Desconozco si el proceder de la Conselleria de Sanidad, con relación a la atención a la Salud Mental en la provincia de Alicante, es fruto de la desfachatez o de una profunda estulticia. Sea como fuera, no están las cosas para soportar tanta inoperancia. Tiene narices que, desde el departamento que dirige la alicantina Ana Barceló, se descuelguen ahora negando la licencia de centro hospitalario al recinto en el que ha tenido ingresados a decenas de enfermos mentales durante los peores días de la pandemia. Si entonces sirvió, habrá que preguntarse por qué no ahora. Y, si la instalación no era adecuada en aquellos momentos, alguien debería explicar por qué se utilizó en esas condiciones. Esperpéntico.
El asunto tiene su miga. A finales de marzo, cuando la pandemia empezaba a preocupar al personal, Sanidad decidió cerrar las unidades de Psiquiatría de los hospitales de San Juan, Elche y Villajoyosa. La decisión podría ser más o menos aceptada, pero la previsión de necesidades para afrontar la COVID-19 obligaba a ello. Ahora bien, adoptar esta medida conllevaba que el 52% de la provincia quedara huérfana de la atención hospitalaria que precisan las personas que padecen una enfermedad mental grave. Las comarcas del Baix Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa –cerca de un millón de habitantes- perdían sus unidades de ingreso para los casos más severos. Fue entonces cuando entró en juego la Diputación de Alicante, ofreciendo un plausible ejemplo de cooperación entre administraciones de distinto ámbito competencial e, incluso, color político. El gobierno provincial, que preside Carlos Mazón, puso a disposición de Sanidad unas instalaciones que podían ser utilizadas con estos fines. Así se hizo.
Las aguas volvieron a su cauce en junio, llegada esa situación que algunos ilusos gustan en considerar como la “nueva normalidad”. Los servicios de Psiquiatría de los tres hospitales afectados volvieron a funcionar, así que cada uno a su casa y gracias por los servicios prestados. No hay de qué –supongo que pensarían Mazón y los suyos- que para eso hay que estar a las duras cuando las cosas se ponen feas. Lo jodido vino después o, según parece, incluso al mismo tiempo en el que desde la Diputación andaban salvando los traseros a las responsables de la sanidad valenciana. Y es que, mientras la Conselleria disfrutaba de las instalaciones prestadas por la institución provincial, a la vez tramitaba su cierre posterior. ¿Insolencia o estupidez?
La cronología de los acontecimientos no deja lugar a dudas. Nada más confirmarse que el nuevo centro Doctor Esquerdo sería utilizado como hospital para el ingreso de enfermos psiquiátricos agudos, la Diputación solicitó la preceptiva autorización como centro hospitalario. Primera irregularidad cometida por el arrendatario –es decir, por Sanidad- que procedió a ingresar pacientes psiquiátricos en unas instalaciones que aún no disponían de la autorización que debía aprobar la propia Conselleria. Me cuentan que no todo fue un camino de rosas para profesionales y pacientes. Sucedieron situaciones –en ocasiones, de extrema gravedad- ciertamente previsibles por las carencias de los medios que Sanidad, y no la Diputación, debió haber subsanado. Tal vez no era momento para quejas y, por otra parte, es evidente que en este país nunca encontrarán un culpable en la mala gestión sanitaria.
Lo gracioso surge cuando, el 14 de julio y una vez regresados a los correspondientes hospitales, desde la Conselleria de Sanidad deciden denegar la autorización del centro que venían ocupando, alegando que “el edificio no cumple la normativa de protección contra incendios”. Tiene cojones: no hay problema mientras lo ocupas y, cuando te vas, decides que es ilegal. No es de extrañar la indignación del presidente alicantino, Carlos Mazón, quien preguntaba a la consellera Barceló si se había puesto en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores. Pues sí, parece que así fue.
Coincido con Mazón en que la Diputación se está tragando el sapo de la atención sanitaria de media estancia a las personas con una enfermedad mental grave, aunque ésta sea una competencia propia de la Generalitat Valenciana. Por la cara, vaya, que de no ser por la corporación provincial no habría cama alguna que ocupar. Ojo, que es función propia de la Conselleria de Sanidad y es ajena a esas negociaciones que, al inicio de la actual legislatura, se iniciaron con la vicepresidenta de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Habrá que recordar que se trata de un asunto sanitario y no de esos eufemismos –“sociosanitario”, “socioasistencial” y demás variedades- con los que se intenta disfrazar de graciable lo que constituye una obligación de servicio universal y gratuito. Nada se pide que no disfruten desde hace años en Castellón y en Valencia, provincias en las que la Generalitat Valenciana es cotitular (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón) o propietaria (Hospital Padre Jofre) de sendas unidades psiquiátricas de media estancia. Aquí, en Alicante, seguimos mendigando.
La solución no parece compleja: o se asumen las competencias –y, de paso, se supera esa bicefalia de despacho que diferencia lo “social” de lo “sanitario”, ofreciendo un modelo asistencial integral-, o se establece una encomienda de gestión para que la Diputación perciba el gasto injustamente asumido. Con un poquito de interés, asunto concluido.
Rectifico. Puede que no sea desfachatez ni estulticia, sino simple caos. Eso sí, un caos que no podemos permitirnos en la sanidad valenciana. Así nos va.
