Después de que España -incluida Cataluña, Vascongadas, País Andalusí, el cantón de Cartagena, el silbo canario, el lanzamiento de huesos de aceituna a “bocca chiusa”- haya vuelto a batir el record mundial negativo de todos los desastres que ha provocado la pandemia venida de China (sanitarios, económicos, laborales, sociales, culturales, turísticos, educativos). Después de que los medios de comunicación foráneos más progresistas, como Le Monde, The Guardian o The New York Times hayan puesto una y otra vez, otra vez y una a España como el peor de los ejemplos mundiales a seguir en esta crisis sanitaria y económica (los medios españoles, sobre todo televisiones, están adormecidos por el placebo de las regalías que otorga el poder a cambio de vergonzosa obediencia). Después de que la demagogia de la extrema izquierda podemita -arrastrando con ella a los socialistas, como en el 8M- intente echar a las calles de la rebelión al pueblo por los confinamientos parciales ordenados en Madrid olvidando que el Gobierno encarceló draconianamente a toda España exigiendo obediencia ciega y marcial, o enmudeció cuando los confinamientos los hizo Cataluña. Después de las merecidísimas vacaciones que en pleno rebrote del Covid tomaron el muy sabio Fernando Simón, los ministros y ministras del Gobierno y de las regiones autonómicas, igual que hicieron los políticos de la oposición (el Comité de Expertos no tomó vacaciones porque nunca existió). Después de que el secretario general de UGT denunciara que más de 700.000 personas no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital sin que conste que los políticos, incluidas Pablo Iglesias e Irene Montero, hayan dejado de cobrar puntualmente sus sueldos. Después de todo eso, lo más urge a los españoles es la Ley de Memoria Democrática.
Después de que una institución tan importante en un Estado de Derecho como es la Fiscalía se vea cuestionada en su imparcialidad, tambaleado su prestigio, enredada en vergonzosas descalificaciones endógenas -cuánto daño hace el fuego amigo, amigo Garzón- hechas en público sin ningún pudor coincidiendo -¿casualmente?- con el nombramiento de la anterior ministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, algo insólito e inédito en nuestra atormentada democracia y más aún en Europa (¿de quién depende la Fiscalía?, retaba Sánchez), una situación que según la mayoritaria Asociación de Fiscales supone “el mayor descrédito de la Fiscalía en 40 años”. Después de que Sánchez, en claro sometimiento a las exigencias del independentismo del que depende para mantenerse en el poder, haya prohibido por primera vez al Rey Felipe VI asistir a la entrega de despachos de nuevos jueces en Barcelona generando un profundo malestar en asociaciones de jueces y una sensación en la opinión pública de instrumentalización de la Justicia y desprecio a la Monarquía. Después de que el Gobierno haya destapado el indulto a los sediciosos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo, sumado al benevolente trato que se les dispensa en sus condiciones carcelarias. Después de todo eso, y como segunda preocupación más importante de los españoles, Unidas Podemos tiene la progre ocurrencia de que los lunes no se coma carne en restaurantes ni colegios para concienciar al desconcienciado populacho contra el maltrato animal (no sé lo que pensarán los miles de ganaderos y las decenas de miles de puestos de trabajo que proporciona la industria cárnica en España, ahora que solo hay 9 millones de trabajadores en situación de paro), al tiempo que prepara cambiar la Monarquía por la Tercera República, o “republiqueta” que destruiría España, como ha dicho Felipe González, ese jarrón chino que desprecian los cachorros de Sánchez y los ultraizquierdistas de Podemos porque se ha vuelto de derechas. En España, si no comulgas con según qué postulados, llegan unos chiquilicuatres que en su vida han dado palo al agua ni han combatido contra ninguna dictadura y te convierten en fascista. En eso consiste la Nueva Normalidad. Pobres Felipe (el uno y el otro, ustedes dos ya me entienden).
Después de que por la pandemia venida de China Sánchez anunciara la contratación de 50.000 sanitarios (lo que no hizo) y de que con el rebrote todas las administraciones digan que van a contratar más médicos del extranjero mientras que nuestros médicos se van al extranjero, resulta que el pueblo italiano ha decidido recortar el número de parlamentarios de 945 a 600. Italia tiene 61 millones de habitantes; España, con 46 millones, tiene 615 parlamentarios en Madrid y 1.268 autonómicos (súmenle asesores, enchufados, amigotes y demás cortesanos políticos, y añadan que el Gobierno español es el más grande de toda la Unión Europea). Con la medida aprobada por el pueblo italiano se ahorrarán 100 millones de euros al año. Con esa cifra podrían contratarse 2.000 médicos que así no tendrían que salir al extranjero para poder vivir con una dignidad más acorde a su importante trabajo. Con medidas similares a las tomadas en Italia el sistema político español seguiría funcionando. Igual de mal, sí, pero tendríamos menos políticos y más médicos. ¿Cómo lo ven? A más ver.
