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Crisis en el reino de España

La marcha del emérito al exilio por actitudes poco compatibles con la dignidad de la Corona abre una brecha que amenaza con dividir aún más al país y pone a la Monarquía frente a la que puede ser su última oportunidad

España está en crisis. Conviene decirlo alto y claro. No es solo un latiguillo ni una perogrullada. Una crisis se da cuando en la rutina diaria una sociedad no actúa según la pauta convenida o lo hace obedeciendo mandatos que resultan conflictivos, poniendo en riesgo su estabilidad. Los españoles llevamos un tiempo de discordia permanente, en que las instituciones, los símbolos y las certidumbres que nos vinculan en común son cuestionados a diario en el centro de la esfera política. Los hechos que lo prueban arrecian desde hace una década y son inequívocos. Con el traslado del rey Juan Carlos fuera de España, la crisis ha adquirido un carácter más agudo y parece haberse acelerado, sin que sea posible determinar en qué dirección avanza.

La crisis que padece nuestro país tiene todos los ingredientes para convertirse en una de alcance histórico. El episodio de esta semana resume bien lo que nos pasa. En él se mezclan emociones encontradas con la deliberación de asuntos trascendentales para la sociedad española. El protagonista principal es el rey emérito, cuya vida está jalonada por sucesos únicos, desde la muerte accidental de su hermano hasta la rivalidad con su padre en la sucesión al trono, el golpe de estado contra su gran obra política que debió repeler, la abdicación y los que un futuro incierto, que acaba de comenzar, le depare. Esa vida se tiñe de drama al repasar los desencuentros familiares. Siendo niño, su progenitor le envió desde Portugal a España para ponerse a las órdenes de Franco, luego tuvo que encajar la expulsión de Zarzuela de su hija Cristina por las actividades ilegales de su esposo y ahora es él mismo el que ha tenido que dejar su residencia habitual y el país.

La adversidad se ha alternado con la fortuna en la peripecia vital del rey Juan Carlos. Hacedor del milagro de transformar pacíficamente una dictadura inamovible en una democracia avanzada, para la que muchos pensaban que la sociedad española no estaba dotada, su figura de estadista abierto y pragmático fue subida a un pedestal. Los españoles de la transición no tenían una convicción monárquica profunda, pero se sintieron bien representados y orgullosos de su rey. Durante tres décadas, tal como registran todas las encuestas de la época, el monarca fue el actor institucional que inspiraba más confianza y mejor valorado.

La sintonía del rey Juan Carlos con el pueblo español empezó a perderse en el transcurso de la primera década de este siglo. Las nuevas generaciones de jóvenes manifestaron una mayor disconformidad con el sistema político en general, que hicieron extensiva a la Corona. El cataclismo de 2008 en la economía también enturbió, inevitablemente, el ambiente político. La prensa se mostró más desinhibida con la información sobre la Casa Real y desveló aspectos medio ocultos de la vida del Rey que torcieron el gesto hacia él de la sociedad española. El nacionalismo catalán, convertido al independentismo, y Podemos, que en los primeros años capitalizó con éxito el movimiento de protesta del 15M, impugnaron la legitimidad de la monarquía española y así, en resumen, tuvo lugar la caída en desgracia del rey Juan Carlos, de la cumbre a la picota, la patente pérdida de su reputación y su carisma, que lo abocaron en 2014 a presentar la renuncia. A pesar de que las opiniones divergen y la historia de este desencuentro no está cerrada, es obvio que en la relación entre el rey emérito y el pueblo español algo ha quedado definitivamente roto.

