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Antonio Balibrea

Opinión

Antonio Balibrea

Palabras o ladridos

Le voy a pedir una cosa: no me explique que los trabajadores de servicios sociales trabajan muy duro, ni me explique el estrés, o la presión que viven. Lo sé por lo menos 25 años más que usted. Vamos al tema. Señora concejala de Servicios Sociales, doña Julia Llopis: si tiene, como tiene, 6.300.000 euros (decreto de Alcaldía de 22 abril 2020), para atender las necesidades de los alicantinos derivadas de la pandemia y en dos meses no ha gastado más que medio millón (INFORMACIÓN 15-V-2020), dimita, está confesando una mala gestión. Mala no, pésima. Si además tenemos en cuenta que con fecha 7 de abril la Conselleria de Igualdad asignó directamente al Ayuntamiento de Alicante (decreto 43/2020), sin necesidad de pedirlo 911.901 ?, y apenas ha conseguido repartir la mitad de los recursos que tiene, sigue siendo una muy mala gestión. Una excusa perfecta para que el alcalde Barcala reduzca los presupuestos 2020 de servicios sociales más del 20%.

Dice que se abrió la Oficina Municipal de Emergencia Social que ha recibido 20.000 llamadas, unas 800 o 1.000 al día que atienden 12 teleoperadoras y 8 trabajadores sociales, dijo (Cadena Ser Hoy por hoy. 20-V-2020). Como dice el decreto de Alcaldía de 17-III-2020, debería añadir que la función de la OMES es de «coordinación de las distintas áreas municipales» y «otras administraciones públicas». Actúa como órgano delegado de varias concejalías, (Acción Social, Sanidad, Educación, Cooperación e Inmigración). Las demandas sociales son una parte, y se derivan a los profesionales para que las resuelvan por teletrabajo y telefónicamente. Es un embudo que alarga y dificulta, en especial a los usuarios de servicios sociales, la tramitación.

Una pregunta, porque es un dato que usted no aporta, ¿cuántos expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía se han tramitado desde la misma fecha? Quizá se deba a que los profesionales que los tramitaban en 2019, y a los que con la subvención anual de la Generalitat se les podría haber renovado el contrato desde primeros de enero, acaban de ser contratados en abril, y son más de medio centenar entre trabajadores sociales- el grupo más numeroso-, psicólogos, administrativos y auxiliares. ¿Por qué se han contratado tres meses después de tener aprobada la subvención para eso? Como usted debe saber la Renta Garantizada de Ciudadanía, y a partir de este mes Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando lo apruebe el Gobierno de España que asumirá los pagos, es una cantidad fija- mínimo unos 400 ? para los hogares unifamiliares- por tiempo indefinido, y compatible con determinados tipos de trabajo irregulares, como limpieza de casas, recogida de cartón, manteros, etc. Usted reprocha, y con razón, a la Conselleria que tenga por resolver 1.159 expedientes de Renta Garantizada, de los que 733 tienen informe favorable. Lleva toda la razón, me quiere decir cuántos han dejado de hacer desde finales de diciembre en este cuatrimestre. Según sus datos el año pasado durante los cinco primeros meses de su puesta en marcha (24 de abril - 30 de septiembre) se recibieron 1.282 solicitudes de rentas garantizadas (Informe Social Alicante 2018. Concejalía de Acción Social) casi la mitad del Centro Social 4, el que incluye la Zona Norte. Es decir, en este cuatrimestre, y con la pandemia, se han dejado de tramitar tantas o más, como las que tiene pendientes de resolver la Conselleria. Ahora, cuando entran en vigor los ingresos mínimos vitales no se le podrá prestar; pero eso sí, les habrán aprobado un pago de 300/350 euros de media, y por una sola vez.

Afirma que de los expedientes administrativos tramitados 1.967, el 55%, no tenían antecedentes en Servicios Sociales. Eso significa que los efectos de la pandemia han llegado a barrios con menos problemas sociales y económicos; pero lo terrible es que eso también significa que sólo en cuatro de los barrios de la Zona Norte (Virgen del Remedio, Requena, Cuatrocientas y Juan XXIII) se han dejado de tramitar más del doble, siguiendo su informe. Las PEI's-Covid no son incompatibles con otras ayudas según el decreto 43/2020.

No me extraña que le cause «sorpresa» que el Síndic de Greuges abra una queja de oficio en base a las demandas vecinales, y la labor de las asociaciones de de vecinos de la Zona Norte, de Cáritas, de Alicante Gastronómica. Lo que usted ha declarado en la radio del Síndic la define y autocalifica a usted.

«No siempre el que más ladra es el que más razón tiene. Nosotros tenemos los números» ha dicho usted. No me disculpe si lo he hecho, sólo he utilizado sus propios números y sus propias palabras. O debo decir ladridos.

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