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José María Asencio

Improvisación gubernamental

La gestión de la crisis provocada por el Covid-19 ha tenido toda la apariencia de haberse abordado con un alto grado de improvisación, con escasa convicción en las medidas adoptadas, con exceso de autoritarismo y personalismo, que ha llevado a no acordar las decisiones con la oposición, sino a imponerlas y, en fin, con un sistema político que se ha demostrado incapaz no ya de ofrecer soluciones válidas y eficaces, sino de mostrar y mostrarse cara a la ciudadanía con esa seguridad que exigen las situaciones más delicadas. No han estado a la altura en general, aunque muchas de las quiebras deben imputarse a ese sistema autonómico, fragmentado, insolidario, confrontador de personas subordinadas a los territorios e, igualmente, a una forma de funcionar de los partidos que les hace no ser los representantes de la ciudadanía, sino de sus propios e ilegítimos intereses cuando se alejan de su razón de ser.

No obstante, estas dificultades, ha habido improvisación, mucha y demasiada política, de la que importa a los políticos, no a la ciudadanía, en el momento menos oportuno. Que cada día se cambien las decisiones, que los decretos se modifiquen por órdenes de legalidad discutible, que las medidas más determinantes para la economía varíen sin explicar la razón por la cual se adoptó una y luego se cambió por la otra, revela esa improvisación de la que hablo, que puede ser entendida como manifestación de voluntad injustificada, discrecionalidad pura y fruto de la falta de consenso y diálogo previo de un Gobierno que, tras palabras de acuerdo de voluntades, parece entender por tal la aceptación obsecuente de sus resoluciones, a salvo sus socios de gobierno, a las que complace en todo o lo intenta.

El último ejemplo de esta situación ha sido el de la desescalada, conjunto de medidas progresivas que no se explican claramente más allá de previsiones basadas en conjeturas y esperanzas, no en realidades que aseguren lo que se pretende. Un galimatías que parece haberse desarrollado con escasos elementos objetivos de base y tan amplio, como susceptible de agravar la crisis económica sin paliar los riesgos de la pandemia. En realidad, la desescalada es el reconocimiento expreso de que no se sabe nada, de que el confinamiento pudo o no pudo ser útil dado que nunca fue absoluto, no lo podía ser y que la apertura de la sociedad depende más del miedo de gobierno, que de datos ciertos que sirvan para fundamentarlo. Todo es conjetura y nada aparece avalado en informes técnicos. Al menos éstos no se publican.

Que se dijera que en la fase I solo podrían abrir las terrazas un 30% de su aforo y que ahora se permita el 50%, es la muestra evidente de que no existían datos rigurosos para limitar lo que ahora se amplía, porque de haber existido los mismos y basarse en razones de salud, no se habría producido este enésimo cambio de parecer. Claro que es razonable abrir este 50% si no hay motivos imperiosos para lo contrario. Pero, visto que no se han desvelado motivos de fondo y peso, no se entiende el porqué de un 50% y no de más. No abrir las playas, igualmente, cuando las calles se llenan de personas caminando o permitir encuentros de hasta diez personas, no parece muy lógico. Lo de la cita previa en comercios parece una broma cuando hemos estado acudiendo a supermercados y farmacias, guardando cola y asistidos por dependientes de forma personal sin problemas. No es comprensible que lo que vale para una actividad no valga para otra. Que solo pueda salir con los hijos un cónyuge, pero que ambos puedan pasear juntos, tampoco parece muy razonable. Y, en fin, esto de los tramos horarios para pasear o hacer deporte, hace que de 9 a 10 y de 20 a 21,30, las calles parezcan una feria. Todos a la vez, sin distancias de seguridad. Muchas horas tiene el día y concentrar a todo el mundo en dos horas merece alguna explicación a la vista de lo sucedido. Y así muchas de las medidas que se adoptan por puro voluntarismo, intuición o ingenio.

Vistas estas contradicciones, no parece que existan estudios técnicos rigurosos y que el gobierno atiende a presunciones, miedos, prevenciones y generalidades. Dañar la economía en estas condiciones no es razonable. Expliquen las cosas y, sobre todo, expongan los informes técnicos en que se basan. La fe no vale tras dos meses encerrados y otros dos en que se nos va a conceder libertad condicional.

Es el gobierno el que decide, sin previa consulta o diálogo con una oposición que representa a la mitad de España. No olvide Sánchez que fue investido por un solo voto. Por tanto, es el gobierno el responsable absoluto de lo que ha hecho y de lo que suceda. Y las cosas pintan mal. El futuro es oscuro y los remedios económicos que se anuncian son fuegos artificiales. Ni elevar los impuestos va a proporcionar más, porque la actividad económica ha caído. Ni prometer subvenciones y rentas es otra cosa que humo cuando no se tiene con qué pagar. Tampoco recortar sueldos a funcionarios, entre ellos médicos, enfermeros, policías o militares. A ver si tienen narices mientras mantienen intocable el tinglado desproporcionado de políticos sin función clara y sin formación ninguna.

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