A principios de septiembre de 2019, Alicante y en particular en la Vega Baja, junto con otras provincias del sureste peninsular, sufrió el fenómeno de la gota fría, bautizada como DANA. Esta comarca tiene una importancia estratégica. Es una de las principales regiones agroalimentarias de Europa, centrada, entre otros, en la producción de cítricos y cultivos hortícolas. Pero también tiene una orografía complicada. Es un territorio plano, junto, y ganado, al mar, a merced de ramblas y torrenteras. En consecuencia, las intensas precipitaciones, el desbordamiento del río Segura y los fuertes vientos ocasionaron en esta zona cuantiosos daños. Hasta 600 litros por metro cuadrado inundaron varias comarcas alicantinas, siendo la Vega Baja del Segura, la más perjudicada. Municipios como Orihuela, Dolores, Almoradí o Redován, sufrieron especialmente. No solamente tuvimos que hacer frente a riadas y carreteras cortadas, sino que desafortunadamente hubo que lamentar dos víctimas mortales a pesar de la rápida respuesta del presidente Ximo Puig que se desplazó a la zona inmediatamente, y del Gobierno de España.

Tras una evaluación conjunta en todas las regiones afectadas, los costes ascendieron a 2.270 millones de euros. En el caso de la Comunidad Valenciana, las estimaciones de pérdidas ocasionadas por la gota fría se sitúan en torno a los 1.500 millones de euros. Dada la cuantía de los daños, Ximo Puig pidió un plan de ayuda al Gobierno y a las instituciones europeas. En efecto, se trata de un desastre que nuestra tierra no puede, ni debe, afrontar sola. Por un lado, hay que asegurar las inversiones necesarias para compensar los efectos de temporales como la DANA o GLORIA y, por otro, reforzar los mecanismos de prevención para evitar daños mayores la próxima vez que nuestra tierra deba afrontar una tormenta extrema, y de la cual tampoco pudimos ni siquiera aprovechar la enorme cantidad de agua pluvial precipitada, y que tanto escasea el resto del año.

La visita a Orihuela del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans el 18 octubre de 2019, fue una primera e importante señal de que Europa está presente cuando se la necesita. El vicepresidente socialista recogió la petición del Presidente Puig y prometió trabajar junto al Gobierno español y los gobiernos regionales y locales para acelerar llegada de ayuda de la UE. Los eurodiputados Inmaculada Rodríguez-Piñero, Estrella Durá y yo mismo nos sumamos a la petición de mayor inversión, al solicitar el 29 de octubre a la Comisión Europea ayudas europeas urgentes que compensaran los daños. Así, en enero de 2020 la Unión Europea transfirió un primer avance de 5,7 millones de euros de ayuda urgente para aliviar los daños inmediatos de la DANA.

A continuación, el 30 de abril de 2020, la Comisión propuso incrementar en 272 millones euros la línea presupuestaria para la asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe grave de carácter natural, de los cuales 56,7 millones de euros se destinarían a España para atender los daños causados por la DANA a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), propuesta que el Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio de 2020. Fue un orgullo, como eurodiputado alicantino y europeísta, poder votar a favor.

Con los fondos ya aprobados, el FSUE podrá ser utilizado en Alicante para paliar daños en infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, adecuar las redes de agua, y las dotaciones de protección, medio ambiente y hogares, así como subsanar las importantes erosiones en playas y costas.

Con todo, también hemos reclamado la necesidad de reevaluar los criterios para conceder ayuda del FSUE para que las regiones puedan cumplir con ellos más fácilmente mediante un ajuste del límite necesario de daños (actualmente 1,5% del PIB regional).

Adicionalmente, en su informe del 2 de junio 2020, el Parlamento Europeo justificando la aprobación de las ayudas, se hizo eco de nuestra petición al afirmar que el FSUE debe ser reformado para mejorar su utilización ante catástrofes naturales derivadas del cambio climático.

Pero como se decía más arriba, de este triste episodio, también debemos extraer lecciones a futuro. Según la Agencia Europea de Medioambiente, las pérdidas derivadas de factores climatológicos y eventos climáticos extremos ascendieron a 37.160 millones de euros en España durante el período 1980-2017. Los eventos climáticos extremos serán, muy posiblemente, más frecuentes en el futuro debido al calentamiento global y debemos prepararnos.

A medio plazo, también en nuestro escrito de octubre, pedimos a la Comisión medidas que previnieran los efectos de fenómenos meteorológicos similares. Consideramos imprescindible impulsar una estrategia de lucha contra el cambio climático específica para el Mediterráneo, que dé respuesta a las peculiaridades de nuestra provincia y de la Vega Baja. En esta dirección trabajaremos los eurodiputados socialistas valencianos.

Finalmente, tal y como defendemos los socialistas en España y en Europa, es necesario dotarnos de un plan de inversiones verdes que sea capaz de revertir y mitigar las indeseables consecuencias del cambio climático que se asocian a fenómenos como la DANA. El Pacto Verde Europeo avanza en esta dirección. Adicionalmente, se espera que el nuevo Plan de Recuperación post-pandemia que ha presentado la Comisión Europea, por valor de 750.000 millones de euros, destine el 25 por ciento del mismo a la acción climática.