Han repetido hasta la saciedad que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "dejación de funciones", que "estaba de vacaciones", "no hace propuestas, ni dice a las comunidades lo que hay que hacer". Pablo Casado esta semana ha repetido en rueda de prensa, que "ya hemos sufrido mucho para tener que enfrentarnos a los rebrotes con un Gobierno pasivo y desbordado, que vuelve a lavarse las manos", y propuso modificar "tres leyes que permiten el mando sanitario único", "un pacto de Estado sobre el Sistema Nacional de Salud, ya que no hay tiempo que perder y requiere urgencia". Es el llamado "Plan Cajal", para modificar casi toda la legislación sanitaria. Además, ha advertido que tiene otras propuestas "B" en ámbito jurídico, sanitario, y de turismo.
En materia de salud, hay "un punto intermedio entre el estado de alarma y lavarse las manos": el Plan B, "a partir del artículo 43 de la Constitución Española, que recoge el derecho a la protección de la salud de todos los españoles", "proponemos la redacción del artículo 3 de la "Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública" añade Casado, de manera que se limiten derechos fundamentales sin necesidad de acudir al Estado de Alarma. Esta Ley fue elaborada siendo Ernest Lluch ministro de Sanidad de Felipe González. El mencionado artículo dice, "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible". La Ley Orgánica se refiere a "las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas", también autonómicas, y todas las leyes posteriores, de menor rango, descentralizan casi todas las competencias en las comunidades autónomas. Lo mismo en materia de Educación. Son competencias, Educación y Sanidad, casi totalmente transferidas. Limitar los derechos y deberes fundamentales (art.10 al 29) sólo se puede hacer en estos casos con el estado de alarma, previsto en la Constitución.
El tema de fondo es la interpretación que siempre ha hecho la derecha de la del Título VIII de la Constitución, el relativo a las autonomías. A la derecha le costó mucho aceptar los estatutos de autonomía especialmente las "históricas"- catalana y vasca- a las que siguieron gallega, andaluza y el resto asumiendo competencias. Muchas de las competencias del estado están descentralizadas, algunas con carácter "exclusivo", en particular las de Sanidad y Educación. La propuesta del PP pretende utilizar esa Ley Orgánica para recentralizar competencias- los Estatutos de Autonomía son Leyes Orgánicas- en una única autoridad central. La última declaración del Presidente Sánchez, propone "a los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o. por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad· Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente. a todo o parte del territorio de una Comunidad", como dice el art. 7 del Estado de Alarma. El vicepresidente catalán, Aragonés, se ha preguntado retóricamente "porque no hizo esta propuesta en abril o mayo, cuando le pedíamos una gestión más descentralizada".
El pretendido plan B actual, del PP, al recentralizar desembocaría en un enfrentamiento con las autonomías, especialmente con los gobiernos vasco y catalán. Ya durante el "estado de alarma", el Gobierno delegó en las comunidades el paso de una fase a otra, y estableció una serie de criterios y recomendaciones en materia de sanidad: desde las mascarillas a los rastreadores y la limitación en las reuniones. El gobierno de Ayuso en Madrid, pasó de la fase 1 a la 0, en 48 h. porque "ya estaban preparados"; sigue autorizando corridas de toros sin limitación de asistencia; y sigue sin contratar suficientes rastreadores- ni solicitar rastreadores militares-, ni personal sanitario con los 17 mil millones que Sánchez ha puesto a disposición de las comunidades. Así Madrid supera ampliamente las tasas estatal de afectados y la tasa "Reproductiva básica".
Si en materia sanitaria ha habido criterios, recomendaciones y reuniones casi semanales con las comunidades; en materia educativa en junio se aprobaron por el ministerio y las comunidades una "Guia" para el comienzo de curso que se ha revisado esta semana. La "cogobernanza" se ha plasmado en veintinueve medidas acordadas y cinco recomendaciones. La gestión exclusiva sigue siendo de las Comunidades; aunque haya alguna que se llame andana.