Por lo que se refiere a la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos pertenece al pasado, aunque este sea demasiado reciente. Pero su caso permanece abierto a otros efectos varios, ha provocado una fuerte convulsión política en el país y sus implicaciones alcanzan a su sucesor y a la forma monárquica del Estado. Los españoles siguen con mucho interés los acontecimientos y se hacen preguntas. Quieren saber lo que hay de cierto y de falso en las revelaciones publicadas sobre su conducta, que se aclare quién tomo la decisión de su marcha y, sobre todo, conocer su residencia actual y las condiciones de su estancia allí. Es inaudito que en estas circunstancias los ciudadanos de una democracia no sepan el paradero de su rey emérito y tengan que resignarse a especular como si fueran miembros de otro estado. El presidente del Gobierno, en su intervención inicial en la rueda de prensa que dio el martes antes de irse de vacaciones eludió el tema y, ante la insistencia de los periodistas, prometió transparencia y rendición de cuentas, pero ofreció opacidad absoluta con el pretexto de no regalar un titular.

Las reacciones de los partidos van en direcciones opuestas, ahondando la división política de la sociedad española. Unos estiman que el reinado de Felipe VI queda desacreditado sin remedio y que ha llegado el momento de discutir la forma del Estado. Podemos está decidido a pedir explicaciones, trata de abrir paso a la posibilidad de celebrar un referéndum y ya vislumbra la república en un futuro próximo. El presidente de Cataluña ha pedido la abdicación de Felipe VI y su vicepresidente pretende hacerle comparecer en el Congreso para exigirle responsabilidades. Los grupos nacionalistas elevan también su presión sobre el Gobierno y el Rey con demandas de un debate público. Mientras, los partidos de la derecha reclaman al Gobierno una defensa cerrada de la Corona, que consideran intocable, y de los dos reyes. La sociedad española, preocupada por la pandemia y la economía, mantiene un silencio perplejo y expectante, pero es previsible que la polémica cobre un nuevo impulso en el otoño.

Por su parte, el Gobierno afronta el problema en una delicada situación. Las discrepancias internas en este asunto son notorias, tanto que ha perdido la unidad de acción. El PSOE ha recurrido a los partidos de la oposición para detener en el Congreso iniciativas de su socio de coalición y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo. Podemos se ha quejado públicamente de no haber sido consultado ni informado en este punto por el presidente del Ejecutivo y no ceja en su empeño de proponer una reforma constitucional. Pedro Sánchez ha proclamado lealtad al pacto de 1978 y el propósito de robustecer las instituciones, entre ellas la Corona, pero el gobierno que preside no está en condiciones de hacer una gestión eficaz al respecto, en minoría, claramente descoordinado y a expensas de partidos nacionalistas antimonárquicos para aprobar los presupuestos, imprescindibles para combatir la recesión económica y garantizar su supervivencia.

El punto de ebullición de la crisis actual se alcanzará cuando en el debate público domine la disyuntiva entre monarquía y república. Hay en esta cuestión cuentas pendientes de la historia pasada y de la transición. Aún se discute sobre la ejecutoria de la dinastía borbónica, a quién imputar el fracaso de la II república y la predisposición de los partidos de izquierdas a aceptar que nuestra democracia lleve corona. Cierto es que los partidos republicanos no pudieron concurrir a las primeras elecciones después de la muerte de Franco y que podríamos estar, por una fatal jugada del destino, ante la hipótesis descartada por Óscar Alzaga de un rey delincuente, lo que supondría, ha afirmado, "el ocaso de la institución monárquica". Este es, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos para reprobar, abusivamente, también a Felipe VI, cuyo reinado en esta faceta no tiene tacha hasta la fecha, y promover una república.

Sin embargo, en sus pronunciamientos más recientes Pablo Iglesias ha aludido a su inutilidad y a su carácter intrínsecamente no democrático para denostar a la monarquía. Conviene recordar, en relación con lo primero, que la monarquía hizo posible la democracia. No tanto por la contribución personal de Juan Carlos, que antes de ser reconocida fue ninguneado por toda la clase política de la época con algunas excepciones, sino porque la propuesta republicana seguramente hubiera hecho imposible la transición en aquel momento. Poco antes de fallecer, Alfredo Pérez Rubalcaba declaró que no había otra forma de estado que hubiese concitado en España un consenso más amplio que la monarquía. Los datos de que disponemos indican que los españoles perciben la utilidad de la Corona. La valoración de Felipe VI acusa un moderado descenso en los últimos años, pero aun así es muy superior a la que les merece a los españoles el resto de los actores políticos, especialmente los partidos y el gobierno. Aunque en torno al 60% no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, el 78% opina que los 40 años de monarquía parlamentaria constituyen el mejor período de nuestra historia. Lo creen así tres de cada cuatro votantes de Podemos.

