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Josefina Bueno

Okupaciones: alarmismo y mala fe

Los casos que he tenido de ocupación de bienes inmuebles eran viviendas vacías de entidades bancarias o de inmobiliarias”, afirma Escarlata Gutiérrez, fiscal y dedicada también a la divulgación jurídica

Hemos pasado un verano atípico, preocupados por el coronavirus y sus dramáticas consecuencias sanitarias, económicas y sociales, pero también, al menos por algunos altavoces mediáticos, por la posibilidad de que cualquiera entre y ocupe nuestra casa, dejándonos en la más lamentable indefensión. “Me voy de finde y me okupan la casa”. Sin embargo, esto es materialmente imposible, según afirman voces expertas: “En mi experiencia nunca he visto un supuesto de ocupación de vivienda habitual o de segunda vivienda de particulares. Los casos que he tenido de ocupación de bienes inmuebles eran viviendas vacías de entidades bancarias o de inmobiliarias”, afirma Escarlata Gutiérrez, fiscal y dedicada también a la divulgación jurídica. En términos similares se pronuncia Natalia Velilla, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en el artículo “La artificial (y golosa) burbuja okupa” publicado en El País: “Que alguien se meta en una primera o segunda vivienda supone un delito de allanamiento de morada que, además de tener consecuencias penales para quienes lo ejecutan, la actuación judicial resulta inmediata. No hay casos en los que las personas no recuperen su inmueble. Otra cosa es que no todos los casos de okupación son iguales, y se resuelven en distintos momentos temporales”.

Tras el seudónimo de “Judge The Zipper” se encuentra uno de los jueces tuiteros más respetados de España. Posee la cualidad de explicar en el lenguaje común temas complejos, para legos en la materia, como son las leyes y las sentencias. Confilegal ha publicado sus hilos de Twitter explicando la confusión en torno a la okupación. Así explica que, si alguien ocupa tu primera o segunda vivienda (la de la playa), está cometiendo un delito de ALLANAMIENTO DE MORADA. Es tu morada, donde desarrollas tu intimidad que es inviolable. Independientemente del procedimiento judicial que se abra para castigarlo, la policía puede entrar, identificar y poner fin al delito sin necesidad de una orden judicial. Si la policía no lo hiciera, se puede acudir al juzgado de guardia. Como es fácil demostrar que se trata de la vivienda propia, el juez examina la denuncia, las pruebas y concede la medida cautelar y ordena a la policía el desalojo. Otra cosa es el caso de una casa que es de tu propiedad, pero en la que no vives, pues en este caso ya no es allanamiento de morada sino DELITO DE USURPACIÓN, que si se hace sin violencia es un delito leve castigado con pena de multa. Al no vivir el dueño y ser considerado delito leve, la policía suele ser reticente a actuar por su cuenta en estos casos. Cabe también la medida cautelar de desalojo dictada por el juzgado, pero algunos jueces entienden que no cabe, porque es un delito leve. Al no vivir en la casa, puede resultar difícil reunir pruebas que convenzan al juez, por eso, para el caso de que el inmueble sea una vivienda, desde 2018 existe un procedimiento de desahucio exprés, que fue aprobado en 2015 en la Comisión de Justicia del Congreso con los votos de PP, C’s y PNV. El Decreto del Fiscal Jefe de la Provincia de Valencia, José Francisco Ortiz Navarro, del pasado 20 de agosto, informa de cómo se ha de actuar en las ocupaciones de inmuebles: “se procederá al desalojo inmediato y la restitución de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Los jueces advierten que la ley tiene recursos suficientes para hacer frente a las “okupaciones” y los aplican. Las demoras se deben, al parecer, más a la sobrecarga de los juzgados que a la falta de instrumentos legales. 

¿Por qué se ha generado este alarmismo? ¿Por qué este bombardeo informativo que al final atemoriza a los más vulnerables, a las personas mayores, a las que menos recursos tienen para informarse? ¡Cómo es posible que, durante el verano, en algunos medios, se dé una exagerada impresión de que cualquiera puede entrar en tu casa y adueñarse de ella? En mi opinión, varias y variadas razones están en el fondo. Al margen de los intereses que algunos atribuyen a algunas empresas de seguridad, parece que existe un interés por parte de la derecha y la extrema derecha de dar una (falsa) sensación de inseguridad, de que vivimos en un país sin orden ni ley, por culpa del Gobierno, naturalmente. Sin embargo, España es uno de los países más seguros y, además, con un Código Penal más severo. Mienten cuando culpan al gobierno de la situación. La legislación vigente es la aprobada por PP y C’s, y fueron las reformas del PP del año 2015 las que convirtieron, por ejemplo, el delito de usurpación en un “delito leve”. VOX suele inclinarse más por el estado totalitario porque hace unos días, la diputada nacional de este partido por Almería, Rocío de Meer, escribía en su perfil de Twitter: “Cuando VOX gobierne todos los okupas serán automáticamente sacados a patadas y arrastrados…”. En Orihuela, un cartel del mismo partido anima a la patada en el culo, sin complejos. ¿Cómo es posible que una representante de la ciudadanía se salte las mínimas garantías del Estado de derecho? En este país, que no es el Far West, no se saca de ningún sitio a patadas a nadie. Cuando Teodoro García Egea afirmaba esta semana en el Congreso de los Diputados que la mayor preocupación de los españoles es el temor a volver de vacaciones y encontrar su casa ocupada, ¿es ignorancia o un deliberado acto de mala fe? Dejen de debilitar la confianza de la ciudadanía, dejen de desprestigiar las leyes, los jueces y las instituciones. Tal vez sería más honesto abordar el tema de las okupaciones de viviendas en este caso, consultando a los expertos sobre si la legislación vigente es suficiente o si cabe alguna mejora, si la solución exige más recursos, una mayor coordinación. Y por supuesto, hay que abordar el problema de la vivienda, a la que, a pesar de ser un derecho constitucional, no todo el mundo tiene la posibilidad real de acceder. Necesitamos más vivienda social, porque enfrentar la “okupación” con la porra y la patada es poner a los menos favorecidos y a los delincuentes en un mismo saco, como tan a menudo pregonan algunos voceros de extrema derecha. En cualquier caso, la solución no puede pasar nunca por un recorte de las garantías democráticas, infundir el miedo por el miedo ni incitar a tomarse la justicia por su mano. No parecen comportamientos dignos en política, y muchos menos en derecho. 

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