Aunque aún es pronto para llevar a cabo un estudio profundo sobre las consecuencias que para la sociedad española ha tenido la pandemia producida por el virus covid-19, algo de lo que se encargará la historia de la medicina, la memoria colectiva y las hemerotecas, sí que es posible, sin embargo, extrapolar algunas ideas que pudieran orientarnos en la maraña de opiniones y conclusiones que de manera precipitada se escuchan todos los días en los medios de comunicación.
Si algo ha demostrado la grave situación económica y sanitaria en que nos encontramos ha sido la necesidad de un Estado fuerte en el término amplio del término. Es decir, que frente a los agoreros y vende humos que desde hace décadas han pontificado a diario sobre la imperiosa necesidad del fin del Estado del bienestar, ha sido la sanidad pública y la administración estatal y autonómica las que han evitado miles de muertes y lo que podía haber sido una catástrofe aún mayor. El ejemplo más claro del daño que las teorías liberales anglosajonas aplicadas a España han supuesto para nuestro país ha sido la falta de reacción de la comunidad de Madrid para atajar los rebrotes de la pandemia y sus consecuencias más inmediatas. Hace unos días se convocó a los medios de comunicación para anunciar que se iban a colocar 200 dispensadores de gel hidroalcohólico en la red de Metro de Madrid. La noticia, sin embargo, no fue su instalación en los subterráneos del Metro sino que no se haya hecho hasta ahora.
Las graves deficiencias que las comunidades autónomas arrastran desde hace años en materia de contratación de personal sanitario se han visto agravadas por la extensión de la pandemia y la aparición de rebrotes. Problemas que se han agravado cuando se ha incluido a la sanidad dentro del catálogo de elementos a privatizar a pesar de constituir uno de los pilares básicos que explican la propia existencia del Estado. Cuando se empezaron a formar los Estados en el continente europeo se fue dejando atrás, poco a poco, el concepto de sociedad medieval e individualista en el que cada uno miraba únicamente por lo suyo. Una sociedad que pretendía avanzar y dejar atrás los tiempos oscuros tenía que tener una visión humanista de la presencia del hombre. Algo tan simple de entender fue llevado a la práctica por la socialdemocracia que se hizo con las riendas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que tantos beneficios ha supuesto para los europeos. Sin embargo, a partir de los años 70, la derecha se reinventó auto bautizándose con el nombre de liberales y se puso como objetivo principal derribar los pilares básicos del Estado social para con ello conseguir que la amenazadora (para ellos) igualdad de oportunidades quedara en papel mojado.
En España, cuando el boom de la construcción comenzó a dar síntomas de que llegaba a su fin, la sanidad pública se situó en el primer plano del interés privatizador de la derecha política española. En las comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular este proceso comenzó casi desde el principio, es decir, al poco tiempo de llegar al poder a mediados de los años 90. Fue con el cambio de siglo cuando el disimulo brilló por su ausencia y las privatizaciones parciales dentro de la sanidad comenzaron a llevarse a cabo con total desparpajo. La frase “nicho de negocio” se extendió en las administraciones de derecha gracias a la intromisión en el ámbito administrativo de empresas privadas, comisionistas y supuestas escuelas de negocio que en realidad no eran más que chiringuitos disfrazados bajo nombres en inglés.
El resultado de todo ello ha sido que en aquellas comunidades autónomas donde las ideas ultra liberales camparon a sus anchas la pandemia ha tenido una incidencia mayor. Ejemplo de ello es Cataluña, comunidad autónoma en la que antes de que la derecha de la extinta CiU se disfrazara de independentista para tratar de ocultar la corrupción generalizada que imperaba en sus filas y sus políticas liberales que tanto perjudicaron a las clases más desfavorecidas, desmantelaron la sanidad pública. También se llevó a cabo en la Comunidad Valenciana con el modelo Alzira y el vaciamiento paulatino de los hospitales públicos en beneficio de un grupo empresarial sanitario muy conocido. Y sobre todo la comunidad de Madrid, vértice central del pensamiento neoliberal español que convirtió a la sanidad pública madrileña en laboratorio para implementar políticas neoliberales para luego tratar de exportarlas en el resto de la administración pública.
Si la sanidad pública madrileña sigue sin estar preparada para poder asumir la avalancha de pacientes y consultas producto del Covid 19 es porque con anterioridad ha existido un proceso paulatino de privatización que pudo ser parado, a duras penas, gracias a las reivindicaciones y manifestaciones de la Marea Blanca y la actuación de los jueces y tribunales. Es lógico que Madrid no esté siendo capaz de gestionar esta pandemia una vez que el Gobierno de Pedro Sánchez devolvió las competencias a las comunidades autónomas por cuanto está gobernada por un partido que no cree en lo público.
