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Otra comisión parlamentaria para perder el tiempo

Nada hay más contrario y opuesto a la idea de Justicia que las comisiones parlamentarias de investigación. Ni la forma en que se crean, por mayorías que deciden lo que debe ser investigado o en que se concluyen, con una condena previamente determinada por la misma mayoría que las creó, son compatibles con la noción de órgano independiente habilitado para encontrar una verdad y determinar los efectos de su descubrimiento.

Las comisiones de investigación tienen, contra las leyes que las regulan, bien intencionadas, una mera función política, la de dañar al partido investigado. Y muchos son los ejemplos en nuestra democracia que lo demuestran.

Solo se han constituido aquellas que ha decidido una mayoría que, en la misma legislatura, ha rechazado crear otras contrarias a sus intereses. Y sus conclusiones jamás han diferido de lo que cada partido previamente había apuntado ya como sentencia inatacable.

Verdad es que, como dicen, no juzgan responsabilidades penales, sino políticas; pero confunden el término responsabilidad política, que alude a responsabilidad, con conveniencia y oportunidad, con sentar en el banquillo parlamentario, con profusión de cámaras y prensa, a los adversarios. Y, lo que es objetable, juzgan los mismos hechos que investigan, paralelamente, los tribunales, condenando previamente sin remisión posible a muchos que luego son absueltos, no obstante, lo cual, quienes no son jueces, han declarado ya su muerte civil y política. Se produce el fenómeno de que ciertos hechos existen y no existen. Existen en la vida parlamentaria y no existen en la judicial, no obstante, lo cual, el absuelto queda marcado por una decisión que proviene de una farsa que roza la prevaricación y que dista mucho de apego a la verdad y a la justicia.

Hoy tenemos aquí dos posibles comisiones de investigación en curso o en ciernes: una a Podemos, que no parece que se vaya a constituir porque la mayoría entiende que no debe hacerlo y otra al PP, que tiene todos los visos de prosperar.

Naturalmente que estando los hechos sometidos a un proceso no pienso opinar sobre el fondo de las mismas y menos depositar mi confianza en quienes deciden qué asuntos deben ser objeto de atención del Congreso o Senado y cuáles no. El solo hecho de decidir lo que se investiga es ya contrario a la idea de Justicia democrática. Es como si los tribunales tuvieran la potestad de elegir qué asuntos deben juzgar y no por los hechos, sino por razones de oportunidad. Y por un tribunal sin libertad de voto, como sucede con la disciplina parlamentaria. Casi como la antigua jurisdicción castrense. Obediencia e independencia son nociones opuestas.

Eso de la responsabilidad política es una especie de misterio que al final se queda en nada: es la que deciden los partidos por motivaciones ajenas al caso o, al menos, esto les resulta indiferente, tanto como poner a los tribunales en un brete al lanzarles el mensaje de la sentencia que desean. Y desean, cada vez con más desparpajo, que se sometan a sus vacuas debilidades. De ahí que los acuerdos se escenifiquen como un pacto grosero. Que haya que cumplir la ley no resta ni un ápice a la vergüenza de ser reprendidos internacionalmente ante un intento tan mediocre de controlar el Poder Judicial.

Estando un proceso en curso, lo razonable sería esperar a la sentencia y aplicar responsabilidades después del fallo judicial. Incluso legislar cuáles han de ser éstas para todos, no solo para los adversarios. Pero, eso no se hace. No interesa. Solo mover a la opinión pública, aunque con ello padezca la autoridad moral del Poder Judicial y del propio sistema de partidos, pues es tal la irresponsabilidad con que estas cosas se hacen que la idea de que no hay diferencia entre unos y otros va calando con fuerza y de ella se aprovechan los populismos de todo signo.

No pienso dedicar un solo minuto a escuchar las simplicidades de unos diputados cuyo objetivo no es hallar la verdad, sino maltratar a los contrincantes sin piedad. Y lo hacen con tal desprecio a la prueba y a los hechos que como jurista siento profundo rechazo. Nada digo como persona.

Estando el país como está, no es el momento de que nuestros diputados y senadores, casi seiscientos, se enfanguen en lo que a casi nadie interesa más allá de los ya convencidos previamente. La economía, el paro, las pensiones, la educación etcétera reclaman la atención de quienes no saben ponerse de acuerdo y, lo que es más triste, son incapaces de ocultar aunque sea de cara a la ciudadanía ese rencor primario que tanto daño hace a quienes lo perciben y sufren. En este caso, todos los que estamos subordinados a políticas que no merecen el debido respeto.

No es el momento de hacer de jueces, sino de parlamentarios. No es el momento de organizar mociones de censura condenadas al fracaso, ni de exhibiciones de moral ofendida que son poco creíbles. La calle está triste y esa tristeza va comiendo la esperanza. Se va notando. En lugar de juzgar, que sean juzgados por quienes tienen la competencia para hacerlo. Dedicarse a otras cosas parece dar a entender que van sobrados de tiempo o que son unos irresponsables.

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