Que en un país en el que la clase política ha sucumbido a la corrupción en sus múltiples manifestaciones, siendo la más destacable la financiación ilegal de los partidos, se pida a la más alta Institución, la Monarquía, una ejemplaridad rayana en la perfección so pena de derrocamiento, precisa de algún argumento adicional. Que quienes representan a los partidos políticos, que toleran y justifican la malversación permanente en que se traduce la designación ilimitada de amigos sin méritos ni conocimientos, que silencian la suciedad innata al sistema que ellos protagonizan, exijan que se ponga fin a la Monarquía por unas posibles actuaciones, sin determinar aún, de un monarca emérito que ha hecho más por este país que toda la pléyade de indocumentados e indignados que gobiernan algunos espacios públicos, es incomprensible.
Porque, si un modelo político debe ser derogado cuando sus actores incurren en actos delictivos, es claro que el sistema de partidos y la democracia basada en ellos, en la oligarquía que representan, debió hacerlo casi desde su nacimiento. Si el criterio a aplicar para deslegitimar un modelo es el utilizado para atacar a la Monarquía, el sistema de partidos no aguanta ni un minuto de pervivencia legítima. Al menos para quien desee mantener la dignidad, aunque solo sea a nivel argumental.
Claro que hay que perseguir lo indebido, pero en el marco de las leyes, no de la «Justicia» a la que aluden los que identifican esa virtud con ellos mismos. La inviolabilidad del Rey, en tanto no se suprima, es garantía constitucional que a todos obliga, sin que pueda ser ignorada atendiendo a criterios tan subjetivos, como relativos y poco creíbles.
La ley es la ley; puede cambiarse, pero no desconocerse. Aducir que la inviolabilidad es un privilegio puede ser cierto, pero tanto como otros muchos que acompañan a los cargos, no a las personas, por su relevancia pública. Y no es asumible proclamarlos o negarlos en función de los gustos de cada cual.
El rey es inviolable porque no gobierna, pero debe sancionar lo que se le presenta y es inviolable en general porque asume competencias que exigen esa inmunidad propia de quien no decide, pero da validez a lo ordenado por otros.
Para los que vivimos la Transición ese ataque descarnado de estos jóvenes revolucionarios de salón, bien vividos y poco trabajados en su mayoría, a una Monarquía ejemplar en la reinstauración de la democracia, es algo más que una estrategia política, para convertirse en un argumento que deslegitima la propia historia sentimental y personal de muchos de nosotros. Y nadie está dispuesto a renunciar gratuitamente a su pasado por causa del griterío de quienes quieren acabar con todo para imponer algo que ni ellos mismos saben qué es.
A este ataque contra toda una época se suma ahora el dirigido contra Felipe González, esta vez amparado por el actual aparato socialista, sanchista mejor dicho y por los zapateristas que lo precedieron y dieron forma a un partido que cada vez se parece menos al que fue el mejor de toda su historia, con diferencia. Tanto la Monarquía, como los partidos políticos de entonces, casi todos, conformaron una sociedad plural, que miraba hacia adelante, no al pasado y en la que la convivencia y el respeto mutuos eran la base del progreso. Y ahí están los resultados de varios decenios de entendimiento. Nadie quiso perpetuar un franquismo de derechas, ni imponer una sociedad caracterizada por la supremacía de los valores de la izquierda. Se trataba de sumar, no de restar; de unir, no de confrontar. Éramos mejores, mucho mejores que los que quieren imponer lo suyo y esclavizar a los que piensan diferente imponiendo censuras que llegan al ridículo por su estupidez, por la incultura que reflejan y por el desprecio a la belleza en todos sus sentidos.
No puede el PSOE seguir la tendencia que marcó Zapatero, su gusto por el frente populismo, por la imposición de valores morales absolutos, su radicalidad en la elección de las verdades únicas y sus ataques a una forma de ver y entender la vida, la de los que se consideran conservadores en sus principios vitales, tan legítimos como los contrarios. Menos aún perseverar en esa dirección que califica de villanos a unos y de héroes, que siguen hoy siendo exaltados, a los que engrosaron una banda de asesinos: ETA.
El PSOE no se ha sumado a los ataques a la Monarquía, pero sí lo ha hecho a González, iniciando otra revisión histórica que le puede llevar a lugares a los que no debe acudir. El asunto de los GAL fue juzgado y resuelto sin que los tribunales encontraran responsabilidad alguna en González. No se puede, como pide el PNV, abrir una comisión de investigación para revisar una sentencia firme. Y, tampoco, como sostiene Echenique, cabe sostener que todos sabemos la verdad de lo ocurrido, aunque esta presunta verdad nada tenga que ver con lo juzgado. Esa es la única verdad, intangible, en un Estado de derecho.
Se equivoca el PSOE si camina en esta dirección. Muchos, más de los que cree, aún le votan por lo que fue, no por lo que es o ha sido en el pasado reciente. Que no lo olvide. Puede salirle cara la elección.
