"Hemos comunicado a Sanidad que podemos hacer entre 1.000 y 2.000 PCR (test) diarios para detectar el coronavirus y nadie nos ha llamado", se lamentaba esta semana en INFORMACIÓN Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias. ¿Dónde está ese Instituto, en Oxford, en Harvard, en China quizás? No, aquí al lado, en el campus de San Juan, Alicante, España. ¿Cuánto tiempo llevan esperando, tres semanas, cuatro? Multipliquen por 2.000 test diarios y saldrán más de 40.000. "Hay escalas que hablan de poder hacer 19.000 diagnósticos en dos horas€, pero nadie nos ha llamado para interesarse", seguía lamentándose el científico. Mientras, empresas nacionales exportan test PCR porque no se los compran en España. Es solo un ejemplo de las muchas empresas españolas que, teniendo los medios, la preparación para fabricar y proveer de material sanitario de protección y lucha contra el virus, son obviadas por el Gobierno. ¿Esto también tiene que ver con escasez de UCI, con recortes en sanidad, con la imposibilidad de prever la pandemia, con falsas noticias, con críticas gratuitas, con el pesimismo?
A raíz de una información publicada por El Mundo, no yo, Ciudadanos exige la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad de Baleares por la compra de mascarillas defectuosas a un histórico dirigente del PSOE balear. ¿Qué había dicho la consejera? "Podemos (no Unidas Podemos) firmar contratos saltándonos la ley". Sobre una información desvelada por El País, no yo, el Gobierno ha pagado hasta 28 veces más por unas mascarillas con la misma protección. Lo dijo el Gobierno tras recordarle la Junta Consultiva de Contratación su deber de transparencia (no confundir con el Portal de Transparencia, cerrado por coronavirus). El proveedor al que Sanidad ha pagado el importe más elevado, 263.1 millones de euros es FCS Select Products, empresa catalana que carece de trabajadores y cuya cifra de negocios en 2017 y 2018 no llegó al millón de euros, según El País. Uno de los administradores solidarios de la empresa se declaró culpable de estafa agravada en febrero de 2016 tras llegar a un pacto con la Fiscalía, desvelaba El País. Otra empresa que ha firmado contratos millonarios con sanidad (4.2 millones) es la malagueña Value&Bro, una asesoría laboral sin trabajadores y con pérdidas, según El País. Teniendo en cuenta que el Gobierno lleva gastados -que sepamos- más de mil millones de euros en material sanitario, de nuevo El País, ¿debemos abandonar toda esperanza -como Dante a las puertas del infierno- de conocer la verdad? ¿Son un bulo estas noticias? ¿Estos periódicos están siendo investigados por la brigada antibulos de Marlaska atendiendo a lo dicho por la ministra Celáa de que no podemos admitir que haya mensajes negativos? Les tendré puntualmente desinformados, no sea que los geo-localizadores vengan a buscarme.
Datos/dolor; verdad/bulos; arrogancia/silencio; transparencia/control; ofrecimiento de pactos/decisiones unilaterales; lealtad/ engaño; soberbia/manipulación; mano tendida/insulto; planes/improvisación; ofertas/BOE; libertad de expresión/censura; libertad de prensa/preguntas filtradas; comité de expertos/actos de fe; luz/apagón. Todo ello, mis aterradas dos lectoras, son solo la parte visible de este invisible entramado de improvisaciones, dichos y desdichos, medidas y contramedidas, cifras y descifras, datos y postdatas, aplausos y desaplausos. Así se explica el nuevo sofocón padecido por España con el "top ten" de la OCDE en la realización de test. Si el lunes nuestro lucido -¿o es lúcido?- ministro de Filosofía y Letras presumía de que el Gobierno -perdón, España- estaba en el puesto 8º de los países que más test había realizado, más que Alemania o Austria, citando a la OCDE, y el presidente primero del Gobierno reiteraba presumido ese dato, la propia OCDE no tardó ni 24 horas en desmentirlo apartando a España de la lista. ¿Error de la OCDE? ¿Confusión del Gobierno? ¿Disimulada inteligencia entre unos y otros? ¿Otra vez los incómodos, malditos datos? Pregúntenle al tribunal de la Verdad.
Ahora las buenas noticias: por fin hay un plan envuelto en tres planes que encierra otro plan que podría cumplirse si el primer plan no se trunca con el plan que le sigue a éste una vez que los demás planes no se desplanen y siempre que entre todos los planes se pongan de acuerdo con el plan principal. A falta de test masivos -algo incomprensible, bochornoso tras casi dos meses de estado de alarma-, de fiabilidad epidemiológica, de datos poblacionales sanitarios, de coherencia científica, vean la alegría que ha suscitado este plan que, como viene siendo habitual, no ha sido consultado ni consensuado con nadie. Dejamos a un lado al insolidario y antipatriótico PP. Rufián, Gabriel: "No tiene ningún sentido ir a cortarse el pelo a la peluquería antes que ver a tu madre". Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos: "Decepcionada" ante la apertura de establecimientos sin protocolos únicos, ampliación de los ERTE, test masivos y medidas financieras. HOSBEC: critica las "incongruencias" del plan. Asociación Empresarial Hostelera de Madrid: "Decepción e incredulidad". Plan para la justicia. Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria: "No se puede hacer un plan para la justicia sin contar con los jueces". Y el Colegio de Abogados de Alicante rechaza las medidas aprobadas en el plan contra el atasco judicial por el coronavirus por "torpes, ineficaces, confusas e irrealizables". ¿Todos contra el Gobierno? ¿Todo son bulos? ¿Van a ser investigados por el tribunal de la Verdad? "Algo debió ocurrir la noche del 8-M porque al día siguiente se reconoció la gravedad de la situación", declaraba este jueves el doctor Rafael Matesanz, fundador de la Fundación Nacional de Trasplantes. ¿Será investigado por el tribunal de la Verdad? ¿Tenemos de verdad un plan? A más ver.