Respecto al segundo argumento, repárese en el hecho de que en ninguna democracia todo es democrático. Las democracias no solo tienen muchas impurezas, sino que como resaltó Bobbio en un célebre ensayo sobre las promesas no cumplidas de la democracia, en los sistemas democráticos hay áreas u organizaciones que no se rigen por reglas democráticas y, no por ello, añado yo, carecen de legitimidad social. Por otro lado, la monarquía ha demostrado tener una compatibilidad plena con las instituciones electivas y la democracia, debido a que el no disponer de un poder efectivo le permite a la corona ejercer con solvencia las otras funciones simbólicas, moderadoras y representativas que suele tener asignadas. Un rey nunca podrá disfrutar del caché democrático que le otorga al jefe de estado republicano su elección por los ciudadanos, pero la experiencia histórica y el curso que sigue la vida política multipartidista en la democracia española actual aconseja prudencia y huir de los juicios apodícticos cuando se trata de seleccionar las instituciones que faciliten el mejor rendimiento de un sistema político.

España es una monarquía parlamentaria, por tanto democrática, y antes de plantear un cambio en la forma del estado es oportuno hacer balance de este periodo histórico, sopesar bien los argumentos favorables y contrarios a la monarquía y a la república, y calibrar las consecuencias previsibles de tal decisión. El rey Juan Carlos asumió responsabilidades con su abdicación y ahora es el sistema judicial el que deberá adoptar un criterio fundado sobre la espinosa cuestión de la inviolabilidad y juzgar, si procede, sus actos. Por supuesto, además el jefe del Estado está expuesto al juicio de la opinión pública. Lo que debe evitarse es caer en la tentación fácil de hacer juicios sumarios populares a partir de rumores, medias verdades y con las emociones primarias desatadas. Con Felipe VI se inició un nuevo reinado. Sería injusto que el reproche dirigido a su padre le fuera transferido a él sin más por vía hereditaria. Vendría bien que de esta y otras experiencias similares saquemos la lección de la importancia que tiene en cualquier sociedad la existencia de controles y contrapoderes, una prensa que haga bien su trabajo y unos ciudadanos atentos.

La crisis abierta por el caso del rey Juan Carlos sitúa en otra dimensión las crisis sectoriales, contadas y enumeradas una a una cada día en los periódicos. Se añade a ellas y en cierto modo las funde en una mayor, superlativa, la más enrevesada y oscura que ha vivido nuestro país desde la transición. Es una crisis de fondo y su evolución y el balance que podamos hacer cuando haya pasado dependerá de cómo la gestionemos. De partida, la sociedad española está políticamente muy dividida. La crisis nos divide aún más y esa división, en gran medida inducida por las organizaciones políticas, a su vez agranda la crisis y entorpece su manejo. Los españoles hablamos mucho del asunto del rey emérito, pero sabemos muy poco, porque hasta su paradero se nos ha pretendido ocultar. Habrá que estudiar la conveniencia de una regulación más estricta de la Casa Real. También el gobierno puede hacer mucho más para arraigar las instituciones en la sociedad española y tratar con más respeto a los ciudadanos, sin ir más lejos, en materia informativa.

Es posible que estemos ante la última oportunidad de la monarquía en España. O quizá Felipe VI logre superar este trance y la próxima generación la acepte sin reparos. La cuestión de si monarquía o república, en realidad, solo se discute aquí. La discusión a propósito de la dudosa vida del rey Juan Carlos no será, en cualquier caso, la catarsis que requiere la crisis múltiple en la que nos vamos hundiendo.

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