La justificación del cese de Pérez de los Cobos ofrecida por Sánchez, la de poner fin a una llamada «policía patriótica», constituye, con seguridad, uno de los atentados más graves al sistema desde su instauración en 1978. Sánchez, legitimando el ataque contra una indeterminada y solo señalada por él policía politizada y partidista, comprende y anima a su depuración, a la purga de toda la que se englobe en ese concepto presidencial, pero cuyo fundamento cierto es, simplemente, la elaboración de un informe a petición de la autoridad judicial en el que se actuó con independencia y sin someterse a las instrucciones e intereses del Gobierno. El cese o depuración que se defiende y promueve cara al futuro se justifica, pues, en la negativa a someterse ilegítimamente al Gobierno, en el rechazo a la independencia de cualquiera de las instituciones que no acaten su autoridad, sea o no conforme con la ley. Y no sólo lo hace y anuncia Sánchez con algo más que ligereza, sino que advierte con destrozar el buen nombre y prestigio de quienes opten por hacer valer su profesionalidad y cumplir con sus funciones, aunque se equivoquen.
Más claro no ha podido ser Sánchez, cuya concepción del poder y su ejercicio no tienen referente alguno en la reciente historia de España.
Y no. No es esto un golpe de Estado, pues nuestra democracia se ha caracterizado por el uso y abuso por parte de los partidos de las instituciones para controlarlas al más puro estilo fascista o comunista. El partido único, aunque disimulado bajo una supuesta legitimidad popular que vale para todo, incluso para incumplir la ley, también fruto de la voluntad popular. La ocupación por el partido gobernante de la sociedad es síntoma de la calidad democrática, solo perfecta para los que creen en los partidos únicos, los totalitarios.
No obstante, habiendo sido aceptada esta lacra por todos, nunca los ceses de los no cercanos se habían acompañado de difamaciones a los afectados, a su honor y fama y nunca la crítica de la oposición fue considerada golpe de estado. Nunca, a quien no obedeciera, se le había impuesto la pena de su muerte civil. Y nunca, aunque fuera por guardar las apariencias, se depuraba a quienes actuaban sometidos a la autoridad judicial. Porque nunca un ministro se consideró, a la vez, el juez supremo, perdiendo en el camino buena parte de una autoridad moral ganada durante años.
Sánchez ha dado un paso adelante arriesgado al asumir una posición frentista y activista impropia de un Jefe de Gobierno, escoltado por la siempre imprudente Carmen Calvo, que ha sembrado la duda acerca de una posible conspiración militar instigada por el PP y Vox. Y son muchas ya, demasiadas, las acusaciones de golpismo a la derecha y al centro derecha, tantas que cabe ver en ellas un intento simple y llano de deslegitimar esa posición política, de excluirla del sistema. Una radicalización impropia de un país europeo en el siglo XXI. Tal vez es que este PSOE ha perdido su identidad ante tanta memoria centenaria y tanto Largo Caballero redivivo. Y ahí puede encontrar las claves de su deterioro.
No cuida las palabras este presidente, que está mucho más obligado a hacerlo que la oposición por su papel institucional y que con su ligereza introduce elementos de sospecha que pretenden solo disimular su incapacidad y vacuidad ideológica.
Porque, si se califica como «policía patriótica» a la que cumple las órdenes de los tribunales y redacta los informes que cree oportunos, no los dictados por el gobierno, cabe pensar que, de futuro, todos los nombrados serán igualmente «patrióticos», pero buenos, porque ese patriotismo merecedor de puestos, ascensos y gloria, vendrá caracterizado por el acatamiento de las órdenes gubernamentales recibidas, aunque sean ilícitas y desobedezcan a los tribunales.
Lo intolerable de todo esto es que es mentira, una más de este presidente y una más de las vertidas en este asunto, turbio como tantos otros. Se ha dicho de todo y nada coincidía con la realidad y se ha llegado a un punto en el que, para intentar disfrazar lo que solo creen los adictos, no solo adeptos, vale incluso poner en riesgo el honor de la misma Guardia Civil. La mentira se ha instalado como norma y conducta ordinaria y con esas reglas no hay juego posible, solo confrontación. El perfecto mentiroso necesita culpables siempre y nunca deja prisioneros. La verdad es su verdad, única, exclusiva y excluyente.
Pero, el presidente debería saber que no todo y todos se pueden comprar o prestar y que hay muchos que ponen el cumplimiento del deber y la ley por encima de componendas y vergüenzas. Que la vida es más, mucho más que la política de la picaresca en la que todo vale. Ya lo aprenderá. O lo ha aprendido ya, porque no se entiende en otro caso la celeridad con la que ha abierto las llamadas «puertas giratorias» que tanto repudió. Le faltó decir que las de la derecha son privilegios y, las de la izquierda, justicia y mérito. ¿Habrá apalabrado alguna para su futuro?
