Expresaba el otro día en un artículo The New York Times su temor de que un país como China, acostumbrado al pirateo industrial, pudiera hacerse ilegalmente con la fórmula de una eventual patente contra el Covid-19.
¿Y qué habría de malo en ello se pregunta Dan Baker, economista del Center for Economic and Policy Research, de EEUU, si a su vez el gigante asiático pusiese la vacuna "robada" a disposición no sólo de sus ciudadanos sino de los países del mundo en desarrollo?
Ni puede excluirse que sea algún laboratorio chino el primero en desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus. ¿No nos gustaría en ese caso que China pusiese la composición de la vacuna a disposición de todo el mundo?
¿O actuará también, llegado el caso, ese país con su capitalismo de Estado como está dispuesto a hacerlo cualquiera de nuestro mundo occidental?
¿Por qué no aplicar a esa y otras vacunas para tratar esta y futuras pandemias el "código abierto". ¿No deberían estar ese tipo de datos a disposición de todo el mundo cuando se trata de combatir un agente patógeno que no distingue entre nacionalidades?
¿Por qué, en lugar de cada laboratorio trabaje por su cuenta y riesgo, no fomentan los gobiernos la colaboración de los científicos de todo el mundo? ¿No se ahorrarían así esfuerzos y dinero público y se conseguiría antes la tan necesaria vacuna?
Está claro que cada laboratorio aspira actualmente a ser el primero en lograr ese objetivo para obtener la correspondiente patente y los pingües beneficios para sus directivos y accionistas que se derivarían de ella mientras durase su monopolio.
Pero se olvida demasiado fácilmente la labor científica desarrollada por universidades e institutos públicos, la previa formación de los investigadores, financiada también con dinero público, y demás aspectos relacionados con los avances científicos donde quiera que se produzcan.
Ocurre también en otros sectores de la industria, entre ellos el de la la producción de armamento: así, por ejemplo, en EEUU el Pentágono firma multimillonarios contratos plurianuales con empresas del sector privado como Boeing o Lockheed, que a su vez subcontratan a otras más pequeñas la producción de componentes.
Muchas de las investigaciones de la industria militar, generosamente financiadas por los Estados, derivan en aplicaciones civiles, los llamados "spin-offs", argumento que utilizan muchas veces los Gobiernos para justificar su abultado gasto en defensa.
La industria militar es un negocio de los más lucrativos que existen, si no el más lucrativo de todos, y mientras existan las guerras y la rivalidad entre bloques o países, se mantendrá inevitablemente el secretismo en torno a ese tipo de producción.
Pero ¿tiene sentido la competencia entre países y laboratorios cuando de lo que se trata es de acabar cuanto antes con un agente patógeno que no sólo supone una amenaza letal para millones de seres humanos sino que es además capaz de paralizar economías enteras?
Es cierto que todo lo relacionado con las patentes ha sido objeto de largas negociaciones, rodeadas de fuerte polémica, en el seno de la Organización Mundial de la Salud: baste recordar la batalla para permitir la producción de genéricos más baratos contra el sida.
¿Por qué no comparten ya los científicos de todo el mundo que trabajan en la vacuna los descubrimientos que haya podido realizar cada uno por su cuenta y se deja para más tarde la distribución de los costos? ¿Hasta cuándo seguiremos anteponiendo a la salud el valor en bolsa?
