El alcalde Barcala nos ha salvado. Ha evitado, dice, que nos "expolien a los alicantinos de nuestros recursos, de nuestros ahorros". Ha evitado, dice, "el robo del dinero de todos los alicantinos". "No lo podremos gastar en asuntos sociales, porque el Gobierno de España, no se lo permite a ningún ayuntamiento", dice. "Así, dice, podré usar el remanente de tesorería para atender las necesidades de la pandemia". Sería la única forma de que, por fin, los de la Zona Norte reciban algo, digo yo. El alcalde ha manifestado en prensa, y ante el Pleno, su total "indignación y rechazo porque el Gobierno de España se quiere incautar de los ahorros de los alicantinos". Antes les paga a los bancos los 19'8 millones que les debemos, - y lo hizo- que permitir que el Gobierno de España "se quede con el dinero". Menos mal que esto no lo han dicho los independentistas de Cataluña, aunque lo han apoyado nada menos que la CUP (Candidatura de Unidad Popular), los de Puigdemont, se llamen como se llamen ahora. Son los que ya decían hace años eso de "España nos roba". También los de Unidas Podemos desde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hasta el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi", también de Podemos. Incluso algunos alcaldes socialistas.
En abril de 2012, siendo Rajoy presidente del Gobierno, y Montoro ministro de Hacienda, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley desarrollaba el artículo 135 de la Constitución modificado por un pacto, de tapadillo, entre Zapatero y Rajoy en 2011. Fue la condición impuesta por la Unión Europea, para evitar una intervención económica. La variación del texto constitucional, vía exprés, ocasionó un gran escándalo, especialmente en la izquierda. Según el art. 135.2 Ayuntamientos y Diputaciones "deberán presentar equilibrio presupuestario"; mientras que "el Estado y las CC. Autónomas pueden incurrir en déficit hasta el nivel establecido por la Unión Europea", que este año debido a la pandemia se ha relajado y permite mas endeudamiento. Los gobiernos europeos recibirán los 750 mil millones de euros en créditos y subvenciones a fondo perdido, del Plan de Reactivación Europeo. La Unión Europea nos va a dar 75.000, y prestar 70.000 millones de ese dinero. El Estado español lo puede obtener a interés prácticamente cero. Las corporaciones locales tienen 28.100 millones en remanentes, y adeudan a los bancos 23.200 millones, unos 5.000 millones de saldo favorable. Las Haciendas Locales, a diferencia de la Administración Central, pagan por los créditos que tienen con los bancos; y actualmente, me temo, que no cobran por los depósitos, incluidos los de remanentes.
Según el acuerdo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), la Administración del Estado les daría a cada Ayuntamiento el equivalente al 35 % de su remanente- los ahorros pendientes de invertir-, como mínimo. Hasta 5.000 millones para todas las entidades locales, a fondo perdido, para dedicarlo a: cuidados derivados de la pandemia, movilidad- incluido pagar el déficit de los autobuses- desarrollo sostenible, y cultura. Al ayuntamiento de Alicante le corresponderían unos 10 millones, - si ha liquidado ya la deuda bancaria, - o, 16'45. Eso da a los ayuntamientos posibilidades de inversiones, les compensa algunas que hayan hecho en esos ámbitos, les recorta gastos financieros, y el Estado se compromete a devolver los remanentes, con intereses, en 10 años. En resumen, el gobierno central se endeuda al no poder hacerlo, por ley, los ayuntamientos. Aceptar la propuesta del Gobierno es voluntario. La ventaja principal que yo le veo al acuerdo es que la capacidad de gestión de las administraciones locales permite llegar a las necesidades más próximas al ciudadano con un detalle agilidad y prontitud que ni el Estado, ni las comunidades autónomas, tienen. Mi fuerte no es la Hacienda Pública; pero si conozco, lo que caracteriza la gestión de los distintos niveles de la administración: las corporaciones locales son las mas próximas a los ciudadanos.
La propuesta ha sido aprobada en la Federación Española de Municipios y Provincias, por el voto de calidad del presidente. El PP puede tumbar el decreto del Gobierno; y no soltará la presa de "el Gobierno nos roba". Ni le hará ascos al apoyo de los independentistas. La propuesta debía parecer tan ventajosa que alguien se olvidó de negociar; o lo ha explicado muy mal. Ahora necesitará un buen "cepillado", aunque sea aparente. Eso, o rehacer la Ley de Financiación de las Corporaciones Locales.
