El título de este artículo se corresponde con una de las expresiones que utilizó Ursula Von der Leyen, la enérgica presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión ante el pleno del Parlamento Europeo el pasado 16 de septiembre de 2020. Su intervención sorprendió para bien en forma y fondo. A lo largo de 77 minutos desgranó, con un gran dominio de la oratoria y de la escena, una visión y una agenda fuertemente europeísta y progresista, además de ajustada a las necesidades del momento, que ella definió acertadamente como “incierto”, con una pandemia que no “muestra signos de perder fuerza o intensidad”. De hecho, me atrevo a decir que fue más aplaudida por la bancada socialdemócrata que por la democristiana, su propia familia política. No es sorprendente, dado que ya al momento de su investidura tuvo que aceptar muchas propuestas socialistas que han alcanzado una amplitud aun mayor en el contexto de la pandemia.
En el campo sanitario, el más crítico en este momento, Von der Leyen reclamó una “unión sanitaria europea”, más financiación para el programa de salud, que el Consejo Europeo acordó (incomprensiblemente) recortar el 21 de julio, además de reforzar el Centro Europeo de Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos. La presidenta propuso tambien reservas estratégicas de productos esenciales y nuevos dispositivos para emergencias biomédicas transfronterizas naturales o provocadas. Pero reconoció que la Unión necesita más competencias en sanidad, lo que es evidente a la vista de la experiencia del coronavirus, por lo que animó a una revisión de los Tratados en el marco de la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa. Con todo, la Comisión puede (y debe) presentar una propuesta legislativa sobre la base del artículo 168.5 del Tratado de Funcionamiento, al objeto por lo menos de estandarizar recogidas de datos, protocolos, sistemas de rastreo, etcétera. Con este Reglamento Covid-19, se podría empezar a sentar las bases de esta unión de la salud, un proyecto que tuve ocasión de proponer el 14 de marzo en este mismo periódico (“La respuesta europea al coronavirus: unión sanitaria y plan anticrisis”), y que sin duda alcanzaría su plenitud en el marco de un nuevo marco constitucional europeo. En lo relativo a la libertad de movimiento en Europa, Von der Leyen se comprometió a presentar una estrategia sobre el futuro de Schengen, para tratar de minimizar el caos actual de las clasificaciones unilaterales que realizan unos países sobre otros.
En lo que se refiere a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, la presidenta se mostró favorable a mantener todos los apoyos monetarios y financieros, para que a nadie “le falte comida en su mesa”. Ya se han aprobado 90.000 millones de euros para financiar los subsidios de desempleo y los expedientes temporales de empleo en favor de 16 Estados miembros, incluyendo España, que recibirá algo más de 21.000. A lo que se añadirán los 750.000 millones de euros aprobados por los jefes de estado y de gobierno para otros gastos e inversiones en cuanto Parlamento Europeo y Consejo lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto plurianual para el período 2021-2027.
Con todo, la idea central de su discurso se puede resumir en que hay que aprovechar el impulso de los programas europeos contra la crisis sanitaria, económica, y social, y muy fundamentalmente el Plan Europeo de Recuperación para “llevarnos al mundo de mañana”, avanzando en la transformación de nuestro continente en las dimensiones ecológica (Pacto Verde, con un nuevo objetivo de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55 por ciento respecto del nivel de 1990 en 2030) y digital (nube europea de datos, supercomputadores, regulación de los algoritmos), pero también en justicia social (marco europeo de salarios mínimos), culminación de la unión monetaria (con el nuevo instrumento de deuda común), migraciones, lucha contra el racismo y la homofobia (unión antirracista, eliminación de las llamadas “zonas libres de personas LGTBI), cultura (Bauhaus europea) y refuerzo del papel de Europa en el mundo (defensa del sistema de Naciones Unidas, nueva agenda transatlántica, denuncia de los abusos en Derechos Humanos en Rusia, Bielorrusia, y China, diálogo con Turquía, asociación estratégica con la Unión Africana).
En este último campo, el de la política internacional, las prioridades se encuentran perfectamente alineadas con las del Alto Representante para los Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, quien plantea también que el Consejo supere la unanimidad en favor de la regla de la mayoría, al menos para la adopción las sanciones por violaciones de Derechos Humanos, y que adopte al respecto una “Norma Navalni”, o versión europea de la Ley Magnitsky de los estadounidenses. Este aspecto institucional es particularmente importante si se tiene en cuenta que solo el veto del gobierno chipriota impidió que el 21 de septiembre se adoptaran sanciones contra el régimen de Lukashenko.
Dos precisiones finales. Por un lado, el Plan de Recuperación origina un nuevo recurso financiero de la Unión, el de la emisión de deuda comunitaria, que debe hacerse permanente, junto con nuevos impuestos paneuropeos que la sostengan. Esto es necesario, aunque solo fuera para poder financiar el objetivo de la neutralidad climática para el 2050, pues como la propia presidenta decía en su discurso, para salvar el planeta es preciso cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, es decir los sistemas de producción, de consumo, de movilidad, y hasta habitacionales, ya que los edificios generan un 40 por ciento de las emisiones de C02. Se estima el coste anual de la transición ecológica de la economía y la sociedad en una horquilla de entre 300.000 millones y 1 billón de euros, mientras que el Plan fiscal anticrisis está dotado de 750.000 millones e gastar en tres años (sin contar los créditos adicionales del Banco Europeo de Inversiones, cuyo capital habría en todo caso que ampliar).
Por otro, esta unión financiera y fiscal, si se consolida, deberá necesariamente complementarse con una unión política y constitucional de corte federal, que le otorgue a esta nueva hacienda europea de plena legitimidad parlamentaria y democrática. Ése es, sin duda, el gran reto de la inminente Conferencia sobre el Futuro de Europa.
