Comenzar diciendo que el legado histórico de Juan Carlos I es inmenso parece un recurso de estilo -de hecho se repetirá hoy como un eco- pero responde a una realidad. Aunque siempre me haya parecido excesiva la polarización de la transición a la democracia en la figura del Rey (lo he dejado escrito hace décadas), y me haya metido bastante a fondo a escudriñar en los pliegues en sombra de su episodio estelar posterior -la reacción al golpe del 23 de febrero de 1981- no debería tener duda para nadie con una mínima objetividad la enorme importancia de su contribución a que el cambio democrático en España, y el cierre de la gran herida de la Guerra Civil, ni supusieran un nuevo trauma ni la "vuelta de la tortilla" que el franquismo sociológico y económico temían. Hoy resulta fácil lamentar que hubiera sido así, y la herencia del franquismo no fuera liquidada de otro modo, pero ese tipo de liquidaciones con legrado dejan siempre una resaca que antes o después genera una nueva ola, y ésta después otra. Dicho lo anterior, conviene no mezclar las cosas, antes bien, dejarlas bien separadas. Ese inmenso legado de Juan Carlos I es compatible con probables "errores" (usemos de momento el término) de gran magnitud en su vida personal -o, más en concreto, en su vida económica personal- y con la necesidad de esclarecerlos sacando las consecuencias que resulten obligadas. Bajo ese punto de vista, la salida de España del todavía Rey emérito podría ser oportuna, pero a condición de que se trate de un movimiento más dentro de una hoja de ruta que habría comenzado con la abdicación y proseguido con el relativo apartamiento aplicado en los últimos tiempos. Podría serlo, digo, porque la paulatina aproximación de la maquinaria de la justicia a lo sucedido, de la que la reciente asunción de la investigación por la Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido un dato muy significativo, podría hacer de esa indagación y eventual persecución de los hechos en régimen de total vecindad física un elemento demasiado contaminante de la vida política e institucional española; y aunque sea cierto que esto es lo que le sucede a cualquier ciudadano, conviene no extremar las cosas, y la prudencia de Estado tal vez aconseje una fórmula del tipo de la elegida, no tanto para proteger al Emérito como para evitar un excesivo zarandeo de la Corona como institución en los tiempos que corren. Debo explicar las dos cosas que acabo de decir. Hablo de prudencia de Estado porque es evidente que de un asunto de Estado se trata, aunque en un minimalismo tal vez impropio se le haya dado forma de carta de un padre a un hijo, insuficiente tanto en las formas como en el contenido. Y planteo la conveniencia de no zarandear a la Corona porque, sea uno monárquico o republicano, lo cierto es que el Rey Felipe VI ha desempeñado, asumiendo un fuerte riesgo, un crucial papel en la desactivación (momentánea al menos) de un golpe secesionista, y desde ese mismo momento se ha convertido en el gran enemigo a batir -y abatir- para quienes lo protagonizaron o secundaron. Aunque el argumento de "no es el momento" haya formado parte siempre de las defensas exteriores del repertorio dinástico, en pocas ocasiones será tan verdadero como ahora. Ahora bien, la condición para que esa decisión tal vez prudente lo siga siendo, y pase el corte de un juicio histórico democrático, es que la hoja de ruta -que supongo alguien tendrá negro sobre blanco, con sus variantes- prosiga por todos sus pasos, y la salida de España no sea nada parecido a un saldo final. Doy por seguro que nadie estará siquiera pensando que pueda serlo. No dudo, por tanto, de que la Fiscalía seguirá con su trabajo para esclarecer los hechos y tomar postura al respecto, que si hay materia y modo de persecución judicial se llevaría a cabo y que las consecuencias serían en tal caso las que deban ser en todos los órdenes, incluido el económico. Y es de esperar que todo ello se desarrolle con el mayor celo, pulcritud y transparencia, pues de que sea así dependerá la suerte de la dignidad del Estado, que es un gran patrimonio de todos los españoles. Solo cuando el Estado permanece indemne a los errores de un monarca se puede seguir permitiendo el lujo de una monarquía. Comenzar