La derecha tiene mal perder. Y, un sentido patrimonial del Estado del que no se curan. El poder es suyo por derecho natural, les falta decir. El Partido Popular tiene poco que hacer en el poder legislativo, en el Parlamento, Ha conseguido una victoria pírrica tumbando el decreto sobre los remanentes municipales. Pan para hoy y hambre para mañana, porque las consecuencias sobre la capacidad de inversión de los ayuntamientos se empezarán a ver pronto; a no ser que la situación creada se palíe en los próximos presupuestos, o en su ley de acompañamiento. En el Ejecutivo tiene mucho menos que hacer, la gran coalición se descartó desde el principio, por eso la sucesión de cuñas para intentar romper el gobierno de coalición. Así las cosas, lo único que les queda es el Poder Judicial, sin duda el más arcaico de los poderes y de las estructuras administrativas del Estado. La resistencia a la informatización, y el mantenimiento de los legajos, han sido un exponente. Las derechas están haciendo del Poder Judicial su campo de batalla con el consiguiente y previsible anquilosamiento de las estructuras administrativas.
Los populares se han cerrado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya lo hicieron cuando gobernaba Zapatero, y de sobra es conocida la influencia del exministro Federico Trillo-Figueroa, personalmente, o a través de miembros de su congregación, en los órganos judiciales. Ahora lo mantienen como una auténtica trinchera, -por no decir búnker, para evitar connotaciones- llevan así años y con ello han paralizado, o siguen monopolizando, el nombramiento de tribunales y jueces en las audiencias territoriales y provinciales. La soberanía popular presenta un espectro ideológico en el Parlamento; y uno muy distinto, con mayoría absoluta atrincherada de la derecha, en los órganos de gobierno de los jueces.
Si en el ejército o en la policía hubo un relevo en la cúpula, durante la transición, no sucedió lo mismo con el Poder Judicial; y lo que es peor, no se varió sustancialmente el sistema de acceso a la Judicatura. Por eso judicializan una y otra vez cualquier discrepancia con el gobierno de Pedro Sánchez. Empezaron con el traslado de los restos de Franco. Después fue el nombramiento de la Fiscal Jefe, absolutamente legal. Han seguido, sin sonrojo alguno, intentando utilizar la pandemia para atacar al gobierno. No han perdido ocasión de protagonizar o personarse como acusación popular- Vox- en cualquier demanda contra el Gobierno. Empezaron por acusarle de autorizar la Manifestación Feminista que, según ellos, habría estado en el origen de la expansión de la pandemia.
Es tremendo que el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas Ramos, conservador, haya reconocido esta semana que ha recibido presiones de sus compañeros del Supremo para abrir la puerta al procesamiento del gobierno por presunta responsabilidad criminal en la expansión de la pandemia. Navajas se ha referido expresamente a Consuelo Madrigal, la que fuera Fiscal General del Estado de 2014 a 2016 durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. Tanto Madrigal, como algún otro fiscal publicaron sendos artículos en la prensa nacional, acusando al gobierno de actuar contra la democracia por la implantación del estado de alarma. Los mismos argumentos de las caceroladas del barrio Salamanca, respaldadas por Díaz Ayuso en Madrid. A partir de ahí los populares rechazaron la renovación del Estado de Alarma y reclamaron la cesión de las competencias a las comunidades autónomas. Ahora dicen que las competencias son de la administración central, que debe ayudar a hacer lo que Ayuso no ha hecho en meses. Lo próximo: la tramitación de las peticiones de indulto.
Lo último, de momento, ha sido el escándalo que han intentado montar porque el rey no entrega los despachos a los nuevos jueces, en Barcelona. El CGPJ es responsable de la entrega de los nombramientos y de la organización del acto, pero el Gobierno del Estado responde de los viajes del rey y de sus declaraciones. Ignoro los motivos que habrá tenido el Ejecutivo para recomendar que el rey no asista, pero es su competencia. El escándalo que han montado las asociaciones de jueces conservadores, incluso algunos novatos han propuesto un boicot al acto, y por supuesto los partidos de la derecha. Todos exigiendo explicaciones. Si la prohibición derivara - es un suponer- de un tema de seguridad probablemente el gobierno no puede, ni debe contarlo, a no ser que quiera comprometer a sus fuentes de información. Por ejemplo.
