Hace treinta años la asamblea general de la ONU, en su resolución 45/106, designó el 1º de octubre como el día internacional de las Personas de Edad, fecha que hemos venido celebrando, durante este tiempo los Sindicatos CC.OO. y UGT.
Este año es extraordinariamente diferente ya que nada tenemos que celebrar y sí mucho que recordar y reivindicar; especialmente debemos de recordar la pérdida durante este año el fallecimiento, según datos oficiales de más de 20.000 personas mayores por la pandemia de la Covid-19, y sin duda por la falta durante años de acción, previsión y prevención de las distintas Administraciones, tanto desde el gobierno central como desde los diferentes gobiernos autonómicos.
Debemos de aprovechar la conmemoración d este día para obtener la visibilidad necesaria para destacar las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad. Debemos aprovechar este momento para crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y también los desafíos del envejecimiento activo en nuestro mundo.
El 1º de octubre debemos de utilizarlo como un día de reivindicación, de movilización de nuestro colectivo, para una vez más traer a la primera página de la escena política las diferentes soluciones que planteamos nuestros problemas.
La primera de ellas y sin duda la primer gran lección que extraemos de la actual situación de pandemia que vive nuestra nación, sumada a la falta de voluntad política de nuestros actuales servidores públicos para encarar la problemática de nuestro colectivo, es el inexcusable inicio del debate que nos lleve a formalizar, ineludiblemente una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores.
Es por todo ello que, desde las Federaciones de Pensionistas de UGT y CC.OO. queremos denunciar que, pese a que se habla mucho de que las personas mayores debemos de envejecer activamente, la realidad es que las Administraciones Públicas no cumplen con la obligación de dedicar los recursos económicos y/o materiales necesarios para que las personas mayores tengamos cubiertas todas nuestras necesidades.
Los recortes sufridos tras la crisis del 2009, debidos a una política fracasada de austeridad, causaron un deterioro en el sistema público de salud, que, si bien ha afectado a la población en general, lo ha sido singularmente para las personas mayores. Estos recortes de derechos en sanidad y recursos sanitarios, junto con el encarecimiento de los gastos sanitarios para los hogares han ocasionado el deterioro de la calidad de vida.
El deterioro del sistema público de salud se ha hecho especialmente visible con la pandemia de la Covid-19 resultando en una crisis sanitaria en toda España condicionando la capacidad de respuesta para hacer frente a la agresión sufrida.
Igualmente, la capacidad de respuesta del sistema de atención a la dependencia se ha manifestado débil. El caso de las residencias nos parece especialmente grave.
El sistema público de pensiones está siendo objeto de un nuevo ataque con la tan manida y tantas veces desmontada, teoría de su insostenibilidad, en esta ocasión apoyada en la crisis económica derivada de la Covid-19. Tendremos que seguir defendiendo el sistema y asegurar su revalorización con arreglo al IPC a través del diálogo social y el Pacto de Toledo.
Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes y más cuando estamos pasando en demasiadas ocasiones a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones, pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.
Proponemos pues, iniciar el debate necesario para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.; la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad; la visibilidad y participación activa de los mayores en todos los ámbitos de la vida pública y social
Y por ello ni no se tienen en cuenta nuestras propuestas en el desarrollo de políticas públicas con una aplicación transversal de la perspectiva de género, los y las pensionistas con el conjunto de la sociedad organizada nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo.
