El problema es que vivimos en un Estado federal clandestino. El diagnóstico se lo escuché por primera vez a Pedro Solbes cuando era vicepresidente económico del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que quería decir es que padecíamos, al mismo tiempo, todas las desventajas de un modelo centralista y todas las de uno descentralizado, sin poder contar con los mecanismos básicos que permiten funcionar con suficientes dosis de racionalidad al uno o al otro. Tan prolijo es el catálogo de derechos de las comunidades autónomas, como nebuloso el listado de sus obligaciones y, sobre todo, de sus responsabilidades. Tan extenso el mapa de las competencias transferidas como tramposos los sistemas de recaudación y posterior reparto de los fondos públicos por parte del Ejecutivo central. La pandemia ha acabado por reventar todos los costurones de este Estado, por definición, mal avenido.
Salvo honrosas excepciones, las mismas comunidades que reclamaban durante el confinamiento absoluta autonomía para luchar contra la crisis sanitaria y económica que nos asola se han demostrado incapaces de gestionar por sí solas las políticas necesarias para hacer frente a esta quiebra. Y mientras tanto, el Gobierno central ha pasado de la omnipresencia al mutis por el foro; del mando único, al ahí os quedáis. El concepto de «cogobernanza», tan en boca de los portavoces gubernamentales en los últimos meses, no puede consistir en un calculado ir y venir de responsabilidades: ahora todas son mías, ahora te las comes tú; ahora me voy de vacaciones, ahora vuelvo. Tampoco puede ser que la única articulación de las decisiones pase por la llamada conferencia de presidentes. Si para todo es necesaria una cumbre al máximo nivel se comprenderá por qué España está teniendo más dificultades que el resto de países de su entorno para combatir la epidemia y sus consecuencias económicas y sociales. Lo sucedido con el inicio de curso es el mejor resumen de los males que nos aquejan: Gobierno central y ejecutivos autonómicos, lejos de transmitir confianza reuniéndose con el suficiente tiempo y cuantas veces fuera necesario para acordar una normativa clara y unificada, han dejado pasar el verano sin hacer los deberes convirtiéndose, así, en los mayores generadores de alarma social. Con un agravante: la alarma social depende de las percepciones y las percepciones no entienden de estructuras administrativas. La Comunidad Valenciana ha sido, por ejemplo, la que más profesores de apoyo ha contratado para afrontar el peor curso de las últimas décadas, pero al final es lo que ocurre en Madrid, sobre todo, y en Cataluña, lo que conforma los estados de opinión y el resultado es esa impresión generalizada de que la reapertura de las aulas va a ser un peligroso caos.
Interrogantes. La mayoría de los ciudadanos sólo tiene a día de hoy dos preguntas en la cabeza:
-¿Enfermaré? (yo o los míos)
-¿Tendré trabajo el mes que viene? (ídem)
Los líderes políticos, sin embargo, sólo tienen una:
-¿Se aprobarán los presupuestos?
Esta pregunta debería estar en relación directa con las otras dos. Unos presupuestos nuevos -y no los archiprorrogados de Montoro, pensados para un país que ya no existe- son imprescindibles. Pero nuestros dirigentes políticos sólo la expresan en términos partidistas: se trata de que haya presupuestos para que la legislatura sea larga o de que no los haya para que tengan que convocarse elecciones. Ni Sánchez ni Casado son estrategas: ambos son meros tacticistas, de ahí que los dos sufran el mismo baile de san Vito, el uno yendo y viniendo continuamente y a conveniencia del no es no al sí es sí, el otro viajando cada día varias veces de la moderación a la radicalidad y de la radicalidad a la moderación, según soplen las encuestas. No tienen un proyecto, sino un cajón lleno de consignas. Ninguno tiene la ambición de entrar en los libros de historia -y mira que el momento no podría ser más propicio-, les basta con lograr el titular de los digitales amigos.
Por eso en una encrucijada como la que nos encontramos, cuando comienza el ejercicio político que definirá cuántas generaciones tienen que pagar la ruina en la que la pandemia nos ha sumido, nadie espera nada de la reunión que el presidente del Gobierno y el presidente del PP mantendrán el miércoles. Este es un país donde ya no falta ninguna alarma roja por activarse -crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis política, crisis institucional-, pero que vive maniatado por la incapacidad de entenderse de los dos partidos sin los que es imposible cualquiera de las profundas reformas que se necesitan; aquellos que representan a la mayoría de los ciudadanos y que, sin embargo, son rehenes de quienes desde los extremos les imponen la agenda y el relato de la tensión y de los tigres de papel que paradójicamente ellos mismos -igual da el PSOE de Sánchez que el PP de Casado- han creado y alimentan con generosidad.
