Las epidemias no son democráticas porque quienes más las sufren y quienes más expuestos están a ellas son los pobres. Es un patrón que se repite a lo largo de todo el mundo, en el norte y en el sur, en países avanzados y en países empobrecidos.
Se dirá que el virus no entiende de clases sociales y que también ha enfermado y causado la muerte a personas de una u otra condición, algo cierto. Pero desde que el virus se propagó por el planeta, se ha constatado cómo hay personas que han podido confinarse en sus casas, dotadas de amplios espacios y equipamientos, teletrabajando y reduciendo sus desplazamientos, echando mano de sus ahorros para cuidarse o acudiendo a la sanidad privada si lo necesitaban.
Por el contrario, en los barrios más humildes y en zonas más densamente pobladas, la gente vive en casas pequeñas, deterioradas o con malas condiciones higiénicas, con frecuencia en barrios degradados, sin zonas verdes ni equipamientos públicos, realizando trabajos muy precarios que les obligan a largos desplazamientos en transporte público, cuando no viven del paro, en la pobreza y en la vulnerabilidad extrema, sin recursos ni ahorros, preocupados por poder comer cada día y alimentar a la familia, con centros de salud y hospitales al borde del colapso.
Hasta el punto que, cuando ya nadie duda de que vivimos una segunda ola de la epidemia, su incidencia está siendo abrumadoramente mayor en los barrios más desfavorecidos, donde viven trabajadores pobres, inmigrantes y colectivos vulnerables, algo que se agudiza en aquellas ciudades donde la incidencia del virus es más preocupante, como podemos ver con claridad en Madrid. El covid-19 muestra así, de manera descarnada, los procesos de estratificación social al visibilizar la desigualdad tan profunda que existe en nuestras ciudades. Y es que la pobreza y la desigualdad afectan, de manera fundamental, a la buena o mala salud de las personas, condicionando sus enfermedades y su calidad de vida.
Los trabajadores pobres y más desprotegidos, con peores viviendas y barrios más deficientes, con dificultad para reducir contactos sociales o aislarse, sin posibilidad de teletrabajar y expuestos a empleos más precarios, con una tipología de relaciones sociales y de ocio, expresan un gradiente que también aparece en otras enfermedades, como se ha venido estudiando en los últimos años. Son los llamados determinantes sociales de la salud, resultado de una injusta distribución de las rentas, de los recursos públicos y las oportunidades, efecto directo de las políticas aplicadas. Estos determinantes explican un buen número de diferencias sanitarias y en la salud de unas personas respecto a otras, siendo evitables, como ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante una mejora de las condiciones de vida y una reducción efectiva de la desigual distribución de recursos, del poder y en el acceso a los servicios públicos.
Por si fuera poco, a todo ello se suma ahora un nuevo problema que carga más discriminación sobre quienes residen en estos barrios pobres por su estigmatización, al ser acusadas de propagar los contagios por su forma de vida. Es decir, se les mantiene en condiciones de pobreza y exclusión, tienen que desplazarse para desempeñar trabajos fundamentales para la sociedad y para las personas más acomodadas, viviendo en casas pequeñas y mal dotadas situadas en barrios con enormes carencias, cobrando sueldos muy menguados o careciendo de empleo y de recursos, sin acceso a equipamientos públicos o parques y jardines cercanos y les acusamos también de ser los culpables de extender la epidemia cuando, en realidad, la sufren en primera persona, como vemos.
La propagación del covid-19 tiene mucho que ver con la forma de habitar nuestras ciudades, con la manera de vivir y trabajar en ellas, y por supuesto, con las viviendas y su hacinamiento, con el espacio público y los servicios disponibles, además de los niveles de renta y recursos económicos. Y en ello, el avance de la pobreza y la desigualdad en muchas de nuestras ciudades juega en nuestra contra en estos momentos.
Culpar a los habitantes de los barrios pobres del aumento de los contagios por ser más irresponsables o cargar únicamente sobre ellos el peso de las medidas restrictivas para la contención del covid-19, como vemos que se está haciendo en Madrid mediante confinamientos selectivos, además de cruel e injusto, es un disparate sanitario de dudosa efectividad que solo contribuye a la crispación social. Es algo que han señalado instituciones como la Asociación Madrileña de Salud Pública, con el respaldo de cientos de profesionales e investigadores de la salud.
Además de dotar y dar más recursos a los servicios de atención primaria y salud pública para lograr un adecuado funcionamiento del sistema de diagnóstico de la covid-19 en el marco de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de nuevos casos y sus contactos, se necesita trabajar de cerca con representantes sociales y vecinales de los barrios afectados para conocer mejor sus limitaciones y necesidades.
No se trata de agrandar por la pandemia la brecha de desigualdad y discriminación que ya existe en muchos barios pobres, sino de reducir el efecto de los contagios, trabajando sanitariamente desde criterios de cohesión social.
