todo nueva, que los obliga continuamente a improvisar; a veces, reconozcámoslo, incluso más de la cuenta.
No se trata de eso, que sería no ya admisible sino totalmente deseable en democracia, sino de los continuos llamamientos al cese de un Gobierno democráticamente constituido, pero al que siempre se prejuzga y tacha sin la mínima prueba de «bolivariano» o «comunista».
Es el nuestro un país en el que, no ya en las redes sociales -algo que ocurre por desgracia en todos-, sino también en un sector importante de los medios privados puede mentirse y calumniarse sin el menor ejercicio de la deontología profesional y con la impunidad más absoluta.
Se han abierto en las redes cuentas dedicadas a insultar constantemente al presidente del Gobierno y a sus colaboradores y a propagar bulos, que se convierten inmediatamente en virales y que luego recogen del modo más irresponsable ciertos medios nacionales.
Escuchar al mismo tiempo en un debate parlamentario a la derecha y a la ultraderecha, que tanto monta, monta tanto, rehuir cualquier argumento serio, que los hay, para echarle a la cabeza al presidente del Gobierno los miles de muertos de la pandemia; acusarle de «confinar la democracia», financiar a sus «vasallos mediáticos» con el dinero de los autónomos y querer sólo «arruinar a España», resulta repugnante.
