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Carlos Bernabé Martínez

Entre la caída y el aterrizaje

Comienza la película de La Haine explicando la historia de un hombre que cae desde un rascacielos. Durante la caída, para tranquilizarse, se repite a sí mismo, «hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien». Pero, «lo importante no es la caída, es el aterrizaje».

Orihuela y la Vega Baja retoman un curso político marcado por un escenario de crisis múltiple. Por un lado, una crisis sanitaria que dista de resolverse y a la que se añaden terribles efectos socio-económicos. Por otro, coincidimos con el primer aniversario de las inundaciones que asolaron buena parte del sureste peninsular y tuvieron como epicentro la Vega Baja. Catástrofe que se enmarca en una crisis climática más global y profunda.

Las causas y consecuencias de ambas crisis: climática y sanitaria, han revelado fragilidades e injusticias asociadas a nuestros sistemas políticos y económicos. Diversos analistas han señalado que el modo en que se ha intervenido sobre la biodiversidad aumenta las probabilidades de sufrir pandemias por zoonosis como la actual. Además, el debilitamiento del Estado del Bienestar —con brutales recortes en ciencia, educación y sanidad públicas acumulados durante años—; la desindustrialización; la precariedad laboral generalizada o la dependencia casi exclusiva (y, por eso mismo, tóxica) del turismo y el desarrollismo inmobiliario en nuestro territorio, confirman que nuestro modelo económico, además de ser injusto e insostenible cuando aparentaba «funcionar», también desarma y debilita a nuestras sociedades cuando las cosas vienen mal dadas.

Respecto a la crisis climática, se alerta que esta depara una mayor frecuencia y virulencia de fenómenos extremos como el sufrido el pasado año. De nuevo, se hace necesaria una mirada a nuestra arquitectura política y económica. Tras las inundaciones del pasado año, Ecologistas en Acción publicaba un informe en el que señalaban algo que, por otra parte, ya intuye cada vez más población, a saber: que las políticas urbanísticas, de (des)ordenación del territorio, las agresiones medioambientales y algunas grandes infraestructuras —grande, sobre todo, el beneficio de la gran constructora de turno—vigentes en buena parte de la Vega Baja, son parte del problema y contribuyeron a aumentar el daño sufrido. Dicho de otro modo: el problema no es sólo, o no tanto, la cantidad de agua que cae del cielo, sino el modo en que se (mal)gobierna el suelo.

Es evidente que superar estas crisis salvaguardando derechos sociales, democráticos y sostenibilidad medioambiental implica cambios a escala global y estatal. Pero no es menos cierto que estos desafíos interpelan igualmente al ámbito local.

Así las cosas, cabe preguntarse qué papel están jugando nuestras instituciones más cercanas. Mi percepción es que el Gobierno de Orihuela, siguiendo la estela (o las órdenes) del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, se ha entregado a una suerte de atrincheramiento y resistencia a cuestionar el modelo de (sub)desarrollo vigente en nuestro territorio. Hay demasiados poderes económicos y políticos cuyos movimientos dan a entender que la única salida al actual escenario pasa por hacer algo muy parecido a lo de siempre, pero con un discurso estéticamente ecologista acompañado de tibias medidas de caridad para contener (ocultar) la exclusión social.

De hecho, dirigentes como el alcalde de Orihuela se han limitado a victimizarse ante Madrid y València, sin proponer ni cuestionar nada de calado en el ámbito local. Como si ningún poder local tuviera relación con los elementos que hacen a Orihuela y la Vega Baja más débiles para afrontar la crisis climática y sanitaria. Como si los poderes políticos y económicos del municipio no tuvieran nada que ver con la precariedad de nuestros servicios públicos —incluyendo la deficitaria red de protección social y servicios de competencia local—, o con un modelo urbanístico basado en construir todo lo posible para enriquecer a una minoría, sin valorar riesgos o sostenibilidad medioambiental, mientras mendigamos flujos turísticos asociados a precariedad laboral y depredación del territorio.

Exigir mayor inversión y responsabilidad a los gobiernos central, autonómico y europeo es necesario. Pero, hacerlo sin cuestionar el modelo de subdesarrollo local todavía vigente en nuestro municipio y nuestra comarca es de una hipocresía insoportable.

Este curso, Orihuela y la Vega Baja deben decidir cómo encarar el futuro: si entregarnos al negacionismo e irresponsabilidad de líderes políticos y empresariales que quieren seguir repitiéndonos su particular versión del «hasta ahora todo va bien», para seguir cayendo y alargar el lucro de unos pocos que se benefician de la misma caída (el golpe del aterrizaje lo pagaremos el resto, claro); o bien, atrevernos a imprimir transformaciones de calado en la manera en que gobernamos nuestro territorio. Ello implica, inevitablemente, cuestionar, radicalmente y desde lo más cercano, muchas de las inercias urbanísticas, turísticas, agrícolas y, en general, político-económicas que siguen vigentes y son parte del problema, no de la solución. Estamos a tiempo de que el aterrizaje no sea un accidente definitivo que acabe con el futuro de nuestra comarca.

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