La peor avería que puede sufrir un vehículo que funcione por combustión -la inmensa mayoría, todavía- es el gripado del motor debido al sobrecalentamiento. Casi siempre, esto ocurre por falta de lubricación. Lo paradójico de la situación que vive España es que el riesgo de que el país gripe es cada día mayor habiendo lubricante para que esto no ocurra. Contrariamente a lo que sucedió en la Gran Recesión de 2008, donde se dejó a las personas y los países a su suerte cerrándose el grifo de los fondos públicos, la respuesta a la Gran Pandemia ha sido la de la barra libre de financiación, al menos en esta primera etapa. Sin embargo, cada vez son más numerosos los líderes sindicales, empresariales o políticos (incluidos entre estos últimos importantes dirigentes socialistas) que expresan sus dudas sobre si un país sometido a las tensiones internas que soporta España podrá ser eficaz en la canalización y utilización de la importante cantidad de dinero que va a recibir.
No es una duda falta de base. Sólo hay que ver los problemas que está encontrando la implantación del Ingreso Mínimo Vital o el desigual -por no decir deficiente- uso que casi todas las comunidades han dado a los 2.000 millones de euros del fondo extraordinario para el refuerzo de plantillas e infraestructuras educativas para este próximo curso. De los 9.000 millones que el Gobierno también aprobó en junio para apoyar el sistema sanitario ni siquiera se tienen noticias. Y de la incapacidad para dar los resultados de los PCR que se practican al entorno de los contagiados antes de una semana, a pesar de estar en plena segunda ola, mejor no hablar para no sentir vergüenza. Así que nadie espera ya un gobierno de concentración. Ni siquiera un acuerdo presupuestario. Pero no podemos dejar de exigir a Sánchez y a Casado que, aun traicionándose a sí mismos, tengan una mínima altura de miras y dejen de sobrecalentar el motor. Porque no son eslóganes, sino eficiencia, lo que necesitamos.
Cambio de relato. El propio discurso político de los partidos que gobiernan la Generalitat Valenciana (y también de los que están en la oposición) va a tener que corregirse en esta situación, donde ya no tiene sentido que el mensaje predominante sea la reivindicación de un nuevo sistema de financiación. Primero, porque ese cambio de modelo es imposible en estos momentos, y ya nos dejó dicho Ortega que todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, que es un corrosivo terrible en política. Segundo, porque temporalmente no se va a tratar tanto de que se establezca un nuevo sistema como de que se sepa gestionar el dinero que por distintas vías llegue.
Así que las prioridades ahora de la Generalitat tienen que ser, primero, que la Comunidad Valenciana no sea discriminada en el reparto de los fondos de carácter extraordinario que deben recibirse, un pulso que de momento se está librando con éxito; y, segundo, que una vez aquí ese dinero se utilice bien.
Cabría esperar que la magnitud del histórico desafío que la Generalitat afronta en este ejercicio hiciera inapelable una remodelación del Consell para darle brío. Es verdad que el gabinete que preside Ximo Puig ha sufrido varios cambios desde que en 2015 la izquierda ganó después de veinte años de gobiernos populares. Ha habido tres sustituciones ( Barceló por Montón en Sanidad y Arcadi España por María José Salvador en Infraestructuras, en las carteras socialistas, y Mireia Mollà por Elena Cebrián en Agricultura, dependiente de Compromís) y tres incorporaciones, las de Carolina Pascual, por la creación de la nueva conselleria de Innovación, primera que tiene su sede en Alicante, y las de los dos representantes de Unidas Podemos, Martínez Dalmau y Rosa Pérez, como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Pero no es una cuestión de números, sino de agotamiento o inoperancia de algunos consellers, ya sean antiguos o nuevos. Y también de responder a las necesidades puestas en evidencia por la debacle que se nos ha venido encima: ¿tiene sentido que el sector Turístico, el principal de nuestra economía, no tenga una conselleria cuando se enfrenta al abismo? No lo tiene.
No parece, sin embargo, que Puig esté en condiciones de acometer esa reforma. Los equilibrios que tiene que mantener (la distribución de consellerias entre su partido y las dos coaliciones con las que gobierna, el peso de cada provincia...), hacen de cualquier remodelación un damero maldito. Así las cosas, lo que probablemente veremos será una renovación del segundo escalón en departamentos clave. Los primeros cambios se producirán en Presidencia, en Innovación y en Sanidad, y también han comenzado en Igualdad, que depende de Mónica Oltra.
Puig ha ido avanzando hasta ocupar el centro sin dejar por ello de ser referente de la izquierda. Y a diferencia de Sánchez, no tiene que vivir pendiente de aprobar el presupuesto. Pero se lo juega todo a saber gastárselo.
