La Ley de la Dependencia se aprobó en 2006. A pesar de ello podría decirse que aún está sin cumplirse plenamente. Ni se ha llegado a todas las personas que necesitan acogerse a ella y que así lo han pedido, ni los medios y ayudas son los suficientes y, lo que es peor, el desinterés en su aplicación en los plazos correctos afecta gravemente a las personas a las que está destinada que, recordemos, suponen uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad española por las características que tienen que reunir.
En 2019 murieron 31.000 personas que estaban en lista de espera de la dependencia. Una media de 85 diarias. Como muchos dicen, irónicamente, es una forma de acabar con las listas de espera. En realidad es una vergüenza para el sistema y para un país que se las da de muy avanzado.
Esta información la ha publicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entidad de referencia en la cuestión. Recientemente ha presentado el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, correspondiente al ejercicio 2019. Ahí aparecen unos datos que demuestran la realidad muy mejorable en la que se encuentra la Dependencia en España: Al 31-12-19 había 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y 159.193 pendientes de valoración. El 65% mujeres y el 35% hombres. El 72,6% supera los 65 años y el 54,2% los 80 años.
La lista de espera, que ha aumentado, en 2019, en 20.000 personas alcanza a un total de 426.000, entre las pendientes de valoración y las casi 160.000 que sí lo están pero siguen sin recibir la prestación. Y, aunque la Ley dice que el plazo de tramitación de los expedientes debe ser de un máximo de seis meses, la duración media está siendo de 426 días, más del doble. Y en algunas comunidades autónomas se alcanzan los 18 meses.
Y un dato inaceptable: a pesar de que la Ley dice que el gasto público en dependencia se repartirá al 50% entre el Estado y las comunidades la realidad actual es que el Estado apenas alcanza el 20% y las comunidades aportan el otro 80%. El desinterés del PP en esta Ley y los recortes que impulsó Rajoy han degradado el sistema y han hecho recaer en los familiares unos copagos inasumibles. La falta de nuevos Presupuestos del Estado (aún están en vigor los que hizo Montoro en 2018) impiden revertir esta situación que es de esperar se empiece a resolver cuanto antes.
Esta situación también nos afecta en el País Valenciano. En enero de este año el Diario Información publicaba que, en Alicante capital, se tardaba dos años en tramitar las ayudas. El colapso de los centros de salud, faltos de personal y medios lo estaba ocasionando. Para la Renta Valenciana de Inclusión la espera se alargaba más de un año. Aunque la Consellería delegó en los ayuntamientos estos, en muchos casos, no pusieron todos los medios ni recibieron los refuerzos suficientes. Y, según la propia asociación estatal, nuestra Comunidad aún necesita mejorar sustancialmente en este tema, a pesar de las mejoras evidentes que se han producido desde 2015.
También en el Informe del Síndic de Greuges, correspondiente a 2018, conocido el pasado mes de enero, se exige mayor esfuerzo al Consell en el tema de la Dependencia. Asimismo denuncia la actitud de muchos Ayuntamientos por la falta de gestión ante el tema y su falta de transparencia en el mismo.
Decir que a finales de 2019 se celebró, en Elx, un Encuentro de diferentes colectivos de familiares de afectados por la Dependencia, para recordar el 13º aniversario de la Ley y la necesidad de que se cumpla íntegramente, especialmente en los plazos establecidos de los seis meses y de que el Gobierno aumente su financiación hasta el 50% que les corresponde. Se reconocía la mejora habida, pero también que era insuficiente y que Consellería debería reforzar la atención.
También CC OO-PV reclamaba mejoras y llamaba la atención sobre un hecho diferencial valenciano: La prestación recae en el entorno familiar: un 56% de los casos, de los que el 90% son mujeres frente a una media estatal del 30%. Según CC OO ello se debe a que en el PV se sigue apostando por la prestación económica por la falta de una red de centros públicos necesarios. En definitiva y, aunque parezca increíble, el modelo Cotino sigue demasiado presente cinco años después con el Botánic.
El coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio radical en este modelo. La Generalitat debe aumentar el esfuerzo en los Presupuestos de 2021 para proteger a los más débiles y que la Ley de la Dependencia se cumpla de verdad y para los más necesitados. Hacen falta más centros para mayores y dependientes y Elx es un ejemplo de la necesidad de disponer de una mejor red de centros públicos para ello.