diciendo que el legado histórico de Juan Carlos I es inmenso parece un recurso de estilo -de hecho se repetirá hoy como un eco- pero responde a una realidad. Aunque siempre me haya parecido excesiva la polarización de la transición a la democracia en la figura del Rey (lo he dejado escrito hace décadas), y me haya metido bastante a fondo a escudriñar en los pliegues en sombra de su episodio estelar posterior -la reacción al golpe del 23 de febrero de 1981- no debería tener duda para nadie con una mínima objetividad la enorme importancia de su contribución a que el cambio democrático en España, y el cierre de la gran herida de la Guerra Civil, ni supusieran un nuevo trauma ni la "vuelta de la tortilla" que el franquismo sociológico y económico temían. Hoy resulta fácil lamentar que hubiera sido así, y la herencia del franquismo no fuera liquidada de otro modo, pero ese tipo de liquidaciones con legrado dejan siempre una resaca que antes o después genera una nueva ola, y ésta después otra. Dicho lo anterior, conviene no mezclar las cosas, antes bien, dejarlas bien separadas. Ese inmenso legado de Juan Carlos I es compatible con probables "errores" (usemos de momento el término) de gran magnitud en su vida personal -o, más en concreto, en su vida económica personal- y con la necesidad de esclarecerlos sacando las consecuencias que resulten obligadas. Bajo ese punto de vista, la salida de España del todavía Rey emérito podría ser oportuna, pero a condición de que se trate de un movimiento más dentro de una hoja de ruta que habría comenzado con la abdicación y proseguido con el relativo apartamiento aplicado en los últimos tiempos. Podría serlo, digo, porque la paulatina aproximación de la maquinaria de la justicia a lo sucedido, de la que la reciente asunción de la investigación por la Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido un dato muy significativo, podría hacer de esa indagación y eventual persecución de los hechos en régimen de total vecindad física un elemento demasiado contaminante de la vida política e institucional española; y aunque sea cierto que esto es lo que le sucede a cualquier ciudadano, conviene no extremar las cosas, y la prudencia de Estado tal vez aconseje una fórmula del tipo de la elegida, no tanto para proteger al Emérito como para evitar un excesivo zarandeo de la Corona como institución en los tiempos que corren. Debo explicar las dos cosas que acabo de decir. Hablo de prudencia de Estado porque es evidente que de un asunto de Estado se trata, aunque en un minimalismo tal vez impropio se le haya dado forma de carta de un padre a un hijo, insuficiente tanto en las formas como en el contenido. Y planteo la conveniencia de no zarandear a la Corona porque, sea uno monárquico o republicano, lo cierto es que el Rey Felipe VI ha desempeñado, asumiendo un fuerte riesgo, un crucial papel en la desactivación (momentánea al menos) de un golpe secesionista, y desde ese mismo momento se ha convertido en el gran enemigo a batir -y abatir- para quienes lo protagonizaron o secundaron. Aunque el argumento de "no es el momento" haya formado parte siempre de las defensas exteriores del repertorio dinástico, en pocas ocasiones será tan verdadero como ahora. Ahora bien, la condición para que esa decisión tal vez prudente lo siga siendo, y pase el corte de un juicio histórico democrático, es que la hoja de ruta -que supongo alguien tendrá negro sobre blanco, con sus variantes- prosiga por todos sus pasos, y la salida de España no sea nada parecido a un saldo final. Doy por seguro que nadie estará siquiera pensando que pueda serlo. No dudo, por tanto, de que la Fiscalía seguirá con su trabajo para esclarecer los hechos y tomar postura al respecto, que si hay materia y modo de persecución judicial se llevaría a cabo y que las consecuencias serían en tal caso las que deban ser en todos los órdenes, incluido el económico. Y es de esperar que todo ello se desarrolle con el mayor celo, pulcritud y transparencia, pues de que sea así dependerá la suerte de la dignidad del Estado, que es un gran patrimonio de todos los españoles. Solo cuando el Estado permanece indemne a los errores de un monarca se puede seguir permitiendo el lujo de una monarquía.
