La verdad es que algún presidente autonómico debería dimitir por su inhibición en materias de su competencia. Cuando se accedió a la nueva normalidad, desde el Ministerio de Sanidad se repitió, por activa o por pasiva, la necesidad de seguimiento de los brotes y el rastreo de las personas que puedan haberse contagiado del virus. Así viene estipulado en la "Estrategia de Detección Vigilancia y Control del Covid 19" actualizado el 9 de este mes. Cataluña ha tenido hasta la semana pasada 120 rastreadores y a mediados de este mes, después de dos meses con el cargo vacante, ha conseguido nombrar a un secretario, José María Argimón, para la Agencia de Salud Pública Catalana. Incluso el lunes 27 todavía la consellera Alba Vergés anunciaba que en una semana habrá 400 rastreadores- "Gestores COVID", les llama- y se pondrá en marcha un potente programa informático, que todavía no funciona. A ellos se suman otros 120 telefonistas, que pueden ampliarse a 900 y colocan a Cataluña con más de 18 rastreadores por cada 100.000 habitantes. La media en España en ese momento era de 34 por 100.000 habitantes. A Cataluña le corresponderían, con esa proporción, más de 2000 rastreadores. Sin embargo, la Generalitat incluso ha rechazado las ofertas de apoyo en esta tarea de los ayuntamientos de Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, que piden mayor consenso y colaboración entre administraciones. Sin el rastreo proactivo de casos cortar el contagio comunitario es imposible. También son necesarias las estructuras para el aislamiento de casos con los recogedores de fruta. Esta era la consellera que reprochaba al gobierno de Sánchez lo mal que lo estaba haciendo; cosa que no habría pasado, según ella, si Cataluña hubiera sido un estado independiente. Ahora ha tenido ocasión de demostrarlo, y ya vemos. Ahora el President de la Generalitat, Quim Torra, alerta de que la situación de Cataluña es demasiado crítica y advierte a los ciudadanos que "si en 10 días no han controlado la situación no le temblará el pulso sin doblegarse a ninguna presión, ni a ningún lobby".
Lo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, es de Guinness a las 24 horas de plantear medidas "originalísimas" como la cartilla del COVID, su vicepresidente tiene que desdecirla, y no es la primera vez. Lleva desde marzo prometiendo ampliar la plantilla de atención primaria, hasta ahora lo único que ha hecho es contratar por urgencia a Telefónica e Indra, por 400 mil euros mes para hacer un rastreo telefónico. Ahora ha prometido llegar a 350 rastreadores. Al igual que a Cataluña le corresponderían más de 2000. No hay datos homologables de cuántos rastreadores tiene cada comunidad. El único dato que pública la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica es la mediana de los contactos identificados por caso. El último Informe nº 36 señala una mediana en España de 3 contactos identificados con un mínimo de 1 y un máximo de cinco. Por encima de esa mediana están Canarias (10); Andalucía, Extremadura, Navarra, con cinco; y Comunidad Valenciana Galicia o Murcia con 4. En un 47% de los casos no se sabe cómo han contraído la enfermedad en el caso de Cataluña esa proporción llega al 72 %.
Si antes se culpaba al gobierno central, ahora se vuelca la responsabilidad el incumplimiento de los ciudadanos- algo hay, aunque sea mínimo-, sea por fiestas familiares, botellones, gimnasios, etcétera. Probablemente el origen de algunos contagios está aquí; pero es clave para que no haya una contaminación comunitaria que las autoridades correspondientes, en este caso autonómicas, cumplan con su parte teniendo una buena red de atención primaria, de seguimiento y rastreo de los casos. Una cosa es predicar, o amenazar como ha hecho Torra, y otra dar trigo es decir gestionar bien las medidas necesarias.
