El PP, en boca de Casado, ha reiterado que se niega a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, cuyos mandatos están caducados y prorrogados.
Frente a esta decisión, que se quiere revestir de legitimidad, hay que oponer un argumento simple. Y es que la ley se acata y se cumple, sin excusas y menos cuando quien se niega a hacerlo ha tenido oportunidad de cambiarla y no lo ha hecho cuando pudo. Tan inadmisible es exigir un referéndum de autodeterminación y hacerlo, cuando está legalmente prohibido, que negarse a renovar los órganos constitucionales conforme a la legalidad vigente.
No hay excusas para que un partido como el PP se niegue a acatar la ley, la Orgánica del Poder Judicial en el caso del Consejo General del Poder Judicial y la misma Constitución en lo referido a los miembros del Tribunal Constitucional. Que un partido se resista a cumplir la ley, aduciendo las razones que crea convenientes, ninguna atendible, es equiparable a tantas otras negativas a las que empezamos a estar ya acostumbrados a presenciar. Y que lo haga el PP, cuyo discurso de respeto a la legalidad es claro y rotundo, siembra una duda acerca del alcance del populismo –que parece envenenar las conciencias y las responsabilidades-, o la extensión de una nueva forma de hacer política que se aleja de lo que debe entenderse por constitucionalismo.
Que PODEMOS está en el gobierno es una realidad, que sostiene posiciones incompatibles con el sistema constitucional, tampoco es discutible, pero que esa sea o pueda ser la razón para no cumplir con los mandatos legales y constitucionales, deja un poso amargo por sus consecuencias y, desde luego, es injustificable con argumentos constitucionales, los mismos que se dicen proteger. Alegar para incumplir la ley que un partido legal forma parte de instituciones del Estado y exigir que las abandone, es excederse en la representación histriónica.
No he sido yo precisamente suave en mis críticas a PODEMOS, lo que me otorga legitimidad para exigir que no se pongan vetos a nadie y menos para excluirse del cumplimiento de la legalidad. No es excusa. Nunca nadie llegó tan lejos como Casado. Todos sus predecesores, de uno y otro lado, al final, cumplieron la ley aunque no les gustara. Y todos, recuérdese, mantuvieron la LOPJ y el sistema en vigor cuando tenían mayorías absolutas. No parece que entonces les molestara tanto. De esto hace treinta y cinco años.
La duda o la sospecha que levita en este asunto es si no será que el PP desea mantener “sus” mayorías cuando no las tiene en el Congreso. Porque, negarse a cumplir la ley si no se modifica el sistema y, a la vez, mantener indefinidamente a quienes fueron designados por el sistema que se rechaza, no parece muy coherente. Un poco contradictorio el argumento, débil y fácil de constatar en su falta de rigor. Y es que los hoy nombrados, no se olvide, lo fueron por el sistema de cuotas, de manera que, conforme a los postulados del PP estarían afectados por los mismos vicios que impiden que se cumpla hoy la ley. Salvo que se tratara, simplemente, de mantener mayorías, aprovechando el modelo que se impugna. Que bien podría ser. O, mejor dicho, que es. Y además, si el retraso obliga al actual CGPJ a nombrar las vacantes con las mayorías existentes, el aprovechamiento del sistema que impugnan es notorio.
Un jurista que quiera serlo e independiente no puede permanecer callado ante esta conducta que legitima, indirectamente, a quienes, desde diferentes lugares, desprecian la ley. No sólo no hay diferencia, sino que en este caso es más grave por tratarse de un partido que proclama su constitucionalismo y que lo hace saltar por los aires sin necesidad alguna de hacerlo.
Porque, una cosa es el modelo, que debe cambiarse como muchos venimos reivindicando cuando el mismo PP lo prometía y no lo hacía y otra, es que con argumentos tan extremos se ponga en duda la profesionalidad de los consejeros del Poder Judicial o de los magistrados del Tribunal Constitucional. Todos ellos son personas de prestigio que hacen su trabajo lo mejor que saben y pueden. Y, sinceramente, no veo en la realidad cotidiana que la influencia partidista sea tan grosera como se nos quiere hacer ver. Aceptar eso sería tanto como deslegitimar al Tribunal Constitucional o a un CGPJ que desarrolla sus competencias en un clima que no tiene relación directa con la imagen que trasladan los políticos. Cuidar las formas para no dañar el prestigio de quien lo tiene y ganado con esfuerzo y mérito es obligado ante tanta palabra fácil.
Decepción es la palabra y desesperanza. Porque, que no haya acuerdos en materia de presupuestos puede ser criticable, aunque entra dentro del campo de la política, pero ignorar la ley y la Constitución no es conducta disponible por los partidos, ni por sus líderes de barro, ni por sus aduladores que, de buena fe muchos, aplauden lo que es tránsito hacia el debilitamiento del Estado de derecho, basado en el principio de legalidad.
