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Ocurrencias no, por favor

Incluso suponiendo que la idea de poner en marcha un pasaporte sanitario para aquellas personas que hayan superado la enfermedad infecciosa de Covid-19 con el cual se pudiese justificar, en teoría, no ser transmisor de la enfermedad, haya sido pensada desde la buena fe del ignorante que pretende solucionar lo que no está a su alcance, la decisión inicial de la Comunidad de Madrid de que cada persona que haya superado el covid-19 tenga una tarjeta sanitaria especial que lo acredite para poder hacer así vida normal, ha sido rápidamente criticada y respondida por el colectivo médico y por expertos en epidemiología así como por la propia OMS.

Lo primero que salta a la vista es que a día de hoy no hay ningún estudio que acredite que haber pasado la enfermedad suponga adquirir inmunidad. De hecho, se han dado algunos casos de ancianos que han vuelto a contagiarse por segunda vez. Por tanto, este tipo de justificantes daría pie a equívocos y a acciones discriminatorias, así como a posibles focos de infección y nuevos rebrotes. Si algún empresario hiciera caso a este pasaporte contratando a personas que lo tienen en vez de a otras que no lo tienen, estaría incurriendo en una clara discriminación además de introduciendo en el ámbito laboral bombas de relojería infecciosas. Según explicó Isabel Díaz Ayuso, este pasaporte sanitario de la Comunidad de Madrid otorgaría a sus poseedores de una especie de patente de corso para moverse libremente por cualquier lugar sin tener que observar las medidas estrictas de higiene, distanciación social, horarios y uso de mascarilla que son, en realidad, las únicas armas que posee la sociedad española para poder evitar la propagación de la enfermedad.

Si la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como principal responsable de la salud de sus habitantes, quiere de verdad tomar medidas que conduzcan a asegurar la salud de los madrileños lo tiene fácil. Sólo tiene que revertir la política de privatizaciones salvajes de la sanidad pública madrileña llevadas a cabo por sus predecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre (ambos inmersos en investigaciones judiciales por corrupción o por financiación ilegal del Partido Popular de Madrid), privatizaciones que fueron paradas en los juzgados y en la calle en forma de manifestaciones por el mismo el personal sanitario que ahora ha salvado la vida de miles de personas y que la presidenta Isabel Díaz no se cansa de alabar.

Durante la época más dura de las privatizaciones se construyeron en la Comunidad de Madrid hospitales carcasas, es decir, edificios casi vacíos que no comenzaban a funcionar hasta meses después de su inauguración y de la respectiva fotografía ante los medios de comunicación. Hospitales que se entregaban a la sanidad privada para su gestión a cambio de un beneficio que obviamente tenía su origen en los impuestos de los madrileños.

Durante los meses de confinamiento los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular se quejaban de que su opinión no era tenida en cuenta. Especialmente beligerante con el presidente del Gobierno fue la presidenta de la comunidad de Madrid. Nada de lo que hizo Sánchez le pareció correcto. El motivo por el que Madrid tuvo una desescalada más lenta en la adquisición de lo que se ha llamado nueva normalidad fue porque no contaba con el personal imprescindible para poder atender a un hipotético rebrote en el número de enfermos, sobre todo en la sanidad primaria de los centros de salud. Esta circunstancia también se produjo en otras comunidades autónomas como Cataluña. A esto hay que sumar que el Gobierno era partidario de mantener el mando único hasta que los gobiernos autonómicos contrataran personal para hacer seguimiento telefónico de los contactos de los pacientes infectados, los llamados rastreadores. A tal efecto la vicepresidenta Carmen Calvo recordó hace unos días que el Gobierno central entregó en lo más duro de la pandemia 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar la gestión sanitaria de las mismas.

El problema es el de siempre. Criticar es siempre fácil y provechoso, pero cuando hay que tomar las decisiones por uno mismo la cosa cambia. De repente, se da uno cuenta que las decisiones que tome van a afectar a las personas que le rodean y es entonces cuando asoma el peso de la responsabilidad y el miedo a perjudicar a los demás.

Si Díaz Ayuso y el Partido Popular quieren ayudar para salir cuanto antes de esta profunda crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos lo mejor que podría hacer es arrimar el hombro y reconocer los errores. En Europa, los países que pusieron todas las trabas posibles al acuerdo de reparto de fondos europeos, hubieran podido ser convencidos de su necesidad con mayor facilidad si el Partido Popular hubiese apoyado al Gobierno. Admitiendo que las privatizaciones de la sanidad pública han empobrecido la asistencia sanitaria, revertiendo esa dinámica no podrá devolver la vida a los miles de ancianos de residencias geriátricas de la Comunidad de Madrid cuyo ingreso hospitalario fue negado por órdenes internos de los responsables sanitarios, pero evitaría que se reprodujese en el futuro.

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